La magnitud de la tragedia que se registró en los calabozos de la Policía de Carabobo ahora es que la sienten muchos familiares con mayor ímpetu. Al paso de cada día, caen en cuentan de que ya no verán más a sus hijos, esposos, hermanos, a quienes tenían allí tras las rejas y que murieron en el motín e incendio en el retén de la calle Navas Spinola de Valencia, el miércoles 28 de marzo.
Pero también aparecen más los sentimientos de rabia y frustración. La enorme interrogante que tienen es por qué sus parientes fallecieron de esa forma tan dantesca.
“¿Acaso esto es obra del Maligno? ¿Cómo se explica?” Fue la pregunta que se hizo una madre cristiana que aguardaba a las afueras de la Fiscalía del Ministerio Público ubicada al norte de Valencia, junto a otros familiares que llegaron a introducir este 2 de abril un documento en el que exigen que se investiguen a profundidad los hechos y “se determine la responsabilidad penal, tanto individual como institucional, de los autores y cooperadores de la comisión de este delito grave”.
El diputado Carlos Lozano, presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, acompañó a los afectados en esta acción. Dijo que la justicia tiene que prevalecer.
“En Venezuela la pena de muerte no está establecida. El derecho a la vida y la dignidad está consagrado en la Carta Magna. Nosotros los diputados hemos advertido del tema del hacinamiento en toda Venezuela y en particular en Carabobo. Tenemos audiovisuales donde denunciamos la presencia exagerada de detenidos en espacios como baños, oficinas, amarrados, en lugares no propios para la detención. El artículo 272 de nuestra Carta Magna fue violado nuevamente”, insistió Lozano.
El parlamentario aseveró que algunas víctimas “de esta masacre” tenían hasta cinco años esperando por sus traslados. Inclusive en uno de los casos no efectuaron la movilización porque el detenido no tenía la cédula de identidad y ese documento debe proporcionarlo el Saime, que también es un organismo gubernamental. “Es una cadena burocrática”, subrayó.
Lozano además solicitó la presencia de la Ministra de Servicios Penitenciarios: “Señora ministra Iris Varela, venga a Carabobo”. Al decir esto los familiares presentes gritaron pidiendo que “dé la cara”.
La misma petición hizo para otros ministros cuyas áreas tienen competencia con el tema de los presos y al gobernador de la entidad, Rafael Lacava.
Lozano dijo que este martes 3 de abril pedirá un derecho de palabra para los familiares de las víctimas en la sesión de la AN en Caracas.
Por su parte, Neidy Rosal, jefe de la fracción opositora del Consejo Legislativo de Carabobo, informó que solicitó un derecho de palabra en el organismo para la sesión ordinaria del día martes.
“Está dentro de sus competencias (del Consejo Legislativo) el nombramiento de una comisión especial para la apertura de una investigación, donde deben ser citados todos los responsables (…) Cuando una persona está en un retén policial está bajo la custodia del Estado y éste debe garantizar la vida”, explicó Rosal.
“El hecho de que ellos estén privados de libertad, no les da derecho a los representantes del Estado a matarlos como unos perros. Fueron asesinados, fueron ajusticiados, no solamente fueron quemados. Hay muchos internos con heridas de bala. Queremos justicia, que se esclarezcan estos casos”, resaltó Wilcar González, familiar de uno de los muertos.
Asimismo agregó: “Quién les garantiza a ellos sus vidas si están en esos recintos donde hay hacinamiento, la corrupción era total (…) todo es burocrático. En el Palacio de Justicia todo es dinero, ellos necesitan que sus procesos sean agilizados (…) todo es por dinero, por una visita te cobraban, por pasar una comida te cobraban”.
A las afueras de la Comandancia de PoliCarabobo, este lunes a media mañana continuaban familiares buscando información y esperando los cuerpos de algunos de los muertos.
María Rivas aguardaba por la información sobre el examen especial en la dentadura de su hermano, Jesús Antonio Rivas, que quedó calcinado completamente y ello complica la identificación.
Mientras transcurría el momento se unió a dos personas más que pintaban una pancarta para pedir justicia por los responsables de esta mortandad de 68 personas: 66 presos y dos mujeres que pernoctaban allí en los calabozos.
“Dijeron que hoy nos daban noticia. Los compañeros de celda dijeron que ellos mismos los sacaron cuando él murió”, dijo Rivas que es ama de casa y madre de dos niños pequeños.
La mujer añadió que su hermano, cuando se armó la trifulca y tiroteo -que asegura que hubo- logró llamar por teléfono como a las 8:00 AM a su mamá y le advirtió que no se acercaran a PoliCarabobo.
Jesús Antonio Rivas, de 33 años de edad, estaba preso desde diciembre de 2017. Dejó un niño huérfano de dos años de edad. Estaba residenciado en el barrio Miguel Aché en Valencia. Se dedicaba al comercio. “Vendía jugos, vendía lo que podía”, explicó.
En la ventanilla donde los familiares entregan la comida, este lunes se escuchó a uno de los presos responder desde la pequeña reja de la celda, que desconocían si harían traslados hacia penales. “Aquí lo que se escucha es Plan Cayapa, Plan Cayapa, Plan Cayapa, eso es todo”, dijo.
El Plan Cayapa es un mecanismo para evaluar las causas y el estatus de cada juicio de los detenidos y agilizar los procesos judiciales. Además, según ha dicho la ministra Varela, también revisan las condiciones de salud de los privados de libertad, con miras a otorgarles beneficios, si fueran necesarios.
Juan Miguel Matheus, diputado a la AN por Carabobo, se pronunció sobre los hechos sucedidos en los calabozos de la policía estadal.
Matheus que es integrante de la Comisión de Política Interior del Parlamento, recalcó que existe una grave crisis de corrupción en el sistema de justicia venezolano.
“Las causas estructurales de la masacre que ocurrió en Carabobo son el retardo procesal, el hacinamiento carcelario, la impunidad, el desmantelamiento de las policías estadales y municipales, la falta de políticas de control de armas y la corrupción total en el sistema de justicia”, subrayó.
Dijo que propondrán ante la AN la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el sistema penitenciario venezolano, así como la creación de una comisión especial de investigación para esclarecer los hechos de Carabobo y el voto de censura para la destitución de Iris Varela como ministra para el Servicios Penitenciarios.]]>
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