Desde agosto de 2025, el despliegue naval y militar de Estados Unidos en el Caribe generó un clima de expectativas que hacía difícil imaginar un cierre de año sin cambios estructurales en el gobierno venezolano. Sin embargo, la situación de este diciembre exige una revisión profunda desde el realismo político
El punto de partida no intenta ser cruel, es sencillamente realista: a pesar de las proyecciones de una salida inminente, el ciclo navideño ha transcurrido con Nicolás Maduro manteniendo el control del Estado, lo que obliga a evaluar la efectividad de las estrategias externas ante un poder que quiere seguir siéndolo.
Las hallacas de 2025, en Venezuela, sencillamente nos las hemos comido con Nicolás Maduro en el poder.
Tras cuatro meses de una estrategia de Washington marcada por el cierre del espacio aéreo, ataques a las llamadas “narcolanchas”, la incautación de buques y una retórica de alto nivel desde la Casa Blanca, el escenario en Caracas no muestra las señales de fractura en el poder que muchos vaticinaban. Factores clave como un Alto Mando Militar que mantiene su lealtad, y la ausencia de deserciones masivas entre uniformados, son señales de que no se ha alterado el equilibrio de poder.
Este panorama invita a una reflexión crítica sobre la proliferación de narrativas en redes sociales y medios digitales que, durante meses, alimentaron la idea de una intervención militar inminente (el llamado «Día D»). La evidencia sugiere que la estrategia de la administración Trump ha mutado, alejándose de una acción terrestre para centrarse en un bloqueo económico más riguroso.
Según reportes recientes, la prioridad de las fuerzas estadounidenses no parece ser la incursión en territorio venezolano, sino la implementación de una «cuarentena petrolera». Este giro táctico desplaza la posibilidad de un conflicto armado hacia un escenario de asfixia financiera para los primeros meses de 2026.
El cambio de narrativa: Lo que inició en agosto como una campaña contra el narcotráfico se ha consolidado en diciembre como una exigencia explícita de cambio de régimen.
La complejidad del terreno: La ausencia de una «operación relámpago» al estilo cinematográfico responde a los altos costos políticos y logísticos que implicaría una intervención directa.
Factores externos: La influencia de aliados como Rusia, la reticencia de actores regionales de peso como México y Brasil, junto a la capacidad de resiliencia del chavismo —que ya en el periodo 2019-2020 demostró habilidad para trasladar el costo de las sanciones a la población— son variables que posiblemente sean sopesadas en Washington.
Aunque la administración Trump ha pasado a una narrativa de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo, una cuestión que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, esto no implica escenarios cinematográficos de extracción forzada o juicios en territorio estadounidense.
En su lugar, para el primer tramo de 2026 desde Estados Unidos parece proyectarse un incremento en la presión diplomática, económica y demostraciones de fuerza sin incursiones territoriales, considerando los variados costos que tales operaciones entrañarían.
Mientras el gobierno de Maduro demuestra pragmatismo para sostenerse en el poder, la estrategia de «presión máxima» se enfrenta nuevamente al desafío de la durabilidad. La alusión a una «fase 2» por parte de Trump, sugerida como próxima desde octubre, ha perdido momentum después de casi tres meses.
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Las declaraciones se dan en medio de un acercamiento progresivo entre Washington y Caracas que ha incluido licencias para la compra de oro venezolano, flexibilización de sanciones en el sector minero y visitas de funcionarios estadounidenses al país
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