Fiscalía acusa de corrupción a 2 empresarios y 4 funcionarios públicos
Dos empresarios y cuatro funcionarios públicos serán enjuicidados por delitos de corrupción con alimentos importados por el Estado venezolano, informó el Ministerio Público (MP).
Los empresarios Mariano Crespo González y Andrés Haiek Ruiz van a juicio por estar presuntamente involucrados en la obtención, distribución y comercialización irregular de más de 100 mil reses importadas por el Gobierno nacional con divisas preferenciales.
El MP corroboró que ambos operaban con cuatro compañías tipo maletín, registradas con un mismo domicilio fiscal, con las cuales recibían reses propiedad del Estado, que luego de ser procesadas, eran desviadas a restaurantes privados, en lugar de ser distribuidas a la población, como era su fin.
Por ello, el MP imputó a Crespo y a Haiek de los delitos de concierto con contratista, boicot y asociación para delinquir. Sin embargo, el Tribunal 21º de Control del Área Metropolitana de Caracas sobreseyó los dos últimos delitos y los empresarios irán a juicio por la causa de concierto con contratista.
En el caso de los funcionarios públicos, los cuatro fueron imputados por delitos de corrupción con el dinero derivado de las múltiples jornadas de mercados a cielo abierto efectuadas en distintos sectores caraqueños, reseñó una nota del MP.
El expresidente de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), Heber Aguilar, fue imputado por los delitos de evasión de procesos licitatorios, concierto con contratistas, boicot y asociación para delinquir.
La exadministradora de Cval, Bárbara Neidi, fue imputada por peculado doloso propio, agavillamiento y lucro indebido en actos de la administración pública.
El exdirector nacional de distribución de Cval, Johanis Ascanio, fue imputado los delitos concierto con contratista, boicot y asociación para delinquir, y la expresidenta de Abastos Bicentenario, Bárbara Estela González, por peculado de uso.
Todos los ciudadanos, aprehendidos en enero en diferentes operativos, están sujetos a medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, aseguramiento de bienes y el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias. Serán juzgados por el Tribunal 21º de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Cinco de los seis imputados se encuentran recluidos en diversos centros penitenciarios del país, salvo Bárbara González, que mantiene medidas cautelares de presentación periódica cada ocho días.
