Las teorías de fraude electoral en la historia reciente de EE UU

El fraude electoral no es una práctica extraña, sino que es incluso recurrente, en las “sociedades democráticas occidentales”. Responde al problema fundamental de la política, que consiste en que la entrega y abandono del poder a favor de un grupo fuera de quien lo detenta y que le es adverso. Resulta sumamente difícil por las ventajas, satisfacciones, privilegios que ese poder proporciona. Incluso, el privilegio de la impunidad por delitos cometidos en su ejercicio, dejando de lado el bien común. Va más allá de las meras triquiñuelas para valerse de sofisticados mecanismos.

La expresión “vinculación partidista” se emplea de forma genérica para englobar cualquier relación afectiva entre un ciudadano y un partido. Siendo o no de carácter formal o duradera tal relación. En muchos de los casos, se mantiene sin necesidad de reconocimiento o inscripción formal. Incluso, en ausencia de un historial de votación a favor de un partido. Asimismo, puede permanecer independientemente de un hecho electoral concreto y después de que los motivos originales de la identificación partidista hayan cesado.

Aplicación del concepto

Las tendencias electorales en Estados Unidos se explican, en parte, por la relación afectiva y la fidelidad del elector con el respectivo partido, que por lo general se mantiene por años. La utilización de técnicas y estrategias electorales para consolidarlas, que posteriormente se institucionalizan, puede generar la duda de fraude.

El abordaje sobre el escenario electoral lleva a realizar sectorizaciones de los diferentes “distritos electorales” de los estados de la Unión norteamericana. De allí que pueda resultar previsible un comportamiento a favor de una determinada tendencia. La homogeneidad de los miembros que se agrupan bien sea por raza, profesión, oficio, edad, nivel educativo, edad, capacidad económica o cualquier otro rasgo, podrían inclinar el sufragio a favor de alguna tendencia.

Resulta oportuno acotar que el número de distritos electorales corresponde a la cantidad de representantes de cada estado en el Congreso de la federación, es decir, 450, más tres que representan al distrito de Columbia, donde se encuentra la capital Federal, Washington.

La demarcación del voto

Entre las estrategias políticas que se han institucionalizado está fijar o mantener cautivo a un grupo, del cual se ha determinado previamente su tendencia electoral. El denominado «Gerrymandering» consiste en la fijación o rediseño de los mapas comiciales correspondientes a los distritos electorales. El propósito es encasillar el voto a favor o en contra, para neutralizarlo con una intensión dolosa.

La invención de tal práctica se le atribuye a un gobernador del estado de Massachusetts, Elbridge Gerry, Este agrupó distintos sectores no favorables en un solo distrito electoral, en tanto que los favorables se agrupaban en varios, significando más votos, lo que se traducía en mayor número de representantes.

En atención al censo decenal en EE UU, se habilita a los congresos de cada estado para rediseñar los respectivos mapas de los distritos electorales, aunque manteniendo el mismo número. Obviamente, el partido mayoritario en esa circunscripción rediseña siempre a su favor.

Los colegios electorales

En el sistema estadounidense de elección, los colegios electorales para la elección presidencial los componen los “compromisarios”, delegados que obtengan mayor votación en la mayoría de distritos electorales. La técnica del “Gerrymandering” permite que el partido en el poder, a través del diseño del mapa electoral, se asegure de que la votación opositora permanezca en minoría, al agruparla en menos distritos electorales, para que un mayor número de los distritos restantes con la mayoría de votaciones respalden la tendencia oficial.

Ha sido controvertido el denominado “gueto electoral”, que surge de los diseños los mapas electorales con base en grupos de personas que tienen un mismo origen o condición y viven aislados y marginados por motivos raciales o culturales. En este caso, la posibilidad de representación como minoría resulta precaria.

