La Asociación Internacional de Fiscales repudió este martes el procedimiento judicial abierto en Venezuela contra la fiscal general, Luisa Ortega, que consideró una maniobra "arbitraria" para destituirla.
Según un comunicado, la organización (AIP, por sus siglas en inglés) «condena sin reservas las acciones arbitrarias lanzadas contra» Ortega, declarada chavista convertida en la más fuerte crítica del presidente Nicolás Maduro.
La AIP se declaró «conmocionada» por lo que tildó como «un proceso diseñado para garantizar su separación del cargo», y lamentó las medidas tomadas contra ella, como la prohibición de salida del país y congelación de bienes y cuentas bancarias.
La AIP, con representantes en 170 países, exigió a las autoridades «restablecer inmediatamente todas las funciones» del Ministerio Público y garantizar «la seguridad personal» de la funcionaria.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó este martes una audiencia contra la fiscal, acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de «mentir» al asegurar que no avaló la designación de 33 magistrados en 2015 por la anterior mayoría parlamentaria chavista.
La corte decidirá en un lapso de cinco días si incurrió en «falta grave» que ameriten la remoción de Ortega, quien rechazó comparecer a la audiencia al considerar al tribunal «inconstitucional e ilegítimo».
Según la AIP, Ortega «se ha enfrentado a abusos por parte de figuras públicas de alto nivel» y «sus esfuerzos para investigar violaciones de derechos humanos han sido frustrados».
El TSJ, acusado por la oposición de servir a Maduro, anuló citaciones de la Fiscalía contra dos generales por presuntas violaciones de derechos humanos y otorgó funciones de investigación penal a la oficialista Defensoría del Pueblo.
La IAP señaló que ello representa una «reducción» de las atribuciones del Ministerio Público y consideró a Ortega como víctima de «una campaña sostenida de difamación e injerencia».
La Asociación de fiscales ofreció llevar el caso a la relatoría especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales.
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