La década corrupta de Rafael Correa: ¿Cuántos millones se robaron en Ecuador?

Obras inconclusas, sobreprecios y chantajes son solo algunas de las denuncias de corrupción en la década de la presidencia de Rafael Correa en Ecuador. Las pérdidas en la nación por corrupción pueden alcanzar los 70 mil millones de dólares.

La nueva secretaria Anticorrupción de Ecuador, Dora Ordóñez, asegura que la corrupción en la década del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) arroja cifras altísimas. Los organismos locales e internacionales estiman perjuicio al estado entre los 30.000 y 70.000 millones de dólares.

La secretaria anticorrupción desglosó en una entrevista con Efe los rubros calculados del dinero perdido producto de esta presunta corrupción en el país, de acuerdo a diferentes estudios.

Una consultoría realizada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, arroja algunas cifras. El organismo estimó corrupción por 2.400 millones de dólares en cinco proyectos emblemáticos.

Conocidas como «megaobras», el informe señala la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios. Se estima 600 millones de dólares adicionales que se requerirían para ponerlas en marcha.

«Se contrataba bajo la categoría de ‘regímenes especiales’, contratos directos que no tenían un presupuesto referencial bien definido. Además, se evidenciaron sobornos y porcentajes por coimas», afirma Ordoñez.

También añade un análisis complementario de la Comisión Nacional Anticorrupción, de carácter cívico. El análisis  «hace referencia a 3.500 millones de dólares por daños en los diez años del anterior régimen, por lo que se habla de un total de 35.000 millones de dólares».

El BID acusa a Correa de despilfarro y malgasto

La cifra más elevada de esta presunta corrupción, 70.000 millones, que engloba el cómputo de pérdidas en la nación andina producto de esta lacra, proviene de un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre despilfarro y malgasto, también consideradas prácticas corruptas para el Estado, y que se calculan en torno al 7% del PIB anual.

«El informe del BID se refiere a 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas», subraya.

La Superintendencia de Control de Poder del Mercado analizó por su parte dos obras en las que según la secretaria, «se evidencian las afectaciones a toda la actividad económica de la construcción».

Ordóñez asegura que «la corrupción no puede, ni debe tener una bandera política». Además, resalta que las instrucciones del actual mandatario son que se investiguen los delitos pasados, presentes y futuros.

Aunque reconoce que «lo político no está exento de los últimos hechos de corrupción», y en ese sentido destaca que los 22 sentenciados de los últimos años están relacionados con niveles jerárquicos superiores de autoridad, «que en su momento tomaron decisiones» y que 15 son prófugos de la justicia, entre los que figura Correa.

Rafael Correa se defiende

El expresidente Rafael Correa, que dice tener abiertos 29 expedientes penales, aseguró el miércoles en una conferencia en México que se trata de una persecución política y defendió que su Gobierno luchó contra la corrupción.

Y a título personal manifestó que han buscado «sus cuentas bancarias», sus «movimientos financieros y migratorios» (…) y «no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán porque sencillamente no existe».

Ordoñez defiende que «en la Secretaría Anticorrupción se ha planteado que más allá de tener un sancionado cada semana o un nuevo preso por un delito de corrupción, es necesario prevenir» el fenómeno.

Y es que uno de los principales caballos de batalla para la entidad que dirige es la percepción de la ciudadanía sobre el fenómeno y acerca de su alto grado de impunidad.

Casi la mitad de los latinoamericanos acepta la corrupción «con tal que exista obra»

El 80 % de los latinoamericanos desconfía de la eficiencia de los sistemas judiciales para castigar a los responsables. Solo 8% está preocupado por la corrupción.

Ordoñez señala que 44% de los ciudadanos cree que no importa la corrupción con tal de que exista obra. «Se ha naturalizado la corrupción», censura la responsable.

Sin embargo, considera que casos sonados como Odebrecht han provocado una «crisis ética que puede resultar positiva».

«En Ecuador no queremos impunidad, queremos que se recuperen nuestros recursos y la confianza en nuestras autoridades», aclara.

Entre las propuestas que impulsa están la de plantear un debate ciudadano y académico a fin de elaborar una legislación anticorrupción.

En paralelo han formulado leyes de extinción de dominio, de Gobierno abierto y transparencia. También se han realizado reformas al código orgánico penal para fortalecer los procesos de denuncia y sanción. «Es una tarea que nos compete a todos».