Larissa González, diputada de Delta Amacuro por la oposición, calificó este viernes de inconstitucional el decreto emitido por la gobernadora de esa entidad, que prohíbe por 24 horas las manifestaciones en la capital Tucupita.
González, en declaraciones a medios locales, aseguró que la medida dictada por la gobernadora Lizeta Hernández viola la Carta Magna, en reacción a las 18 protestas simultáneas ocurridas por falta de comida y la manera en las que son distribuidas las bolsas CLAPS del gobierno.
La orden de la gobernación viola los artículos 62, 67 y 68 de la Constitución, añadió la legisladora por Delta Amacuro.
Según González hay 153 detenidos por las protestas, entre ellos menores de edad, y adultos que permanecen amarrados.
Por su parte, el diputado por la oposición, José Guerra, afirmó que hay tres muertos por estas manifestaciones.
Larissa González también denunció que los funcionarios militares utilizaron armas de fuego y sustancias tóxicas para reprimir las manifestaciones.
La gobernadora Lizeta Hernández, calificó las protestas de «vandalismo disfrazado de hambre», y denunció «conatos de saqueo».
La situación este viernes está en «total paz», según la autoridad.
El Ministerio Público informó a través de su cuenta en la red social Twitter @MPvenezolan que envió una comisión para verificar las protestas por comida registradas en Tucupita.
“Se envió una comisión de directores y fiscales de Delitos Comunes y Derechos Fundamentales para atender situación irregular en Tucupita”, indica el tuit.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
Gremios de docentes y de otros trabajadores al servicios del Estado demandan la liberación inmediata del profesor Víctor Venegas, preso en Barinas bajo acusaciones de "actividades contra la paz de la República".
En Caracas y en varias ciudades de todo el país los maestros, profesores y personal administrativo adscritos al ministerio de Educación salieron a la calle a manifestar por la firma de su contratación colectiva. Demandan un aumento del salario a $552 mensuales.
