La Corte de Apelaciones rechazó la petición del Gobierno para levantar la suspensión temporal sobre el alivio migratorio que dictó en febrero un juez federal de Texas, a petición de 26 estados.
La Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU), decidió mantener la suspensión temporal sobre las medidas migratorias decretadas en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama, para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país.
En su escrito, de 68 páginas, la Corte de Apelaciones rechazó la petición del Gobierno para levantar la suspensión temporal sobre el alivio migratorio que dictó en febrero un juez federal de Texas, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos, que consideran que Obama se excedió en sus poderes al dictar las medidas.
«Porque el Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción», determinaron en su escrito los jueces de Nueva Orleans encargados del caso, que podría llegar al Tribunal Supremo si el Gobierno decide recurrir la decisión judicial.
Contra esta decisión, el Gobierno de EEUU puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
El Gobierno interpuso a finales de marzo un recurso de urgencia para tumbar el fallo que el juez federal de Texas dictó el pasado 16 de febrero, impidiendo la entrada en vigor de la primera fase del alivio migratorio destinado a los jóvenes indocumentados, conocido como Acción Diferida (DACA).
Además de la ampliación de la DACA, el fallo del juez Hanen afecta al programa de acción diferida para padres (DAPA), que pretende amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para mayo.
En la audiencia para decidir sobre estas medidas, celebrada en la Corte de apelaciones el pasado 17 de abril, los abogados del Gobierno argumentaron que el Ejecutivo tiene autoridad única para hacer cumplir las leyes de inmigración y aplazar los procesos de deportaciones que considere oportunos.
Frente ese argumento, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, encargado de representar a la coalición de 26 estados, alegó que Obama se extralimitó en sus poderes al aprobar un conjunto de medidas migratorias, que tachó de «inconstitucionales».
Para pedir la suspensión de las medidas anunciadas por el presidente el pasado noviembre, los estados sostuvieron que sufrirán grandes perjuicios económicos, pero el Departamento de Justicia estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que esos estados aún no han podido demostrar esta alegación.
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