El estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro el viernes y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (N° 6.227) de este lunes, pone en manos de los Consejos Comunales y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el orden público y la soberanía del país.
El decreto otorga, según el apartado 11 del artículo 2, plenas facultades a los llamados CLAPs (los comités creados por el Ejecutivo para distribuir en ventas directas bolsas de comida con alimentos regulados) para organizar y mantener el orden público junto a militares, policías, consejos comunales y otros brazos del llamado “Poder Popular”.
Los CLAPs que fueron creados por el Ejecutivo a principios de abril de este año, tienen como función original, según Maduro, transformar el sistema de distribución de productos básicos, sobre todo de alimentos, apoyándose en las organizaciones del poder popular, pero ahora se encargarán del “orden público”, como si fuesen policías.
Además de los Consejos Comunales, los CLAPs están compuestas por las UBCH (Las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, UBCh, estructura del PSUV) así como el Frente Francisco de Miranda, organización social que tiene la intención de profundizar los proyectos y las misiones del chavismo.
La nueva labor de los CLAPs recuerda a los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba, sistema vecinal que vigila a los disidentes del gobierno y se encarga de averiguar la procedencia de los bienes de las familias.
En presentación de su último informe sobre Venezuela como Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet "le baja dos" al tono de las denuncias sobre la situación de los prisioneros, ejecutados y torturados por el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro. "Persiste la preocupación por las condiciones en las prisiones de Helicoide y Boleita", dice el informe.
La oposición sostuvo que está lista para retomar "inmediatamente" el proceso de negociación bajo el memorando de entendimiento que firmaron ambas partes en México en agosto pasado, que tenga como objetivo "poner fin al sufrimiento de los venezolanos y lograr el cambio a través del más poderoso instrumento que tiene el ciudadano, el voto"
"La jerarquía eclesiástica es la que tiene que responder frente a eso. Nosotros tenemos abiertos casos con imputaciones, con acusaciones, con condenas contra miembros de la Iglesia que lamentablemente cometieron actos en contra de la familia venezolana", dijo Saab tras una petición de comentario sobre las denuncias
