En un informe publicado el miércoles, la Acnudh señala al presidente Nicolás Maduro de aplicar “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” que cobraron fuerza entre abril y julio de 2017.
Pero el Gobierno venezolano –en su afán de encubrir los excesos cometidos por sus fuerzas de seguridad para dispersar las protestas y silenciar a su disidencia– calificó de infundado y manipulado el documento, afirmando que «ha sido elaborado sin mandato alguno, dado que no ha mediado ninguna solicitud formal de los órganos intergubernamentales competentes de Naciones Unidas».
El equipo especializado aseguró, por su parte, que nunca recibió respuesta gubernamental a su solicitud para entrar al país a evaluar la situación de los derechos humanos en el territorio. Sin embargo, mediante contactos a distancia, la organización reunió más de 135 entrevistas con víctimas, familiares y expertos en el área legal.
En El Estímulo presentamos los datos de las denuncias que recabó la ONU y que Nicolás Maduro niega:
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