La información la ofreció Ortega Díaz a través de su cuenta en Twitter, donde además agregó que al encuentro asistieron Antonieta Mendoza y Nancy Morales, madres de los políticos presos.
Con Patricia Gutiérrez y Lilian Tintori para hablar del estatus de las causas de Daniel Ceballos y Leopoldo López pic.twitter.com/cuejrYqttQ
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) junio 19, 2015
Al encuentro también asistieron Antonieta Mendoza y Nancy Morales, madres de Ceballos y López, respectivamente — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) junio 19, 2015
Por su parte, Tintori también ofrció detalles a través de su cuenta en Twitter. Indicó que entregaron un petitorio y presentaron un informe de presos políticos ´para exigir su liberación.
Saliendo de reunión con Fiscal @lortegadiaz presentamos el petitorio de la Unidad.
— Lilian Tintori (@liliantintori) junio 19, 2015
Tambien presentamos informe de todos los presos políticos para exigir su liberación.
— Lilian Tintori (@liliantintori) junio 19, 2015
Y un informe sobre la situación de los más de 100 huelguistas.
— Lilian Tintori (@liliantintori) junio 19, 2015
Así mismo reiteramos denuncia que a los 26 días de huelga, Leopoldo no ha sido evaluado por su médico.
— Lilian Tintori (@liliantintori) junio 19, 2015
En una nueva entrega a cuenta gotas, el corresponsal de la agencia de noticias AP en Miami revela que Luis Ortega Díaz es la funcionaria señalada por el empresario Carlos Urbano Fermín (preso y bajo juicio en Estados Unidos) en un oscuro caso de cobro de sobornos.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal chavista convertida en acérrima crítica del régimen que encabeza Nicolás Maduro, denuncia que se mantienen las amenazas y ataques contra su vida y su libertad, por lo que decidió abandonar Colombia y trasladarse a España y solicitar asilo.
Fuentes judiciales recapitulan los cargos por al menos 505 casos de asesinatos, tortura, represión, persecución sistemática de opositores, violación del hogar de los que se responsabiliza directamente a Nicolás Maduro y a cuatro de sus estrechos colaboradores militares, según la demanda que después de tres años apenas avanza en la Corte Penal Internacional, en La Haya y que fue impulsada por varios gobiernos americanos.