«Es un espacio de trabajo donde semanalmente vía Skype hay reuniones con el resto de magistrados, como también lo hay en Colombia, Chile y en distintas ciudades de Estados Unidos», explicó el magistrado venezolano Rommel Gil, que actualmente vive en Estados Unidos.
La oficina se encuentra en la sede de la Comisión Panameña de los Derechos Humanos, en el barrio financiero de la capital, y será el centro de trabajo de los cuatros magistrados venezolanos que tienen asilo político en el país centroamericano: Gustavo Sosa, Manuel Antonio Espinosa, José Sabino y Milton Ladera.
Gil explicó en una rueda de prensa celebrada en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá que el tribunal «legítimo» al que pertenece celebra semanalmente «sesiones ordinarias» vía Skype y cada 15 días «sesiones plenarias».
El magistrado compareció en calidad de portavoz de sus compañeros residentes en Panamá, que no pueden intervenir en actos públicos por su condición de asilados, y rehusó responder explícitamente a la pregunta de los periodistas de si cuentan con la autorización del Gobierno panameño para sesionar en el país.
«Cuando usted le da el asilo a unos magistrados en Caracas, ya hay un reconocimiento, el cual agradecemos a todos los gobiernos que nos han brindado asilo político», indicó.
Tanto Gil como los cuatro magistrados asilados en Panamá forman parte del grupo de 33 magistrados designados en julio pasado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que iban a reemplazar a 33 jueces en ejercicio de esa instancia considerados al servicio del Gobierno y en cuyo nombramiento hubo presuntas irregularidades.
Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente no los ratificó y los jueces abandonaron Venezuela después de que el presidente Maduro anunciara que irían presos «uno por uno».
El 13 de octubre pasado, 18 de ellos se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
«No somos políticos, no somos los magistrados ni de la MUD (la principal coalición opositora) ni del Gobierno, somos los magistrados de la República», afirmó Gil.
Una docena de miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) organizó una protesta a las puertas del Colegio Nacional de Abogados de Panamá para denunciar que la apertura de la oficina del supremo en el exilio «atenta contra la soberanía del país» y es fruto de la «injerencia política de la OEA»
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En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que el gobierno de Panamá no le renueva autorización para ayudar a atender la crisis humanitaria en el Darién, por donde cada mes pasan miles de migrantes rumbo a EEUU, la gran mayoría venezolanos. Las víctimas de delitos graves también aumentan con este tráfico humano.
Los incidentes comenzaron en la madrugada por una discusión entre dos mujeres migrantes y derivó en la quema de edificaciones modulares y vehículos. Fueron identificados y retenidos unos 44 migrantes
