Gabriel Rodríguez cumplirá la mayoría de edad preso. Por estar privado de libertad, se perdió su acto de graduación y los últimos meses de su etapa de bachillerato. Aunque fue admitido en la carrera de Ingeniería Civil, no podrá cursarla
Gabriel José Rodríguez Méndez tiene 17 años y el martes 16 de diciembre fue condenado a 10 años de cárcel por delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, según informó su familia al Comité por la Libertad de Presos Políticos.
El comité indicó que la pena está dividida en seis años de cárcel y cuatro años de trabajo comunitario y fue dictada por la jueza Dayana Castillo, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes con competencia nacional, con sede en Caracas.
Agregó también que no hay «una sola prueba sólida que sustente tales acusaciones».
Gabriel José fue detenido arbitrariamente en el estado Lara el 9 de enero de 2025. El Comité por la Libertad de Presos Políticos señaló que Gabriel fue detenido «por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener ‘pinta de guarimbero'».
Antes de ser detenido, Gabriel se dedicaba a la panadería como aprendiz y a ser pelotero. «Durante su reclusión, Gabriel enfermó gravemente: infección pulmonar, fiebre, llagas bucales, además de ansiedad y depresión, afectaciones que constituyen una violación a su derecho a la integridad personal, protegido por el artículo 32 de la LOPNNA», indicó el comité.
El 29 de julio de 2025 se realizó el acto de graduación de bachillerato de la promoción de Gabriel. No asistió porque estaba preso, pero su promedio académico llegó a 18 puntos. Logró esas calificaciones porque su familia hizo un esfuerzo para que culminara el bachillerato desde la cárcel.
Gabriel José Rodríguez Méndez fue admitido en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) para estudiar Ingeniería Civil.
El Comité por la Libertad de Presos Políticos explica que los derechos de Gabriel han sido violados de múltiples formas. El castigo se priorizó por encima de su educación y desarrollo integral, violando así el principio de interés superior del niño. También su derecho a la libertad personal, pues su caso fue una detención arbitraria.
«El proceso desconoció el derecho de Gabriel a ser oído y a una defensa efectiva (artículo 78 de la LOPNNA), al judicializarlo como adulto, con motivación política, negarle defensa de su confianza, excluir a sus padres de audiencias y sostener la acusación con testigos que nunca comparecieron», expone esta agrupación de familiares y amigos de los presos políticos de Venezuela.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) escribió: «La desproporcionalidad de la pena es especialmente dolorosa cuando se trata de un menor de edad. En el caso de Gabriel Rodríguez se pone de relieve la crueldad particular sobre los más vulnerables. Esta decisión marca de manera indeleble la vida de un adolescente y amenaza con destruir su potencialidad y su futuro como ciudadano de bien».
Hasta el 8 de diciembre de 2025, el Foro Penal venezolano registraba cuatro adolescentes presos, Gabriel incluido.
La última menor de edad en ser detenida fue Samantha Hernández Castillo, sobrina y cuñada de dos presos políticos, Henry Castillo y Maykelis Borges.
Ámbar Castillo, madre de Samantha, responsabilizó a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, por la integridad psicológica y física de su hija, quien está cursando 5to año de bachillerato.
Samantha es sobrina de Henry Alberto Castillo Molero, un hombre de 31 años que también fue detenido en El Valle el pasado 24 de enero de 2025, y cuñada de Maykelis Borges, quien fue encarcelada el 29 de enero de 2025 en estado de embarazo y permanece recluida en un penal junto con su bebé.
Tanto Henry como Maykelis fueron vinculados al caso del teniente Christian Hernández, quien fue acusado por el ministro Cabello de conspiración y de participación en la presunta operación militar Aurora, que se llevaría a cabo el 22 de diciembre de 2019 en Bolívar.
La familia de Juan Francisco Alvarado y el SNTP aseguran que el caso está marcado por represalias políticas e irregularidades judiciales, incluida una acusación sin pruebas por incitación al odio
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