El Gobierno argentino presentó hoy ante la Justicia documentos «jurídicamente relevantes» para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la que acusa a la presidenta Cristina Fernández y a varios colaboradores de presunto encubrimiento de terroristas.Según informó en un comunicado la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que en Argentina tiene a cargo la defensa del Estado, se entregó un escrito de carácter institucional ante el juzgado del que es titular el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de morir.
Nisman murió de un disparo en la cabeza en su domicilio el pasado 18 de enero, en circunstancias aún no aclaradas y un día antes de una cita en el Parlamento para presentar los fundamentos de sus acusaciones.
En su denuncia, Nisman, fiscal especial de la causa por el atentado contra la mutua judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta, al canciller Héctor Timerma, y a varios dirigentes vinculados al oficialismo de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar las relaciones comerciales con Irán.
«No existe prueba alguna ni siquiera de carácter indiciario» que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, dijo hoy el jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich.
La documentación presentada hoy en el juzgado incluye las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otros.
Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich criticó que el fiscal argentino Gerardo Pollicita tenga la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de «golpismo judicial activo» para desestabilizar al Gobierno.
«Los requerimientos de carácter judicial no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino una finalidad de carácter político, para generar impacto político; no tienen ningún tipo de validez jurídica; no existe prueba indiciaria de eventual culpabilidad», agregó
