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Venezolanos varados en España: sin derecho a la salud ni a volver a casa

Todavía hay unas 700 personas en España esperando poder regresar a sus hogares en Venezuela. No son migrantes, es gente que por una otra razón estaba allá cuando la pandemia obligó a tomar medidas. El tiempo ha pasado, se han quedado sin recursos económicos y sin la posibilidad de atender diversas condiciones de salud. ¿Quién vela por sus derechos? ¿Por qué el Gobierno de Maduro no ha permitido que regresen?

Venezolanos varados en España: sin derecho a la salud ni a volver a casa

María llegó a España el 11 de marzo para la graduación de su hija. Su plan era regresar a Venezuela el 21 de ese mes, pero la pandemia llegó antes a todas partes. María se quedó varada. Se le agotó el dinero previsto para el viaje. Consumió sus ahorros. Y su hija perdió el trabajo. Ya no puede estar con ella. Así que lleva cinco meses en casa de una prima que está dispuesta a pagarle cualquier vuelo de retorno porque no la quiere más allí. Mientras espera, la salud de María se complica.

―No soy capaz de concentrarme, leer, conciliar el sueño, ver la televisión. He perdido peso. Todo el tiempo estoy pendiente del correo, de mi teléfono y discuto sin motivo con mi esposo que está en Venezuela. Lloro constantemente y el estómago siento que se me va a estrangular.

María tiene 59 años. Es hipertensa y su condición se agrava con su cuadro de ansiedad. Todo empeora cada vez que debe buscar Vasotec de 20 mg, Quetiapina de 25 mg y Zolpidem de 10 mg.

―Para conseguir las medicinas hay que rogar en la farmacia. Exigen récipe y no aceptan los récipes venezolanos. Debería pagar una consulta privada, que está entre los 70 y 100 euros, pero no tengo dinero ni para movilizarme y los hospitales no están atendiendo a menos de que sea una emergencia. La semana pasada tuve una subida de tensión. Acudí a una farmacia, me pusieron una sublingual y me recomendaron comprar un tensiómetro. Pero no puedo, el digital está en el orden de los 40 euros.

El problema no es la farmacia española, ni la prima de María, ni que María no tenga un estatus migratorio que le permita trabajar durante este tiempo y acceder a servicios de salud básicos. El problema es: el gobierno de Nicolás Maduro impide el retorno de María y tampoco vela por su salud mientras está fuera del país durante esta situación excepcional.

El problema es –para aclararlo mejor- que una vez más, el gobierno falta a la declaración universal de los derechos humanos de más de 700 venezolanos que como María siguen esperando en España para volver al país.

“En este caso quien debería abogar por la protección de los venezolanos en estas condiciones es el consulado venezolano. Debería ser una gestión de la cancillería venezolana como representante en el exterior del gobierno, pues es garante de los derechos de las personas en el extranjero. La medida natural que debería ocurrir es que las autoridades venezolanas y las españolas se pongan de acuerdo para habilitar los vuelos humanitarios que permitan que las personas puedan regresar, que es el deseo que ellos han manifestado”, explica Carlos Lusverti, abogado de Amnistía Internacional Venezuela.

Sin alzar el vuelo

Según información del grupo “Venezolanos varados en España”, un vuelo Madrid-Caracas de la aerolínea Plus Ultra partió con 250 varados el 21 de julio. No más de veinte en condiciones económicas críticas fueron exonerados de los 550 euros del costo del boleto a una agencia de viajes designada por el consulado. Sí, a una agencia, no a la aerolínea. Los pasajeros, además, pagaron 90 euros por la prueba PCR que se incluyó como requisito.

En este vuelo no todos los varados vistos en los campamentos del aeropuerto de Barajas a principio y final de julio pudieron regresar a Venezuela.

Otros dos vuelos fueron ofrecidos por el consulado para el 4 y el 18 de agosto pero, al parecer, no tuvieron permiso de salida. Hasta la fecha, no existe ningún otro vuelo programado.

Para tener la posibilidad de abordar, los varados se registraron según las indicaciones del consulado: “Llené el formulario que me pasó el consulado y expliqué mi situación. Se dio el vuelo del 21 de julio y no fui seleccionada. Nos ofrecieron dos más en agosto. Estoy a la espera. Todos estamos desesperados, esperando esa llamada o correo”, cuenta María.

Habilitar estos vuelos implica otra decisión en tierra: la apertura del espacio aéreo venezolano, cuyo cierre desde marzo continúa, al menos, hasta el 12 de septiembre. Pero flexibilizar esta decisión sigue siendo una idea en el aire.

Explica David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos: “El espacio aéreo lo controla el régimen. Al final, es a discreción quién puede y quién no puede entrar a Venezuela. Resulta paradójico que no se les ha permitido a estas personas volver a su país y han aterrizado 17 vuelos iraníes en Venezuela que supuestamente eran para arreglar una falla en la refinería El Palito. Hay una discriminación y eso es un delito de lesa humanidad”.

El grupo de varados calcula un poco más de 200 en Madrid. Los demás están en las diecisiete comunidades autónomas españolas, pues al retrasarse las posibilidades de retorno, se trasladaron a ciudades menos turísticas para rendir sus ahorros destinados a vivienda y alimentación, sobre todo porque muchos ya perdieron sus trabajos en Venezuela.

Claro que estos 700 varados van en aumento con la llegada de los procedentes de Alemania, Francia, Italia y Portugal. Y la cifra de España se queda corta al cruzar de continente: son más de 3.000 los venezolanos varados en países suramericanos miembros de la OEA y si se suman los de todo el globo, serían alrededor de 72.000 según la aproximación realizada por la ONG Refugiados sin Fronteras.

