Provea registra más de 10 mil asesinatos a manos de funcionarios del Estado desde 2013
Provea precisó que, por primera vez, desde que inició su labor hace 35 años, la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad
Provea precisó que, por primera vez, desde que inició su labor hace 35 años, la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad
“También queremos reiterar nuestra denuncia, a ese patrón instaurado en nuestra sociedad venezolana, en donde se siguen tipificando a los jóvenes habitantes de los sectores populares, como si fueran todos delincuentes y más si su piel es de color, cuando en realidad lo que quieren es tener la posibilidad de estudios, de ayudar al desarrollo del país, pero no les ha dado esa oportunidad”, dijo el padre Alfredo Infante.
Un joven habitante de Petare habría sido ajusticiado por cuerpos de seguridad con un disparo a larga distancia, en su casa en la zona 8 del barrio José Félix Rivas, oeste de Caracas, denunciaron sus familiares. “Nosotros no valemos nada si vivimos en un barrio”, resume uno de sus allegados que intentan limpiar el nombre de Bryan Moisés Salazar Martínez.
Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.
La CIDH ordenó llevar a cabo las investigaciones y procesos penales con el fin de identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de ambas muertes en 2003, así como ejecutar procedimientos para determinar responsabilidades disciplinarias o administrativas de funcionarios estatales por obstaculizaciones del proceso
Según explicó la exdiputada Yajaira Forero, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) encabeza la lista en número de ejecuciones efectuadas en Venezuela, seguido de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y por último las policías regionales y municipales
La ONU incluye en su informe a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) como parte de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Las considera ejecuciones extrajudiciales, con extrema fuerza policial y militar. La mayoría de los asesinados estaban desarmados y rodeados de funcionarios
El régimen de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Uno de los mayores generadores de la opinión pública en el chavismo, el periodista José Vicente Rangel, volvió a denunciar este domingo que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB de continuar realizando asesinatos injustificados durante sus procedimientos policiales.
El Comité de la ONU contra la Tortura manifestó hoy su "consternación" por las informaciones que ha recibido sobre "el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales" en Venezuela.