Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dejaron doce muertos este lunes 9 de enero, en Juliaca, en el sur de Perú, informó la Defensoría del Pueblo.
«Hemos confirmado 12 fallecidos el día de hoy en Puno, durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca», dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo en Lima.
Las víctimas tenían en el cuerpo impactos de proyectil, detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge, adonde fueron trasladadas, en declaraciones al canal N de televisión. El ministerio de Salud reportó 38 heridos.
«Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan», exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
Con estos, los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a 34 en casi un mes de protestas.
Las violentas protestas se registraron durante un intento de ocupar el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 km al sur de Lima, en la región de Puno.
El aeródromo está bajo resguardo policial y militar. Un intento de toma similar había ocurrido el sábado.
«Los señores policías nos estaban disparando (…) pedimos que la señora Dina (Boluarte) renuncie (…) acepta que el pueblo no te quiere», dijo a la AFP un manifestante.
Mientras el país está sumido en una grave crisis institucional y política con manifestaciones y bloqueos de rutas, el gobierno de Boluarte prohibió este lunes hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por «intervenir» en los asuntos de política interna del país.
«Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma», indicó el ministerio del Interior.
Morales ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de Boluarte, que se desataron tras la destitución y detención de su antecesor Pedro Castillo.
Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el cuatro de enero.
Desde ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar en torno al 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales, que agrupan principalmente a campesinos.
¿Separar a Perú?
El anuncio contra Morales coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.
«En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú», agregó el ministerio para justificar la decisión.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. En noviembre visitó Puno.
Castillo fue destituido tras un fallido golpe de Estado y cumple 18 meses de prisión dictada por un juez acusado de rebelión.
Morales lamentó en Twitter la decisión del gobierno de Perú de impedirle el ingreso y sostuvo que la medida busca «distraer y esquivar» las responsabilidades por las «graves violaciones» de los derechos humanos.
Las autoridades peruanas sostienen que Morales pretende dividir el territorio de Perú, promoviendo la secesión a través de la creación de «Runasur», una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.
«El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder», replicó Morales el fin de semana.
El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata.
La prohibición de su ingreso a Perú era reclamada desde el Congreso, convertido en principal punto de apoyo de Dina Boluarte.
Corta tregua
Las protestas contra el gobierno de Boluarte se reiniciaron el 4 de enero, tras una breve tregua por las fiestas de fin de año.
Los manifestantes mantenían este lunes bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca; Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac.
La comisaría de la ciudad de Puno amaneció con una barricada de bolsas de tierra y guardia policial, como medida de precaución ante las manifestaciones en esa urbe del altiplano.
En previsión de posibles ataques, el ministerio de Transportes suspendió el martes las operaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil de Ayacucho ante el inicio de un paro de 48 horas.
Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como «traidora» por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
