La defensa tiene 10 días para presentar un recurso, antes de iniciar un juicio contra Álvaro García Ortiz, a quien se le acusa de filtrar a la prensa un posible acuerdo de culpabilidad entre la fiscalía y el empresario de la salud, Alberto González Amador. pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, quedó este lunes 9 de junio al borde de ser enjuiciado por filtrar documentos judiciales, luego de que un juez estimara que hay suficientes elementos para procesarlo, en uno de los casos que debilitan al gobierno de Pedro Sánchez.
El magistrado del Tribunal Supremo español Ángel Luis Hurtado demostró que los «indicios» contra García Ortiz por presuntamente haber cometido un «delito de revelación de secretos» quedaron «confirmados» durante la investigación, en un auto al que tuvo acceso AFP.
Según el medio de comunicación español The Objective, el actual fiscal general de España podría enfrentarse hasta a cuatro años de cárcel.
El juez dio diez días a las partes implicadas en el caso para presentar recurso, antes de enviar definitivamente al banquillo al fiscal general, nombrado en agosto de 2022 a propuesta del gobierno del socialista Sánchez.
El Supremo anunció en enero la investigación contra el fiscal general, una pesquisa sin precedentes en la historia judicial española, al presumir que tuvo una «participación relevante» en la filtración de legales reservadas que afectaban a la oposición.
El tribunal sospecha que García Ortiz estuvo tras la filtración a la prensa en marzo de 2024 de un correo electrónico que mencionaba un posible acuerdo de culpabilidad en un caso de fraude fiscal entre la fiscalía y el empresario Alberto González Amador.
González Amador, pareja de la gran figura de la derecha española, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es sospechosa de haber defraudado al fisco español los años 2020 y 2021.
Su empresa prestaba servicios sanitarios y vio cómo sus ingresos se disparaban durante la pandemia del Covid-19.
Este caso dio pie a enfrentamientos entre el gobierno de izquierda y Díaz Ayuso, quien denunció una persecución «salvaje» y acusó al entorno de Sánchez de haber organizado la filtración, con la ayuda del fiscal.
Tras conocerse la decisión del juez Hurtado, el fiscal general descartó renunciar y reiteró «su inocencia» en el caso, según una declaración que la Fiscalía envió a la AFP.
De su lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró ante periodistas que el gobierno mantiene «por completo» su «confianza en el fiscal general», un «servidor público ejemplar que siempre ha trabajado (…) persiguiendo el delito, con el costo personal que en ocasiones» le acarrea.
En su auto, el juez Hurtado consideró que el fiscal general le dio «una publicidad que no debía alcanzar» este caso al haber filtrado un correo electrónico de carácter «confidencial» a varios medios de comunicación.
Esa decisión puso «en cuestión el prestigio» de la fiscalía y podría tener «efectos perjudiciales» en el «derecho de defensa del afectado», estimó el magistrado, que acusó al fiscal general de haber «borrado» deliberadamente mensajes en su teléfono para ocultar los mensajes que intercambió previos a la filtración.
Además, el juez cree que el fiscal actuó «a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno».
Una posibilidad negada de manera «rotunda» por el ministro Bolaños, quien afirmó que eso «no sucedió nunca».
«Lamento mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca», insistió.
Este caso debilita aún más a Sánchez, cuya esposa, hermanos y antigua mano derecha están señalados en varias investigaciones judiciales y contra quien decenas de millas de personas se manifestaron el domingo en Madrid al grito de «Sánchez dimisión».
«Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones», escribió en X Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición.
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