Cedice Libertad presentó un anteproyecto de ley que plantea la restitución de bienes expropiados o, en su defecto, la compensación económica a sus propietarios, con el objetivo de atender unos 2.500 activos intervenidos en el país
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) presentó un anteproyecto de ley para establecer un mecanismo de restitución y reparación de bienes que fueron expropiados, nacionalizados, estatizados o invadidos en Venezuela durante las últimas décadas.
La propuesta busca atender los reclamos de propietarios de empresas, unidades agrícolas, haciendas y otros activos que fueron tomados por el Estado o que quedaron bajo su administración, así como aquellos que dejaron de operar o fueron desmantelados después de las intervenciones.
Según explicó la gerente general de Cedice, Rocío Guijarro, el proyecto no se limita a devolver físicamente los bienes. También contempla una vía de compensación para los casos en los que la restitución no sea viable.
La iniciativa plantea que una comisión evalúe la situación de cada activo reclamado. El primer paso sería determinar el estado actual del bien: si continúa bajo administración estatal, si mantiene alguna actividad productiva o si fue paralizado, deteriorado o desmantelado.
Si el activo puede ser recuperado, la propuesta apunta a que sea restituido a su propietario original. Pero, si la devolución no es posible, la comisión tendría que negociar con el afectado una compensación económica.
Ese cálculo buscaría considerar las pérdidas patrimoniales, operativas y financieras que sufrió el propietario tras la toma del bien, de acuerdo con lo expuesto por Cedice.
“Si un bien te lo quitan y era productivo en ese momento y dejó de funcionar, yo como propietario quisiera saber en qué estado está mi bien y cómo puedo hacer para recuperarlo. Y si no lo puedo recuperar, esa comisión tendría que negociar con esa persona y hacer un cálculo económico”, dijo Guijarro en una entrevista con Unión Radio.
El anteproyecto incluye activos que fueron objeto de expropiación, estatización, nacionalización o invasión. Cedice sostiene que estos procesos no siempre cumplieron con las condiciones de una expropiación formal, que implica una causa de utilidad pública y una indemnización al propietario.
Guijarro calificó muchas de estas acciones como “vías de hecho”, al considerar que se trató de tomas arbitrarias de bienes sin el debido proceso ni el pago correspondiente.
La organización estima que unas 2.500 empresas y unidades de producción agropecuaria fueron afectadas por estos procesos. El registro incluye compañías industriales, comercios y haciendas que pasaron a manos del Estado o que posteriormente dejaron de operar.
Cedice busca que el documento sea remitido a la Asamblea Nacional para que pueda ser evaluado en una eventual discusión legislativa.
Para la organización, una ley de restitución y reparación permitiría crear reglas para resolver los reclamos sobre propiedad privada, reconocer los daños causados por las intervenciones y avanzar en la recuperación de activos que antes eran productivos.
La propuesta también apunta a reforzar la seguridad jurídica, un elemento que Cedice considera necesario para recuperar la confianza de inversionistas y promover la reactivación de sectores productivos.
El anteproyecto toma como referencia experiencias de países como Nicaragua, Chile y Hungría, donde se implementaron mecanismos para devolver bienes o compensar a propietarios afectados por procesos de confiscación, nacionalización o estatización.
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Cedice, asociación civil comprometida en la defensa de la libertad individual, la iniciativa privada y el respeto a los derechos, se suma a conmemorar el día Mundial de la Propiedad Intelectual, dedicado este año al papel de las mujeres en este campo.
Los 1.629 millones que el Ciadi ordenó pagar a Agroisleña en marzo son apenas el último caso de una larga lista de abusos de poder que le han salido caros a la República. El “socialismo del siglo 21” ha hecho 5.500 expropiaciones en 23 años, pero solo una fracción mínima pasó a tribunales internacionales: 59, para ser exactos
