El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, prometió este martes que el Estado venezolano investigará a fondo “los indicios de comisión de hechos punibles”, en una mina de Tumeremo, estado Bolívar, donde familiares denuncian el brutal asesinato y la desaparición de 28 mineros por parte de bandas armadas en supuesta complicidad con algunos funcionarios policiales y militares.
Familiares y testigos han denunciado que tienen “personas desaparecidas”, dijo el funcionario.
“El Estado venezolano no tolera ni permitirá la impunidad. Todo lo contrario, actúa en el terreno de manera conjunta y responsable, sin adelantar hipótesis que podrían contaminar las investigaciones, para que finalmente se haga justicia, de comprobarse los hechos que se están en este momento investigando”, dijo.
Prometió que no habrá «ningún tipo de ocultamiento» sino una pronta respuesta científica, «sin conjeturas ni contaminación de ningún tipo, para llegar a la verdad final que va a conocer el pueblo venezolano como sociedad”.
Saab pidió a los familiares de los desaparecidos que “confíen en las autoridades” y levanten una protesta que mantiene desde hace cuatro días cerrada la vía Troncal 10, que comunica el sur del estado Bolívar con Brasil.
La investigación es clave para que se levante la tranca, que ha perjudicado a más de 300 mil habitantes y de manera indirecta a todo el estado Bolívar, dijo en una declaración rodeado de dos jefes militares, incluyendo el ministro del Interior, Gustavo González López.
“Hago un llamado a estos manifestantes a que cesen de dicha actitud y táctica que está causando estragos en la economía de Bolívar y afectando a personas que necesitan alimentos”, dijo el funcionario.
Afirmó que está a cargo de una comisión “de altísimo nivel” solicitada por el presidente Nicolás Maduro y prometió esclarecer los hechos y que no habrá impunidad.
«Una de las características propias de quienes participamos es no calificar ni lanzar de manera a priori semejantes acusaciones contra personas, tengan o no, un cargo de carácter gubernamental”, dijo cuando un periodista le preguntó sobre las acusaciones públicas que hacen habitantes de Guayana y algunos políticos de oposición contra el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a quien responsabilizan de liderar supuestas mafias del oro.
“No le hace ningún bien a la investigación”, dijo sobre ese tipo de acusaciones.
“Esta comisión, tanto del Ministerio Público como de la Defensoría del Pueblo, ha entrevistado a todos los familiares que han aportado datos al respecto. Creo que lo más prudente en este caso es no interferir como equipo a determinar una u otra hipótesis”, agregó.
“Efectivamente se presume la comisión de hecho punible que tipifican delitos de tipo penal que son sancionados por la legislación venezolana”, insistió al prometer que “las autoridades competentes” y sus voceros darán oportunamente detalles.
“Lo más importante en este momento es una actuación rápida del Estado venezolano y de todas sus fuerzas militares, civiles e institucionales”, dijo sobre el curso de las investigaciones, aunque sin ofrecer más detalles.
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