Posición de la Suprema Corte

En relación con la práctica descrita, la Corte Suprema de EE UU fijó una postura. Lo hizo como producto de las demandas con respecto a manipulación partidista de los mapas electorales, particularmente en el estado de Maryland -donde los demócratas fueron acusados de reducir la influencia republicana al distorsionar las líneas distritales- y en Carolina del Norte -donde los republicanos fueron señalados de hacer lo propio-.

En ambos casos se sentenció que la decisión sobre ese asunto es potestad de las legislaturas estatales y del Congreso de los EE UU, no en la Corte Suprema. “Los reclamos de manipulación partidista plantean cuestiones políticas que están más allá del alcance de los tribunales federales”, señaló el dictamen.

Sectorización por estado

Esos diseños y rediseños de los mapas electorales han servido para consolidar tendencias electorales en razón de las características propias de grupos de estados de la Unión norteamericana. En los estados donde se encuentran los grandes centros urbanos, cuya actividad económica se basa en los servicios y las actividades comerciales -y que se identifican con las tendencias globalizadoras, liberales y tecnocráticas., ha resultado vencedor el partido Demócrata. Tales son los casos de California, Nueva York Illinois, Washington y Massachusetts.

Los estados agrícolas, rurales, mineros o industriales, con ciudades de mediana población, de cultura conservadora, nacionalista, regionalista y religiosa, se identifican con el Partido Republicano. Así sucede en Texas, Luisiana, Utah, Nuevo México, entre otros..

Denuncias que no son nuevas

En la elección presidencial de 1960, la más disputadas del siglo XX, la diferencia de votos de ventaja de John Kennedy sobre Richard Nixon fue de aproximadamente 100.000 sufragios. La cifra equivalía a menos de 0,2 % del censo poblacional de la época. Nixon había perdido por menos del 1 % en Illinois (8.858 votos). En sus memorias, afirmó no tener «la menor duda de que hubo un flagrante fraude electoral». Sus sospechas sobre el ejecutor recayeron en Richard Daley, alcalde demócrata de Chicago. Nixon no impugnó por la vía judicial los resultados, aceptándolos finalmente. Aunque cuestionó la legitimidad de la elección de Kennedy, dijo que una querella abierta tendría «un efecto devastador para las relaciones internacionales de Estados Unidos».

En las elecciones presidenciales del año 2000, si bien no se habló propiamente de fraude, el recuento de papeletas electorales en el estado de Florida, hecho a petición del candidato republicano, George W. Bush, hizo que el equipo del candidato demócrata, Al Gore, señalara «graves e importantes irregularidades» en las papeletas del condado de West Palm Beach. Ello daba lugar a acciones judiciales, como en efecto sucedió.

El Tribunal Supremo de Florida le dio la razón a Gore. Ordenó escrutar manualmente 45.000 votos que previamente habían sido considerados irregulares. Bush apeló ante la Suprema Corte. Fue la primera vez que esa instancia intervenía en una elección presidencial, y ordenó detener el recuento ante la falta de tiempo para efectuarla, en vista del plazo para reunir al Colegio Electoral. Al Gore reconoció el triunfo de Bush en Florida, aunque no compartió la decisión de Suprema Corte Federal.

No hay presidente electo

Técnicamente, al día de hoy no puede hablarse de un presidente electo en Estados Unidos. Se sabrá quién llevará las riendas de ese país durante el próximo periodo presidencial solo cuando se produzca la conformación de los colegios electorales en cada estado. Eso ocurriría en diciembre. Por lo general, el candidato que obtiene un menor número de compromisarios de los 638 electos reconoce su derrota, al dar por descontado que los compromisarios sufragarán a favor de la tendencia triunfante.

Cabe puntualizar que la elección del primer martes de noviembre después del primer lunes es una elección directa de los compromisarios que integrarán los colegios electorales, al igual que los congresistas de la federación. Los compromisarios tampoco están obligados a votar por la tendencia que los eligió. En sí misma, la votación de los colegios electorales constituye una nueva elección. En consecuencia, podrían hacerlo por la tendencia contraria. Algo difícilmente constatable en la historia electoral estadounidense.

