El juicio que se le sigue a Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Nueva York, no sufrirá dilaciones ni reajustes tras la muerte, por causa natural, del veterano juez que encabezaba la corte donde son juzgados. Aquí explicamos quién queda a cargo del proceso, que tendrá en 2027, también como el escenario político venezolanos, su momento de definición
La jueza federal Analisa Torres, del Distrito Sur de Nueva York, asumió el expediente de narcoterrorismo, importación de cocaína, armas y tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores después del fallecimiento, el 28 de octubre, del juez Alvin K. Hellerstein, quien murió a los 92 años por causas naturales, a escasas semanas de cumplir 93.
Hellerstein fue designado como juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton y, desde 2011, ejercía como juez senior, condición que le permitía seleccionar casos de alto perfil. Su trayectoria incluía la supervisión de los litigios civiles masivos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, procesos relacionados con el trato de detenidos en Irak y Afganistán, y causas contra altos ejecutivos financieros.
Este juez había llevado casos relacionados con el chavismo y Venezuela. Desde 2011 presidía el caso de narcotráfico contra Hugo Armando Carvajal, conocido como “El Pollo”, exjefe de la inteligencia militar bajo Hugo Chávez y Maduro. En esa misma línea de investigación apareció, a partir de 2020, la acusación original contra Maduro. Hellerstein también condenó en 2024 al mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones a 21 años y ocho meses de prisión por cargos vinculados a la misma red.
Cuando Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York en enero de 2026, tras su captura en Caracas, fue Hellerstein quien recibió su primera declaración de no culpables y quien, en las semanas previas a su muerte, aceptó aplazar el inicio del juicio del 1 al 14 de junio de 2027 a petición conjunta de fiscalía y defensa para permitir el trámite de mociones previas.
El fallecimiento de Hellerstein obligó a la reasignación aleatoria de todos los expedientes que tenía a su cargo. El de Maduro y Flores recayó en Analisa Torres el mismo 28 de octubre.
Nacida en Nueva York en 1959, Torres pertenece a una familia de magistrados de origen puertorriqueño. Su padre, Frank Torres, fue juez del Tribunal Supremo del estado de Nueva York; su abuelo, Felipe Torres, se desempeñó también en la corte. Analisa se graduó magna cum laude en Harvard College y obtuvo su título de abogada en Columbia Law School.
Antes de llegar a convertirse en juez federal trabajó en bufetes privados y ejerció durante cerca de una década como jueza del Tribunal Supremo estatal, así como en cortes civiles y penales de la ciudad de Nueva York.
El presidente Barack Obama la nominó en 2012 y el Senado la confirmó en abril de 2013 para el Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que concentra buena parte de los casos de narcóticos, terrorismo y finanzas de mayor visibilidad nacional. Desde entonces ha manejado litigios civiles, penales y regulatorios de relevancia, pero ninguno vinculado a Venezuela.
El 29 de octubre, un día después de recibir el expediente, Torres dictó su primera orden. Tras revisar el archivo y el calendario procesal, dispuso que se mantuvieran “plenamente vigentes todas las directrices, plazos, comparecencias programadas e incluida la fecha del juicio” establecidos por Hellerstein. La resolución busca “garantizar una administración de justicia ordenada y eficiente” y evitar “cualquier perjuicio, alteración o incertidumbre”.
Ordenó a las partes cumplir estrictamente el calendario vigente salvo modificación expresa del tribunal.
Entre los hitos inmediatos se encuentra la audiencia sobre la reclamación de inmunidad como jefe de Estado extranjero que presenta la defensa de Maduro, fijada para el 17 de diciembre venidero. Sin embargo, el juicio propiamente dicho sigue programado para el 14 de junio de 2027. Maduro y Flores se declararon no culpables tanto en su comparecencia inicial de enero como en la de octubre, después de una acusación suplementaria que amplió los cargos de tortura y conspiración para torturar.
La decisión de Torres de no alterar ni un solo plazo transmite un mensaje de estabilidad y continuidad: el cambio de juez no reinicia el reloj ni abre espacio para dilaciones estratégicas adicionales.
El vínculo de Analisa Torres con Venezuela no es político ni profesional reciente, sino familiar y de larga data, tal como documentó en su momento The New York Times. Este emblemático medio ha recordado, ahora que Torres fue nombrada al frente del juicio contra Maduro y Flores, que el 17 de octubre de 1982, en la sección de sociedad del diario, se publicó el anuncio de compromiso de “Miss Torres and Student Plan Nuptials”.
Torres, entonces estudiante de derecho en Columbia, se comprometió con Constantino Ramón Argimon, venezolano hijo de Constantino Argimon —ingeniero civil que trabajaba en Proyecfin de Venezuela S.A. en Caracas— y de su esposa, ceramista, ambos residentes en la capital venezolana. El joven Argimon había estudiado en el Colegio San Ignacio de Loyola de Río Piedras, Puerto Rico, y en Yale College, y cursaba un posgrado en Economía en la Universidad de Massachusetts, Amherst. La boda estaba prevista para agosto de 1983.
Se anunciaba, sencillamente, un compromiso matrimonial con un ciudadano venezolano cuyos padres residían y trabajaban en Caracas. Fuentes periodísticas venezolanas han destacado precisamente este carácter familiar del vínculo, en contraste con cualquier narrativa de conexión política o ideológica.
Finalmente, la jueza Torres tendrá su primer gran momento en diciembre, como cabeza de este juicio. La defensa sostiene que Maduro actuaba como jefe de Estado extranjero y goza de inmunidad soberana; la fiscalía argumenta lo contrario, apoyándose en la acusación de narcoterrorismo y en precedentes de tribunales estadounidenses. La resolución de esa moción condicionará el alcance del juicio de junio de 2027.
Mientras tanto, Maduro y Flores están y permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
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