Durante la presentación de su informe anual 2017, el coordinador general de Uval, Carlos Nieto Palma, reveló que la población en los 198 centros de detención preventiva que hay en el país existe un estimado de 987 son mujeres, 182 menores de edad, 106 son extranjeros, 186 son personas que padecen enfermedades crónicas y 18 son personas pertenecientes a la población Lgbti.
El informe también denuncia que las cárceles preventivas vulneran varios derechos fundamentales como servicios higiénicos, áreas recreativas, áreas de visitas, agua potable, recolección de basura, servicio médico, entre otros.
La ONG reflejó en el escrito que, bajo estas condiciones, los detenidos no cuentas con las condiciones físicas optimas, sufren de varias enfermedades estomacales y han aumentados los conflictos entre los internos por falta de espacio en los recintos.
También criticó la labor del ministerio de Servicios Penitenciarios por no cumplir con los establecido en el Código Orgánico Penitenciario para garantizar los derechos fundamentales de los presos.
Una Ventana a la Libertad realizó el estudio con información recopilada entre enero y diciembre del año pasado.
Lea el informé aquí