El acuerdo de Brexit entre Londres y Bruselas que el Parlamento británico rechazó este martes tenía por objetivo garantizar que Reino Unido salía de la Unión Europea de forma ordenada el 29 de marzo.
Entre sus disposiciones claves estaban la búsqueda para evitar una frontera dura entre la República de Irlanda -miembro de la Unión Europea- y la provincia británica de Irlanda del Norte, proteger los derechos de los ciudadanos europeos y británicos y fijar la última contribución financiera que Reino Unido debe hacer al presupuesto europeo.
¿Cómo evitar la reintroducción de una frontera clásica entre Irlanda, país de la UE, y la provincia británica de Irlanda del Norte al tiempo que se preserva el Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998? A ese reto, el acuerdo responde en dos tiempos.
La solución final pasa por la futura relación entre británicos y europeos, especialmente por un eventual acuerdo de libre comercio que todavía deben negociar y que regiría al término del período de transición, previsto hasta el 31 de diciembre de 2020 pero prolongable dos años.
Si pese a todo siguen sin una solución al término de la transición, se acordó un “backstop” o “red de seguridad” que pasaba por crear un territorio aduanero único entre la Unión Europea y Reino Unido, sin aranceles ni cuotas en el mercado europeo para productos británicos.
Sin embargo, de cara a mantener la unidad del mercado único europeo y no sólo la integridad de Reino Unido, Irlanda del Norte mantendría aquellas normas del bloque necesarias para evitar una frontera clásica en la isla, como las relativas a los productos agrícolas o las fitosanitarias.
Reino Unido o la Unión Europea podían poner fin a este protocolo sobre Irlanda, que acompaña el acuerdo de divorcio, en cualquier momento tras la transición, pero no unilateralmente sino de mutuo acuerdo.
El gobierno irlandés anunció que intensificará sus preparativos para un Brexit sin acuerdo, tras el estrepitoso fracaso del acuerdo de salida de la Unión Europea.
“Lamentablemente, el resultado de la votación de esta noche incrementa el riesgo de un Brexit desordenado. En consecuencia, el gobierno continuará intensificando sus preparativos para esa posibilidad” explicó Dublín mediante un comunicado.
Los derechos de los ciudadanos del bloque, como el de poder solicitar la residencia permanente tras cinco años viviendo en un país, se debía conservar para aquellos residentes actualmente en Reino Unido o en uno de los otros 27 países del bloque o que lleguen durante el período de transición.
El acuerdo prevé que más de 4 millones de ciudadanos (3,2 millones de europeos en Reino Unido y 1,2 millones de británicos en el resto de la Unión Europea) puedan continuar estudiando, trabajando, recibiendo ayudas y reagrupando a sus familias.
El precio del Brexit: entre 35.000 y 39.000 millones de libras (entre 40.000 y 45.000 millones de euros), según el gobierno británico, según al método de cálculo del acuerdo de divorcio.
Por los términos del acuerdo, Reino Unido debía cumplir todas las obligaciones financieras que asumió como miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 1973, incluso si estas se extienden más allá del final del período de transición.
Al consumar el divorcio a la medianoche del 30 de marzo en Bruselas, Reino Unido seguiría durante 21 meses en el mercado interior de la Unión Europea y en la unión aduanera, para dar tiempo a las empresas y los países a preparar la ruptura final.
Este período de transición finalizaría el 31 de diciembre de 2020, una fecha que coincide con el final del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020, si bien ambas partes pueden decidir a mediados de ese año prolongarlo hasta finales de 2022.
Durante ese tiempo, Reino Unido debería seguir respetando las reglas de la unión, sin tener ni voz ni voto, y podría empezar a negociar sus propios acuerdos comerciales, que solo podrían entrar en vigor al término de la transición.
La jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguiría aplicándose durante esos meses. Sobre el acuerdo de divorcio, un panel de arbitraje se encargaría de resolver los diferendos, si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendría voz sobre cuestiones de derecho comunitario.
El Acuerdo de Retirada iba acompañado por una declaración política sobre la futura relación entre ambas partes tras el periodo de transición, un documento jurídicamente no vinculante y que traza las líneas de la futura negociación sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos.
Además del protocolo sobre Irlanda del Norte y otro sobre las bases británicas en Chipre, el acuerdo de divorcio establecía también las bases de cooperación entre Reino Unido y España en lo referente a Gibraltar, enclave británico cuya soberanía reclama Madrid.
La Unión Europea advirtió que el riesgo de un Brexit sin acuerdo aumentó este martes, y pidió aclaraciones a los británicos lo antes posible.
El tiempo apremia. El Brexit está previsto el 29 de marzo, por lo que el aplastante rechazo de los parlamentarios británicos al acuerdo de divorcio negociado entre Bruselas y la primera ministra británica, Theresa May, representa un escollo en el camino a una salida con acuerdo.
El rechazo de Westminster aunó, como estaba previsto, a quienes quieren seguir en la Unión Europea y a quienes anhelan marcharse, pero que están descontentos con el actual texto, en concreto con el mecanismo ideado para evitar la reintroducción de una frontera dura en la isla de Irlanda.
“Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere una salida sin acuerdo, entonces ¿quién tendrá finalmente el valor de decir cuál es la única solución positiva?”, tuiteó el presidente el Consejo Europeo, Donald Tusk.
De una forma más directa, un portavoz de Tusk aseguró que los 27 socios de Reino Unido lamentan el resultado de la votación y urgen al gobierno británico a aclarar sus intenciones sobre los próximos pasos lo antes posible.]]>
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