De la constituyente sin constitución a la reforma constitucional

“Acción contraria a la verdad y a la rectitud”, así se define la palabra fraude en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Si nos ceñimos a esta definición, en 2017 ocurrió un fraude con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no tenía por finalidad aprobar una nueva constitución, sino sencillamente que era una estrategia para acorralar y quitarle funciones a la Asamblea Nacional legítima, que había quedado en manos de la oposición democrática en diciembre de 2015, a través del voto.

La ANC fue, entonces, una decisión deliberada para desconocer la voluntad popular. La ANC de 2017 no aprobó ni debatió una nueva constitución, sino que se convirtió en tribuna para la descalificación de los diputados electos por mayoría, y en esa dirección de robarle atribuciones al parlamento legítimo, hasta nombró a las cabezas de otros poderes públicos (Defensoría, Fiscalía, Contraloría).

Para muchos venezolanos y especialmente extranjeros interesados en el devenir venezolanos, resultó incomprensible la decisión del chavismo de no reconocer la voluntad popular que se expresó de forma nítida y mayoritaria a favor del cambio el pasado 28 de julio. Sólo que no se puede perder de vista que esa línea de acción, de no reconocer la legitimidad de unas elecciones, cuando se pierde en las urnas electorales, no fue algo nuevo sino que se remonta al período 2015-2017.

Tras las elecciones legislativas de 2015, cuando ya le quedaban pocos días a la Asamblea Nacional saliente encabezada por Diosdado Cabello, se tomaron decisiones como el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En los meses siguientes, estos magistrados devolvieron el favor en 2016 con una serie de decisiones que limitaban el accionar del nuevo parlamento encabezado por figuras de oposición.

La estrategia oficial encontró en la figura de la ANC una manera de acorralar al parlamento legítimo y aquello ocurrió bajo una gran mentira. La campaña de entonces recordaba a Hugo Chávez y el proceso que llevó a la constitución vigente, aprobada en diciembre de 1999.

Se decía que era indispensable aprobar una nueva constitución para garantizar los derechos sociales y enfrentar lo que entonces se calificaba de guerra económica. Pues no se aprobó una nueva carta magna, pese a tener el 100% de constituyentes identificados con el gobierno de Nicolás Maduro.

Su plan no era ofrecerle al país un nuevo contrato social sino desconocer la voluntad popular. Dejar sin valor el voto de los venezolanos cuando éstos escogieron una Asamblea Nacional con mayoría opositora.

En este 2025, la propuesta de llevar adelante una reforma constitucional, que en términos prácticos abrirá paso a un cambio sustantivo en el actual sistema electoral, para beneficiar a quienes ocupan el poder, es la respuesta política del chavismo a lo que dejó al desnudo el 28J: la mayoría de la población no quiere a Nicolás Maduro en la presidencia. Como ya no se tiene la mayoría ciudadana, se cambian entonces las reglas del juego electoral.

En esa dirección camina el chavismo en Venezuela en estos primeros meses de 2025.