Gold Reserve LTD, empresa minera de Canadá, recibió una licencia de Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) para iniciar negociaciones con Venezuela, informó Reuters.
Esto significa que la empresa puede retomar sus operaciones en Venezuela, que cesaron entre 2008 y 2009 luego de que el gobierno de Hugo Chávez revocara su concesión. Entonces, el expresidente Chávez alegó que la empresa generó graves daños ambientales. También es una oportunidad para insistir en la liberación de su representante legal, José Ignacio Moreno, quien fue detenido por funcionarios del Dgcim el 4 de junio de 2023 y hoy permanece retenido en el Rodeo I.
Según el reporte de Reuters, la licencia de la OFAC es de 30 días e incluiría a otras empresas.
Gold Reserve, otra historia de expropiación en Venezuela
Gold Reserve desarrolló el proyecto aurífero de Las Brisas a partir de 1992 en el estado Bolívar. Aunque se enfrentó a disputas legales con el Estado venezolano, la empresa logró posicionar el proyecto de extracción y procesamiento de oro y cobre como uno de los más grandes del país y el mundo.
En el año 2008, todo cambió: Chávez tomó la empresa y entró en una etapa de arbitraje internacional que involucró al CIADI, una instancia del Banco Mundial.
En 2014, Gold Reserve ganó su caso de arbitraje y luego el tribunal ordenó al gobierno venezolano que le pagara 1.000 millones de dólares a la empresa minera como parte de la indemnización. Los pagos iniciaron el 19 de junio de 2017 con 40 millones de dólares.
Antes de que llegara ese pago, Nicolás Maduro le propuso impulsar un proyecto de empresa mixta, que además incluyó el proyecto de la mina de Las Cristinas.
En su página web, Gold Reserve dejó registro de su historia y estatus con el país hasta 2019.
«Se espera que las condiciones existentes en Venezuela, junto con Sanciones continúen, en el futuro previsible, impactando negativamente nuestra capacidad de recolectar la cantidad restante que nos debe Venezuela de conformidad con el Acuerdo de Liquidación y/o Premio y obstaculizando nuestra capacidad para desarrollar ciertos derechos minerales de oro, cobre, plata y otros derechos minerales estratégicos contenidos en el Estado de Bolívar, que comprende lo que se conoce como el Proyecto Siembra Minera», se lee.
José Ignacio Moreno: una cuenta pendiente
El 6 de enero pasado, la directiva de Gold Reserve expresó su apoyo a las acciones de Donald Trump contra Nicolás Maduro.
«Desde hace demasiado tiempo, el gobierno de Maduro ejerce opresión, encarcelamiento, violencia y muerte contra el pueblo de Venezuela, incluso contra personas que trabajan para Gold Reserve en el país», dijo Paul Rivett, vicepresidente del directorio, citado en un despacho de Yahoo Finanzas: «Celebramos las acciones impulsadas por la administración Trump para llevar a Maduro ante la justicia y esperamos hacer nuestra parte para contribuir a que Venezuela recupere la paz y la prosperidad, así como a la pronta liberación de José Ignacio Moreno Suárez».
En la nota se lee: «Gold Reserve cuenta con una larga trayectoria en Venezuela, donde desarrolló los mayores yacimientos de oro y cobre de América del Sur. No obstante, su proyecto Brisas fue expropiado ilegalmente por el régimen de Chávez, y su empresa conjunta Siembra Minera, por el régimen de Maduro. En la actualidad, estos proyectos auríferos venezolanos son explotados de forma ilegal con tecnología china, bajo la dirección del Cartel de los Soles (una organización narcoterrorista designada), en beneficio financiero del régimen de Maduro».
José Ignacio Moreno Suárez, quien debió estar presente en el encuentro de ayer miércoles con el secretario de Interior de EEUU Doug Burgum, hoy está encerrado en la cárcel de Rodeo I acusado de los delitos de conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria y asociación para delinquir.
Sus abogados defensores aseguran que en realidad se trata de una retaliación por hacer su trabajo como representante legal de Gold Reserve «en la demanda contra la República ante instancias internacionales, por la nacionalización de Las Brisas y el embargo de Citgo en Delaware».
A propósito de la visita de Burgum, presentaron una nueva solicitud de sobreseimiento ayer 4 de marzo pidiendo la «libertad plena y sin restricciones» de Moreno Suárez no solo en virtud de las irregularidades en su proceso de detención, sino en la nueva Ley de Aministía y en el hecho mismo de que fue encarcelado -argumentan- por ejercer su trabajo como representante de la empresa minera con la que hoy el Estado venezolano se sienta nuevamente a negociar.
