Algunos tienen mayor conocimiento, usan términos jurídicos y hablan sin vacilar. Otros no lo dicen educadamente, pero todos están convencidos de que los jueces están subordinados a los fiscales. Preguntan de qué trata el trabajo periodístico, si en el medio pueden publicar sus denuncias y al tener una respuesta afirmativa enseguida comienzan a hablar. Se interrumpen unos a otros. Cuentan sus casos, el tiempo que tienen esperando juicios, decisiones, noticias. Pocos reconocen que hicieron mal, la mayoría pide que se respeten sus derechos y que se aplique el Plan Cayapa efectivamente.
El retardo procesal, hacinamiento y las enfermedades con las que conviven son una consecuencia más de esta realidad, aseguran los detenidos. “Aunque no estemos en centros penitenciarios formales seguimos estando presos y es responsabilidad del Ministerio Penitenciario ayudarnos”, dijo Carlos, uno de los afectados.
Son muchos casos. Carlos Alberto Romero, de 44 años, detenido por tráfico y ocultamiento, dijo que tiene una pena de 8 años y 3 meses y hasta el momento ha pasado por cinco juicios interrumpidos. Otro preso contó que está enfermo y que siempre pierde las citas médicas por los retrasos en las boletas. Johan José Quijada tiene 2 años y 5 meses privado de libertad, una pena de 4 años, se queja porque violan sus derechos al debido proceso. Aún espera la evaluación psicológica que le corresponde. Un joven tiene 9 meses esperando preliminar y otro 5 meses esperando la apertura de juicio.
“Pareciera que les tienen miedo y que les pagan por dejarnos presos en vez de por resolver los casos. Toman los casos como si fueran personales, como si conocieran a las supuestas víctimas, y no por lo que dictan las leyes. Aquí no se sabe quién toma las decisiones, los jueces o los fiscales. Para nosotros ellos son los que mandan, lo hemos visto, y por no perder el trabajo o quizás la vida hacen lo que les dicen. La petición es que trabajen efectivamente, en algún momento eso que nos están haciendo se les va a revertir”, comentó uno de los reclusos, quien prefirió no revelar su nombre para evitar “más represalias”.
Hay un adolescente de 14 años, detenido por violación, que ya va a cumplir seis meses preso y no ha recibido su evaluación psicológica. Además, se mantiene en el mismo espacio que los otros reclusos. José Guitens, de 40 años, es profesor y asegura que tiene 10 meses preso, esperando la apertura de juicio. “Me llevaron sin realizar pruebas forenses. Me violaron todos los derechos jurídicos. Se perdió el expediente, no existe prueba anticipada, falsifican las firmas. La justicia en Venezuela está cargada de muchas irregularidades”.
También está detenido el abogado José Gregorio Rodríguez, de 49 años, quien ofreció una clase magistral de lo que ocurre en el sistema según su experiencia y conocimiento. “Lo primero que debo decir es que hay muchos retrasos, ineficiencia en el sistema, exceso de la calificación jurídica porque no corresponde con los delitos y acusaciones. El Ministerio Público tiene subordinados a los jueces en los momentos procesales, en las audiencias, imputación, preliminar y en los juicios. La Fiscalía hace valer su posición vulnerando los derechos humanos y constitucionales. La tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, el debido proceso. Nada se cumple. Violan flagrantemente el debido proceso”, aseveró.
Rodríguez indicó que toda la situación ha empeorado porque en el año 2013, el Estado venezolano les quitó la titularidad a los jueces. En la actualidad son de carácter provisorio: “pueden ser removidos y desplazados en cualquier momento”, por lo que considera, al igual que sus compañeros de reclusión, que en todo momento estén cuidando su estabilidad laboral, “subordinándose a las pretensiones del Ministerio Público (MP) y a la mano política”. “Yo soy víctima de eso”, dijo.
“Un ejemplo, la víctima que denuncia a su agresor por violencia de género y el día de los hechos debe declarar ante 5 funcionarios públicos diferentes, cuentan agresiones o violencia física y sin estar individualizado el testigo, el MP califica excesivamente con algo tan gravoso como la violencia sexual. Responsablemente digo que el juego es dejar privada de libertad a la persona para que con el tiempo, producto del retardo procesal, los abusos en la administración de justicia, del desgaste familiar, económico y emocional, se vea obligado a admitir el hecho del que le acusan. Y a todo esto se suma que hay una irresponsabilidad excesiva de la Defensoría Pública”, sentenció.
Otro preso comentó que siempre difieren las audiencias por motivos insignificantes o por falta de alguno de los responsables del caso. Hacen el traslado al Palacio de Justicia y si algún juez o fiscal no ha llegado de almorzar o de sus vacaciones, pierden la audiencia y deben esperar dos meses más para que con suerte les asignen una nueva fecha.
Hasta el momento se tiene conocimiento de que en las policías de Mariño, Arismendi y Maneiro tienen a 109, 12 y 43 detenidos, respectivamente. Todos en condición de hacinamiento. Esto se repite en casi todos los calabozos de la entidad ubicados en las estaciones policiales y militares aunque no suministran las cifras oficiales. En las bases de la policía del estado en Pampatar, Maneiro; Los Cocos y Ciudad Cartón, en Mariño; y La Asunción, Arismendi; al igual que en el Cicpc de Porlamar tienen la mayor cantidad de detenidos, de acuerdo con las informaciones suministradas por varios funcionarios.
Las autoridades han denunciado que esta situación pone en peligro tanto a los privados de libertad, como a los funcionarios que deben custodiarlos por no contar con los recursos, instalaciones adecuadas, ni suficiente personal, lo que también arriesga la seguridad de los ciudadanos en la calle. A esto se suma que recientemente el coordinador de la Gran Misión Justicia Socialista en Nueva Esparta, general Luis Irazábal, comandante de la Zona 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, quien informó que en la última semana detuvieron a 128 personas que incurrieron en diversos delitos. Estas fueron puestas a la orden de la Fiscalía y serán distribuidas en las bases policiales pese a la condición en la que se encuentran porque en el estado no hay un centro penitenciario habilitado para recibirlos.
Los directores de los comandos policiales, donde los reclusos deben pasar máximo 48 horas, ratificaron que han elevado estas denuncias a todas las instancias sin obtener alguna respuesta. Varios de ellos ya cumplieron tres años en estos espacios. También confirmaron que efectivamente casi todos son atendidos por abogados privados, pues los defensores públicos aparecen en muy pocas ocasiones.]]>
