Venezuela
La ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz fijó su postura luego de la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar como inconstitucional a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y ordenar imponer cargos de responsabilidad individual a los diputados por presuntos actos de usurpación de funciones «Ni están en desacato, ni sus actos son nulos. La Asamblea Nacional está ejerciendo su legítima función de acompañar al pueblo en la lucha por la democracia y la libertad. Estos hampones que usurpan funciones en el TSJ solo pretenden salvar a Maduro. Debemos seguir adelante», fue el mensaje que compartió a través de Twitter.
Ni están en desacato, ni sus actos son nulos! La @AsambleaVE está ejerciendo su legítima función de acompañar al pueblo en la lucha por la democracia y la libertad. Estos hampones que usurpan funciones en el TSJ solo pretenden salvar a Maduro. Debemos seguir adelante! https://t.co/DTs0QMAxh1
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 21 de enero de 2019
La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, controlada del régimen de Nicolás Maduro, declaró este lunes 21 de enero como inconstitucional a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y ordenó imponer cargos de responsabilidad individual a los diputados por presuntos actos de usurpación de usurpación de funciones
“La AN no tiene junta directiva válida. Todo lo que hagan es una usurpación de autoridad y todos sus actos actos nulos”, dijo el magistrado Juán José Mendoza en declaración transmitida por el canal del gobierno, VTV.
El órgano de justicia aseguró que el Parlamento nacional venezolano se mantienen en la condición de “desacato” y ordenó al Ministerio Público y la Asamblea Constituyente (el organismo creado por el propio chavismo para usurpar las funciones del parlamento) “tomar acciones” al respecto.
Por otro lado, para el presidente de la AN Juan Guaidó, la decisión que reiteró las sentencia de 2017 y 2018 contra la directiva de la AN, decretó como nulos los decretos parlamentarios de “usurpación de la presidencia”, “ingreso de la ayuda humanitaria” y la “ley de amnistía para presos políticos”, es “no solo es una aberración jurídica sino políticamente absurda”.
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