Rodríguez dijo que lo que busca este aparato jurídico es la “reparación del mal funcionamiento del poder que tienen como objetivo garantizar los derechos de los venezolanos” y explicó que la figura legislativa podrá “tomar medidas sobre el funcionamiento de los órganos de poder público”.
«El decreto Constituyente con normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la ANC en armonía con los poderes públicos constituidos, es una norma dirigida a la convivencia con los poderes públicos», enfatizó sobre las funciones del cuestionado organismo.
Asimismo, afirmó que con estos mecanismos, ningún organismo del Estado podrá oponerse a los actos emanados de la ANC “y todos tienen el deber de hacerlos cumplir”.
A pesar de estas declaraciones, las primeras medidas de la constituyente cuestionada por el Parlamento y por más de una docena de países, fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Comisión de la verdad
Rodríguez agregó que también se publicó el decreto que regirá las labores de la comisión de la verdad, que buscará «información sobre los hechos de violencia política registrados desde 1999».
«No solamente estamos atendiendo el pasado, estamos previniendo que en el futuro ocurran nuevamente estos hechos de violencia política, por eso este es un instrumento para la sanación del pueblo venezolano. Es importante determinar y declarar la responsabilidad moral y política de los presuntos responsables de estos crímenes, y reparar a las víctimas. Es importante que el país sepa lo que ha ocurrido y por qué ocurrió», detalló.
Rodríguez agregó que esta comisión de la verdad tendrá una duración de 11 meses y «sus integrantes gozarán de inmunidad y demás prerrogativas, así como acceso a todos los archivos existentes, con el fin de garantizar el máximo avance de las investigaciones».]]>