I acto: Los personajes
En este sentido, el gobierno apostó por sus cuadros duros y claro está: radicales. Muchos fueron electos cómo diputados y abandonaron su curul. Tales son los casos de Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Diosdado Cabello y Loengri Matheus. Entre los ministros, destacan Delcy Rodríguez, Aristóbulo Isturiz, Elías Jaua y Carmen Meléndez.
También está la Primera Dama, Cilia Flores, en lo que significa una especie de retorno al mundo «activo» de la política.
Estás inscripciones pudiesen parecer obvias a simple vista pero conllevan varios aspectos a tener en cuenta.
De acuerdo a las propias bases anunciadas por el Presidente Maduro, ni ministros ni diputados ni presidentes o directores de organismos y empresas estatales podrían aspirar a ser constituyentes sin separarse de sus cargos.
Esto, en la mayoría de los casos, no ha ocurrido. Una excepción es Eulogio del Pino, quien puso su cargo a la orden para participar en este proceso convocado por el Ejecutivo.
Otro detalle a tener en cuenta es que, estos postulados ya dan visos de qué se discutirá en esta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La mayoría de las propuestas parecieran más pases de factura políticas.
Diosdado Cabello adelantó que esta instancia debe «inhabilitar políticamente y de por vida» a los dirigentes opositores que han convocado a lo que según él, son actos de violencia.
También ha hecho referencia a la Fiscalía y «voltearla como una media».
En este punto, Mario Silva, inscrito también para este proceso en el sub sector de Prensa, ha señalado que propondrá que el cargo de Fiscal sea electo y no designado y que pueda someterse a un referendo «si no cumple sus funciones».
Mientras que el abogado constitucionalista y quien fue miembro de la comisión presidencial para la Constituyente, Hermán Escarrá, sostuvo que esta instancia podía hacer que cesen en sus funciones los otros Poderes constituidos.
En esta misma «onda», Cabello ha reiterado que ningún Poder podrá oponerse a las decisiones de la Constituyente, como plasma el artículo 349 Constitucional.
Políticamente, por allí irían los tiros de un proceso que estaría a poco más de cuarenta días de realizarse.
Esta lista de candidatos, se le suman Oswaldo Rivero, Ricardo González, Fidel Madroñero conductores del programa «Zurda Konducta».
Ellos también han ofrecido sus «propuestas», la mayoría en torno a los medios y los «comunicadores populares».
II acto: La buena, la mala
Uno de estos actos, quizás el de mayor relevancia, ha sido la incursión en escena de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en tiempo «exprés» pasó de ser la «buena» para unos y la «mala» para otros.
Ella, como buena estratega, está manejándose cuidadosamente por varios frentes.
Un ejemplo es el recurso contencioso electoral de nulidad conjuntamente con Amparo cautelar y subsidiariamente, con medida cautelar innominda de suspensión de efectos contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas a la Constituyente, que introdujo el pasado jueves ante la Sala Electoral y declarado inadmisible por «inepta acumulación de pretensiones».
Este recurso no incluía los decretos presidenciales como sí lo hizo un grupo de abogados ante la Sala Político-Administrativa, la cual declinó su competencia a la Sala Constitucional.
Pero, ¿por qué la Fiscal acudió a la Sala Electoral y no a la Constitucional? Una hipótesis caminaría sobre el hecho de que la Sala Constitucional podrían ser eventuales querellables por ella en posible antejuicio.
De hecho, la Fiscal, realiza este lunes, una nueva jugada: impugnar el nombramiento de 13 Magistrados principales y 20 suplentes.
Esto es un escenario nunca visto en el Tribunal Supremo de Justicia por cuanto se supone, que, al recusar Magistrados principales, se constituyen una Sala Accidental con los suplentes pero, al estar impugnados todos, ¿qué pasa con el TSJ?.
Esta declaración de la Fiscal sobre la cual, admite que la designación de estos Magistrados en diciembre de 2015 no cumplió los parámetros legales y «ha contribuido al clima» que vive el país, allana el camino y refuerza la tesis de la Asamblea Nacional, quien, ni corta ni perezosa, activa el Comité de Postulaciones.
Eso en lo inmediato. Pero hay muchas más preguntas que respuestas.
¿Por qué la Fiscal espero un año y medio para decirlo? ¿Por qué espero un año y medio para dar a conocer que no había firmado tal designación y que no tenía acceso a las actas del Consejo Moral, del cual forma parte? ¿Por qué no ejerció ningún recurso contra todo esto?
Preguntas que pudieran responderse solas bajo aquella premisa de que, el Problema no es jurídico sino político. Y allí, el «timing» pareciera serlo todo.
III acto: El Objeto
La Constituyente tiene también muchos frentes de acción. Es, para los oficialistas, ese plato de comida o postre por el que la gente muere por probar.
Es un «lienzo en blanco», no sólo políticamente sino también económicamente.
En 2007 cuando el fallecido Hugo Chávez proponía una Reforma, la campaña opositora se concentró en el derecho a la propiedad privada y cómo está se vería afectada.
El oficialismo se burló y aún hoy, señala que era una especie de «coco» con el que la oposición infundía miedo a sus seguidores. Pero ese «coco» no parece serlo tanto ahora.
Parte de los objetivos de la Constituyente, dicho por propios voceros oficialistas, es el de darle carácter constitucional a la propiedad comunal. Avanzar en el hecho de que las comunas sean las que ejerzan el control de fábricas e industrias, lo que, obviamente desdibuja la propiedad privada.
En esto no se ha insistido mucho.
El argumento gubernamental ha sido el de «democratizar los bienes de producción y distribución» así como «frenar» lo que han llamado «guerra económica».
En este sentido, se habla del control por parte de comunas y los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), del sistema de distribución de alimentos y medicinas.
Lo que también suma más interrogantes.
¿Quién y cómo se determina cuando una propiedad es privada o comunal? ¿Bajo qué parlamentaria funcionará?
Esto sin contar que la Constituyente podría, en el plano político, cambiar la distribución por estado lo que generaría cambios electorales de cara unas regionales previstas para diciembre.
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