Tras cinco meses, todos podrían haber retornado: si 15 vuelos de 200 pasajeros resuelven el retorno de los 3.000 varados en Suramérica, apenas cuatro vuelos serían necesarios para los retornos desde España. Nada excesivo cuando se sabe que en estos cinco meses, 17 vuelos desde Teherán con escala en China han aterrizado en Venezuela.

El problema de los varados, claro, no es exclusivo de Venezuela: “Uno ve países como España, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina y hasta otros países donde hay dictaduras teniendo vuelos humanitarios para que sus connacionales regresen como no ha sido el caso de Venezuela… La moraleja que también debe quedar es que no hay que estar dentro del país para ser víctima de los tratos crueles y degradantes que sufre una población por parte de un régimen autoritario”, enfatiza Smolansky.

Ahora mismo, el vuelo de repatriación Caracas-Panamá para panameños y residentes se prepara para partir el 29 de agosto. La cancillería panameña ha solicitado la autorización al gobierno venezolano para otro vuelo el 9 de septiembre. La pregunta es evidente, aunque sin respuesta a la vista: ¿se acordará aprovechar estos vuelos para la repatriación de venezolanos?

Por su parte, alrededor de 170 venezolanos continúan varados en Santo Domingo (RD) esperando la autorización de su gobierno para abordar los dos vuelos de repatriación Santo Domingo-Caracas del domingo 30 de agosto y que llevarán de vuelta a los dominicanos y residentes.

De turista a indigente

―Mi esposo es paciente cardiaco y está solo en Caracas… Soy docente, el 16 de septiembre empieza el nuevo año escolar. En Venezuela hay déficit de docentes graduados ―dice María.

La urgencia del retorno de María no solo es familiar y laboral. Es también la situación alimentaria que empeora su salud física y mental: un pedazo de pan en el desayuno, un plato de lentejas u otro pedazo de pan en el almuerzo, un yogur u otro trozo de pan en la cena. Para tomar: agua o leche, café solo en las mañanas. Una vecina le ha regalado frutas y tortilla para variar su dieta.

―No sé a dónde dirigirme. Cuando estuvo el confinamiento, repartían comida en una iglesia. Me dieron ropa y una bolsa con leche, lentejas, agua, aceite, harina y arroz. Pero cuando terminó el confinamiento, ese lugar lo clausuraron.

Explica Lusverti: “Desafortunadamente, los turistas que quedaron atrapados en el contexto de la pandemia tienen una condición precaria desde el punto de vista migratorio. En este caso, lo que se necesita es que algunas entidades puedan prestarle asistencia como se le puede prestar a cualquier persona que esté en una condición básicamente limitada, que asistan a personas en situación de indigencia”.

Las ayudas temporales para alimentación y salud pueden ser solicitadas aun con miedo, vergüenza y documentación vencida. Y deben ser posibles con la articulación de los gobiernos, la sociedad civil, empresas privadas, grupos religiosos, ONG y, por encima de todo, deben ser posibles con la articulación de voluntades. Las ayudas no son limosnas, sino garantías de los derechos humanos para un grupo de varados que, al menos en España, la mayoría excede los 45 años y al menos un 40% pasa de los 60.

Así ocurre en Madrid: ONG e iglesia evangélica distribuyen kits de aseo personal, comidas calientes, mercados para ser preparados y repartidos entre los mismos varados. Han logrado, además, triajes gratuitos y ubicar albergues para quienes no pueden costear viviendas. La urgencia sigue siendo conseguir los medicamentos antihipertensivos para la tercera edad mientras extienden las ayudas hacia los varados en otras comunidades del territorio español.

Sin embargo, advierte Smolansky: “Todo eso tiene un límite, porque estamos en una pandemia y los países han sido afectados seriamente. No es sostenible en el tiempo estar atendiendo a 500 personas, ni siquiera hay recursos para eso por más donaciones que se consigan”. Son toneladas de comida, litros y litros de agua y no hay que olvidar que antes de la pandemia, España ya contaba con la mayor cantidad de venezolanos migrantes en Europa.

Insistir en el regreso sigue siendo la prioridad, la meta y la solución. Hay una vía adicional para lograrlo desde Venezuela:

“Si, por ejemplo, yo tengo un familiar en España, jurídicamente sería posible solicitar una medida de amparo o un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Justicia, básicamente a la Sala Constitucional, para requerirle al gobierno que tome medidas para gestionar la repatriación con una acción que se denomina ‘acción por intereses colectivos o difusos’, porque no tienes a la persona directamente afectada por la situación como solicitante, sino que es alguien que está abogando por esa otra persona. La Sala Constitucional asignaría a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría pondría sus buenos oficios para que la Cancillería habilite los vuelos humanitarios o ejercería directamente el recurso de amparo de estos venezolanos que se encuentran fuera del país”, plantea Lusverti.

Una acción que podría procesar y obtener el amparo, así como podría ser declarada sin lugar tras pasar meses sin una decisión.

Urge cualquier acto que despeje el espacio aéreo de Venezuela y haga aterrizar los vuelos humanitarios de repatriación de sus ciudadanos. Cualquier razón para no lograrlo sigue agravando los problemas políticos, diplomáticos, sanitarios, sociales y otros tantos preexistentes… Y pone en riesgo la vida de aquellos que como María entienden que la suya está en el país que le sigue negando su derecho de volver.

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