La trama Zapatero pagó por borrar sus vínculos con Plus Ultra en Internet. La Fiscalía Anticorrupción revela en una denuncia fechada el pasado noviembre que algunos miembros de la red habrían abonado «cifras muy importantes» para eliminar las referencias a la compañía y, particularmente, de diferentes nombres relacionados con ella. La operación se produjo entre septiembre y octubre de 2022, año y medio después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la ayuda pública por 53 millones de euros. El polémico rescate ya se encontraba en el punto de mira de la prensa, que vinculaba a la aerolínea con el régimen de Nicolás Maduro.
El escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se basa en una conversación a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal entre un empresario de origen peruano que hizo gestiones en favor de Plus Ultra, Felipe Baca, y otra persona a la que se identifica con las iniciales RG. Los mensajes intervenidos por las autoridades francesas arrojan diálogos que tratan pagos a cambio del borrado en Internet de cualquier referencia al rescate de la aerolínea y, particularmente, de «los nombres de Felipe Baca, Flavio Pedro Antonio Borquez Tarff, Héctor Tobías y Rodolfo Reyes».
La operación de borrado tuvo carácter internacional y se produjo antes de que el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero fuese relacionado meses más tarde con el rescate de Plus Ultra gracias a las investigaciones de Francia y Suiza. La trama podría haber desembolsado 85.000 euros por esas actuaciones, que se centraron en «limpiar» artículos de Internet que hablaban del «blanqueo de sumas desviadas» de la ayuda a la aerolínea y que podían perjudicar la imagen de diferentes personas y «complicar la apertura de cuentas».
De Francia hasta Zapatero
La documentación en poder de este diario subraya que la trama pagó 60.000 euros por el borrado de datos en Internet que le vinculaban con el rescate de Plus Ultra. Los mensajes intervenidos señalan que Baca tenía comprometidos otros 25.000 euros, según la información que remitió a la justicia española la Autorité des Marchés Financiers (AMF), donde se originó la investigación por la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a Zapatero.
El organismo que regula los mercados en el país galo sostiene que Baca llevó a cabo diferentes acciones para «nettoyer» (limpiar en francés) el rastro de la aerolínea y varios nombres asociados a su rescate. El empresario de origen peruano está investigado como uno de los personajes clave en una red internacional de blanqueo que incluye oro, petróleo venezolano y fondos de losComités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa creado por el régimen de Maduro para abastecer de alimentos básicos a los ciudadanos.
El informe de la AMF sostiene que la maniobra es «perfectamente visible» en las conversaciones que mantienen Baca y su interlocutor, que se refirieron a la «supresión de decenas de artículos» dedicados a «acciones de corrupción» realizadas «por medio de la sociedad Plus Ultra». La aerolínea consiguió una ayuda pública de 53 millones de euros a pesar de, presuntamente, incumplir los requisitos para acceder a ella.
En el documento elaborado por el organismo que regula los mercados en Francia aparecen referencias a publicaciones en España y en otros países, pero no se incluye un listado de los artículos eliminados ni se identifica a los beneficiarios de los pagos que habría realizado Baca por esa tarea. El borrado no solo buscaba dificultar el rastro de los miembros de la trama; también tenía como objetivo despejar los obstáculos bancarios que pudieran encontrarse en el futuro.
El caso Plus Ultra
El rescate de Plus Ultra ya estaba judicializado cuando la trama puso en marcha las medidas para «limpiar» sus vínculos con la aerolínea. No obstante, todavía no había aparecido ninguna alusión a Zapatero. Uno de los nombres que se intentó eliminar fue el de Rodolfo Reyes, el accionista de la compañía que contactó con Ramón Gordils, entonces viceministro de Cooperación Económica de Maduro, para que le propiciara el contacto del expresidente del Gobierno con la intención de que ejerciera su influencia para acceder a las ayudas públicas aprobadas en la pandemia.
Baca fue el encargado de activar el borrado de las informaciones sobre el rescate de Plus Ultra en Internet, según la documentación en poder de este diario. Las autoridades francesas también han interceptado comunicaciones donde el empresario de origen peruano refiere a su abogado, Miguel Palomero, la entrega de «un paquete de 50». Los investigadores sospechan que se trata de 50.000 euros en efectivo para terceras personas. «Bien, hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios», le respondió el letrado ese 31 de diciembre de 2020.
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