Trump y su tesis del fraude

Desde el primer de debate con el candidato demócrata Joseph Biden, Donald Trump advirtió la posibilidad de un fraude promovido por su contendiente, en particular por el gran volumen de votos que se enviarían por correo en razón de la pandemia de covid-19. Al parecer, el partido demócrata habría incentivado el voto con la finalidad de asegurar su victoria, frente al temor de que sus partidarios y simpatizantes dejasen de sufragar. La convocatoria parece haber sido atendida de una forma sin precedentes.

El Partido Republicano no propició esta modalidad de sufragio, quizás como una manera de aminorar la incidencia del tema del coronavirus. El propio Trump, afirman expertos, no le concedió la importancia que podría haber ameritado.
Esto explicaría, lógicamente, el hecho de que en los estados más controvertidos, inicialmente el conteo de la votación del pasado 3 de noviembre favoreciera al Partido Republicano. El voto por correo, a la larga, modificaría esa tendencia en varios estados clave.

El voto anticipado

Se estima que el voto anticipado al 3 de noviembre –último día del desarrollo del proceso electoral e inicio del conteo y posterior certificación oficial de los resultados– ya sea de manera presencial o por correo, alcanzó a 100 millones de sufragios. Debido al elevado número de votos por correo, y a las diferentes reglas para el conteo que existen entre los estados, era probable que algunas regiones tardaran varios días en ofrecer resultados oficiales.

Trump insistió en reclamar la victoria en cuatro estados clave: Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan y Georgia. Ello, pese a que continuaba un recuento de los votos. Se proclamó ganador y pidió detener el escrutinio.

La campaña republicana había presentado una demanda para impedir que en Pensilvania se certificara oficialmente la victoria de candidato demócrata, Joe Biden, en ese estado. El reclamo se basa en que la organización de las elecciones en ese estado violó la Constitución. Se denuncia un sistema de “doble rasero”, que imponía más supervisión a quienes votaban en persona que a quienes lo hicieron por correo. La demanda alega, además, que los votos por correo «carecieron de las marcas de transparencia y verificabilidad del voto en persona».

Podría darse el caso de coincidencia y que Biden gane el voto popular y el electoral. Es decir, que obtenga el mayor número de compromisarios, particularmente de los estados con mayor peso electoral. Contrario a lo que ocurrió con la elección Hillary Clinton–Donald Trump, en 2016.

Las impugnaciones

Otro aspecto es el tema de las impugnaciones judiciales, sin haberse concluido el conteo o establecido el resultado en los estados que no aún están por definirse. El fiscal general de EE UU, William Barr, autorizó a los fiscales federales a investigar presuntas irregularidades, advirtiendo de no tramitar “denuncias extravagantes o descabelladas». Se ha señalado que esta orden se acopla a la estrategia de Trump de considerar las elecciones como fraudulentas. El objetivo es que estas se diluciden por la vía judicial.

En principio, el principal argumento de Trump consiste en que ampliar los plazos para recibir y contar las papeletas generará confusión y fraude. Los demócratas, por su parte, creen que los republicanos trabajan activamente para privar de sus derechos a los votantes.

Acotación final

Las respectivas cortes de los estados e incluso la Suprema Corte federal resolverán las impugnaciones judiciales. Pero la proclamación del presidente de los Estados Unidos se realiza en una sesión conjunta de las dos cámaras, integradas por sus nuevos miembros, pero presidida por el vicepresidente saliente —ya que el nuevo aún no ha sido oficializado—. Se procede a contar los votos de los 538 compromisarios de todo el país cuyas actas han sido previamente remitidas al Congreso. Es un acto político, no electoral.

Esta proclamación podría ser influenciada por la mayoría política que domine las cámaras. La de Representantes ha sido renovada en su totalidad y la del Senado en un tercio (33 senadores), ambas por votación directa o popular. La cámara somete a conteo la votación de los colegios electorales, debate y certifica la elección presidencial en enero del siguiente año. El nuevo presidente se juramentará el 20 de ese mes.