La Cámara de Diputados anunció la noche del miércoles que retomará este jueves el trámite para un eventual juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que está cada vez más acorralada por una creciente crisis política.
La decisión fue tomada después de que se divulgó un polémico audio que sugiere que Rousseff intentó impedir un posible arresto de su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por supuesta corrupción y a quien hoy designó como ministro de la Presidencia.
Según informó la Mesa Directora de la Cámara de Diputados, la primera sesión ha sido convocada para la mañana de este jueves, cuando serán elegidos los miembros de una comisión especial de parlamentarios que deberá decidir si existen méritos jurídicos para avanzar hacia la posible destitución de Rousseff.
El anuncio fue hecho después de que se divulgó una grabación autorizada por la justicia, en la que Rousseff le dice a Lula que le envió el documento que lo acredita como nuevo ministro de la Presidencia, para el que lo designó hoy, y le aclara que es para ser usado «en caso de necesidad».
Eso fue interpretado como un gesto de Rousseff para evitar que Lula, antes de asumir como ministro, pueda ser detenido, como ha pedido la Fiscalía de Sao Paulo en el marco de uno de los procesos que enfrenta en la justicia.
Con su nuevo estatus de ministro, Lula pasa a tener fuero privilegiado y todos las causas que tramitan en su contra deberán pasar de la justicia común a la Corte Supremo, lo que dilatará los procesos.
El nombramiento de Lula ha generado protestas en la oposición, que lo consideró como una «maniobra» para ayudar al exmandatario a huir de la justicia, que le investiga sobre supuesta corrupción.
El trámite para un eventual juicio político llegó a comenzar en diciembre pasado, pero fue suspendido por la Corte Suprema por «errores de procedimiento», que hoy fueron esclarecidos por el tribunal, que autorizó la retomada del proceso.
La divulgación de los explosivos audios provocó un auténtico terremoto político: el Partido Republicano anunció que abandona la alianza oficialista, la Cámara baja adelantó que mañana retomará el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, la oposición exigió a gritos su renuncia y en las calles cientos de personas se manifestaron reivindicando la detención de Lula.
Las grabaciones fueron autorizadas por el juez Sergio Moro, que investiga la posible implicación de Lula en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras y quien decidió levantar el secreto de las escuchas luego de que, tras ser nombrado hoy ministro, el ex jefe de Estado obtuviera fuero privilegiado.
En una de las conversaciones, Rousseff le dice a Lula, investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use «en caso de necesidad».
El diálogo, según diferentes analistas, dejó traslucir que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que fuera investido como ministro, aunque el Gobierno informó después de la difusión de las grabaciones que el expresidente asumirá el cargo mañana, lo que le permitirá contar con un fuero privilegiado y solo podrá ser juzgado por la Corte Suprema.
«Nosotros tenemos una suprema corte totalmente acobardada, un Tribunal Superior de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados», asegura Lula en otras conversación en la que comenta con Rousseff el momento en que su domicilio fue allanado por la Policía y él llevado a declarar a la fuerza a una comisaría.
En otro audio ,el expresidente le pide a un ministro que convenza a Rousseff de conversar con una magistrada de la Suprema Corte para que falle a favor de una petición presentada por sus abogados.
Una primera reacción a la divulgación de las grabaciones fue el anuncio del presidente del Partido Republicano Brasileño (PRB), Marcos Pereira, de que esa formación ha decidido abandonar el Gobierno y entregar el cargo que ocupa el diputado George Hilton como ministro de Deportes.
«No vemos un norte para la situación del país», alegó el presidente del PRB, partido que cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno, ya que la Cámara baja se apresta a retomar el trámite para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff.
El nuevo escándalo surgió el mismo día en que la Corte Suprema aclaró las dudas sobre el proceso con miras a la destitución de Rousseff que el Congreso había iniciado en diciembre pasado, pero que estaba paralizado hasta que el tribunal se pronunciase.
Aclaradas las dudas, la dirección de la Cámara de Diputados anunció inmediatamente que retomará mañana mismo el trámite para el eventual juicio político.
Poco después, los diputados de los partidos de oposición interrumpieron una sesión del pleno de la Cámara baja al grito de «renuncia» e iniciaron una serie de discursos para denunciar la grave situación del país.
En las calles, los mismos movimientos sociales que el domingo movilizaron a 3,6 millones de brasileños en protestas contra el Gobierno consiguieron en pocas horas reunir a cientos de manifestantes en algunas ciudades para exigir la renuncia de Rousseff y la detención de Lula.
Igualmente en las calles de decenas de municipios fueron escuchados cacerolazos y bocinazos en señal de protesta al Gobierno.
En una rueda de prensa el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmó que la intención del juez al autorizar la divulgación de las escuchas fue generar una «convulsión social».
Según el abogado, Moro fue arbitrario al levantar el secreto en momentos en que el proceso ya no es de su competencia.
Como el cargo de ministro le otorga a Lula fuero privilegiado, Moro tendrá que trasladar todo el proceso contra el exmandatario al Tribunal Supremo Federal, la máxima corte del país y en la que, según analistas, las decisiones son más lentas.
La jefa de Estado, en una rueda de prensa convocada para defender el nombramiento, insistió en negar que su decisión busque blindar judicialmente a Lula y dijo que las investigaciones proseguirán, pero en otra instancia. EFE
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