En medio de las protestas realizadas a lo largo y ancho del país en las últimas semanas, la canciller Delcy Rodríguez pide una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) para "tratar las amenazas contra el orden democrático" de Venezuela y la injerencia extranjera
Venezuela solicitó este martes, con «carácter de urgencia», una reunión extraordinaria de los cancilleres del Celac para denunciar «la violencia opositora», en medio de la crisis política que vive el país caribeño.
El Gobierno de Nicolás Maduro pidió a El Salvador, que ejerce la presidencia pro témpore del foro regional, «que convoque de manera urgente una reunión Extraordinaria de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Celac, en un país a convenir», dijo en una misiva la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, publicada en su cuenta de Twitter.
El único tema de la agenda solicitado por Venezuela es: «Tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, así como las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación», indica la carta dirigida al canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
La solicitud se hace en medio de un clima de agitación por una ola de protestas antigubernamentales y hechos violentos que han dejado hasta hoy un saldo oficial de 26 muertos, más de 400 lesionados, y más de un millar de detenidos.
El Gobierno ha acusado a la oposición de promover la violencia que ha causado estas muertes, varias de ellas en manifestaciones opositoras y oficialistas, provocadas por civiles armados.
En las últimas tres semanas la oposición ha convocado más de una decena de manifestaciones que se han replicado en varias ciudades del país para pedir la restitución de la supuesta ruptura del orden constitucional, y revivir además su reclamo de la celebración de elecciones para un cambio de Gobierno.
Varias de las manifestaciones han degenerado en focos de violencia, choques con los cuerpos de seguridad, y vandalismo.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
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