La situación se presentó cuando los hombres lastimaron a Upamo para impedir que ella realizara las imágenes, Bello intervino para defenderla y fue golpeado al grado de tirarlo al pavimento. Uno de los agresores aprovechó para arrebatarle la cámara fotográfica y quitarle la tarjeta SD donde guardaba su material de trabajo.
También en el estado Anzoátegui, el 13 de marzo, fue agredido el equipo reporteril de Telecaribe, a quienes simpatizantes del oficialismo le lanzaron piedras y botellas.
Además, el 23 de marzo, en la misma entidad la periodista Susana Quijada y el camarógrafo Luis Galindo, ambos trabajadores del Canal regional Antorcha TV de El Tigre, fueron hostigados por funcionarios del Centro de Coordinación Policial de San José de Guanipa, lugar donde cubrían las ferias en honor a San José, que terminaron en riña.
La pretensión de borrar lo recabado por los trabajadores de la prensa terminó en insultos y empujones en contra de Quijada y Galindo por parte del funcionario. La periodista también fue amenazada con ser llevada presa mientras se defendía de las agresiones.
Violaciones por parte de uniformados
En el tercer mes del año también se contabilizaron violaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. El 6 de marzo la Guardia Nacional Bolivariana impidió que se realizara una rueda de prensa del partido político Marea Socialista, en Parque Central, en el centro de Caracas.
El suceso fue posterior al anuncio realizado por la organización, según el cual se declaran en “proceso constituyente”. La rueda de prensa había sido convocada para dar detalles de su posición de cara a las venideras elecciones parlamentarias. Trascendió que es la cuarta vez que se impide la libre expresión a los miembros de este partido.
La Guardia Nacional también hostigó verbalmente a tres periodistas del diario Visión Apureña, del estado Apure, el 16 de marzo, mientras realizaban la cobertura de una cola para la compra de productos de limpieza y aseo personal en la entidad. Miguel Cardoza, uno de los afectados, contó que quien comenzó el hostigamiento fue un funcionario identificado como Sargento Mayor García, quien al ver que estaban tomando fotografías y realizando entrevistas típicas de este tipo de coberturas, gritó “lo que buscan es que el pueblo los queme”.
Los periodistas respondieron que solo estaban realizando su trabajo, cuando los ánimos se caldearon y algunas personas comenzaron a gritar consignas en su contra y a pedirles que se retiraran. Algunos gritaron “quítenles las cámaras”.
Asimismo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) les arrebataron el 8 de marzo de 2015, de manera arbitraria, la cámara al reportero gráfico de Noticia al Día Rafael Bastidas y al fotoreportero Javier Plaza del diario Versión Final, ambos de Maracaibo estado Zulia, cuando cubrían el levantamiento de un cadáver en el barrio San Luis del municipio San Francisco de la misma entidad.
Los trabajadores de la prensa exigieron la devolución de sus equipos a los funcionarios, quienes en un primer momento se negaron y amenazaron con partir las cámaras. Al pasar unos 15 minutos y tras insistirle a quien presuntamente fungía como jefe del grupo de investigadores, los equipos fueron devueltos.
Falta de papel
Durante el mes anterior los diarios El Carabobeño y El Nacional informaron que presenta déficit de papel prensa, el cual debe ser asignado por la Corporación Maneiro. En el caso de El Nacional, Miguel Henrique Otero, director del rotativo, informó que tienen papel periódico para tres meses y señaló que es consecuencia de “la situación crítica por la que atraviesa Venezuela”, que afecta también a los medios de comunicación, en especial los impresos. Por su parte El Carabobeño se vio obligado a cambiar de formato para garantizar la circulación por un par de meses más.
Cifras
Las arremetidas a la libertad de expresión en Venezuela durante marzo dejaron un saldo de 37 violaciones. En comparación con el mismo período del año anterior, cuando ocurrieron 126 violaciones, la disminución fue de 71%.
Durante el tercer mes del año hubo 120 manifestaciones públicas, pese a la vigencia de la Resolución 008610, publicada por el Ministerio de Interior y Justicia, que autoriza el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones públicas.
El descrédito por parte de funcionarios hacia los medios y periodistas se reveló con mayor intensidad, por lo que el hostigamiento verbal se ubicó en el primer tipo de violación con un 29,73%.
