Aquel Manuel Zelaya que denunciaba cómo un golpe de Estado lo sacó del poder y le impidió completar su mandato constitucional, algo que fue un irrespeto al pueblo, ha pasado de ser una víctima a ser un victimario en este 2025.
Dos semanas después las elecciones presidenciales, aún no hay resultados y llueven los desconocimientos de poderes controlados por el “zelayismo”, como se le denomina al proceso electoral, pese a que los observadores internacionales no han documentado irregularidades graves, salvo el enorme retraso en el conteo de votos.
A finales de octubre, a un mes de las elecciones, dentro de Honduras se hicieron graves denuncias. Con su candidata ubicada en tercer lugar en las encuestas, el Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, consumó lo que se denunció como un diseño institucional para neutralizar una previsible derrota en las elecciones generales del 30 de noviembre.
La derrota en las urnas efectivamente ocurrió. Aunque no hay un ganador oficial, la candidata oficialista quedó relegada a un lejano tercer lugar sin chance alguno.
Mientras tanto, entre los hondureños, antes de las elecciones, ya existía notable desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque, de forma paulatina, se hicieron cambios de funcionarios en los últimos cuatro años. Ese ha sido el tiempo en que ha gobernado Xiomara Castro, electa en 2021 limpiamente con el 51% de los votos, en una campaña en la que Zelaya básicamente prometía que, con su esposa en el poder, se harían las reformas sociales que no pudo llevar a cabo en 2009.
Analistas, juristas y líderes opositores alertaron a fines de octubre que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, había instalado una comisión permanente de nueve miembros, ocho de ellos oficialistas, asumiendo “funciones plenas” de un legislativo que por ley está en receso hasta que se juramenten los nuevos legisladores en enero de 2026.
No es de extrañar que luego del llamado de Xiomara Castro de Zelaya a desconocer las elecciones, diciendo que no eran legítimas, el siguiente acto en el guion lo haya encabezado Redondo con los diputados oficialistas de una comisión autodesignada. Su argumento es que hubo una injerencia externa por las declaraciones de Donald Trump, quien llamó a votar por el candidato Nasry «Tito» Asfura, del conservador Partido Nacional (PN).
Zelaya perdió en las urnas
Sin denuncias de irregularidades graves por parte de los observadores internacionales, y siendo válidos los votos contabilizados, Zelaya fue el gran derrotado en las elecciones del 30 de noviembre aunque no haya sido él aspirante a la presidencia (está prohibido constitucionalmente).
Con un CNE que incluso paralizó por varios días el conteo de votos, y una pelea voto a voto entre dos opositores al “zelayismo”, la estrategia parece enfocada en generar una tensión que eventualmente desemboque en protestas de calle que justifiquen la represión y tal cosa lleve a decretar un estado de excepción. La propia Xiomara Castro llamó a que los hondureños salieran a las calles a desconocer las elecciones.
Con el 99,4% de los votos válidos, Asfura lleva la delantera con el 40,52 % frente al 39,20 % de Salvador Nasralla del Partido Liberal. La distancia entre ambos es de unos 42.000 votos. Nasralla ha denunciado fraude y ha pedido reconteo en varios centros de votación, que suman unos 500.000 votos y que obviamente pueden inclinar la balanza a su favor.
Lo único cierto es que la actual presidenta Xiomara Castro de Zelaya no le entregará la banda presidencial a quien fue su candidata, Rixi Moncada, cuando ocurra el traspaso de mando en enero próximo. Tal vez por eso Zelaya juega a inhabilitar estas elecciones, sencillamente porque las perdió.
La oficialista Rixi Moncada, del partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre) fundado por Zelaya y encabezado por su esposa, quedó relegado a un apartado tercer lugar con apenas el 18,15%, un retroceso muy importante que le otorga a Zelaya la condición de gran perdedor de estos comicios, pese a que aún no hay un vencedor proclamado.
Pero, además, como lo comentan diversos medios de prensa en Honduras, la crisis postelectoral parece haber sido un diseño de Zelaya, quien aparece como la figura de poder detrás de la presidencia. Ha pasado a ser un victimario, con acciones que en la práctica constituyen un golpe y un desconocimiento de la voluntad popular que, de forma clara y pacífica, se expresó en las urnas en Honduras el pasado 20 de noviembre.