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Exilio

VIDEO | Cinco militares venezolanos desertan y cruzan a Colombia

Un teniente y cuatro sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana desertaron de sus cargos y solicitaron asilo al gobierno colombiano este 23 de febrero, fecha pautada para el ingreso de la primera etapa de la ayuda humanitaria organizada por la comunidad internacional y la Asamblea Nacional.

Venezuela en la hora de todos

El aterrizaje del componedor Rodríguez Zapatero y la reanimación de las agrupaciones peleles de la dictadura presagian una nueva farsa hecha de diálogo y elecciones amañadas a fin de año

TSJ en el exilio emite orden de captura contra Nicolás Maduro

Desde el exilio, el Presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Martín Tortabu hizo uso de su cargo para emitir una orden de captura al presidente Nicolás Maduro en donde autorizó al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) proceder con el procedimiento.

Venezolanos en el exilio realizaron homenaje a Óscar Pérez y su grupo

Grupos del exilio cubano y venezolano de Miami homenajearon este miércoles a los sublevados que murieron el pasado 15 de enero en la "masacre del Junquito" (Caracas, Venezuela), donde un operativo policial abatió a siete alzados encabezados por el expolicía Óscar Pérez.Fue un "crimen de guerra en el que (los sublevados) fueron asesinados con saña, un crimen y una clara violación de los derechos humanos", aseguró a Efe Roderick Navarro, coordinador general del grupo del exilio venezolano Rumbo Libertad, organizador de la concentración en "memoria de los asesinados".

En la conocida como "Masacre del Junquito" murieron Pérez y cinco personas más: Abraham Lugo, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo y una mujer, Lisbeth Ramírez, que se hallaba en estado de gestación.

A la concentración de este miércoles, en la que participó la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición integrada por una treintena de grupos del exilio cubano, le seguirá otro homenaje a los muertos en la "Masacre del Junquito" que tendrá lugar en Londres el próximo 12 de febrero, explicó.

Para Navarro, no cabe la menor duda de que se trató de un "asesinato criminal y cruel" realizado por un operativo policial ordenado por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para "destruir el lugar y acabar con sus vidas".

Opinó que las imágenes del asalto grabadas en directo a través de las redes sociales por Pérez y otros testigos muestran que se trató de un asesinato extrajudicial, con los alzados rendidos y acribillados.

De hecho, apuntó el activista venezolano, en el ataque a la casa situada en una zona de El Junquito, al noroeste de Caracas, participó uno de los 'colectivos' (grupos paramilitares armados) "financiado y armado por el régimen de Maduro para asesinar a los sublevados. Ese era el objetivo", afirmó.

La Iglesia católica llamó "horrible masacre" a lo ocurrido y más de 20 expresidentes de España y Latinoamérica condenaron rotundamente el operativo, que ha conmovido a muchos venezolanos.

La resistencia venezolana en el exilio quiere que esta denuncia que rinde hoy tributo a los abatidos en El Junquito llegue a instancias internacionales y contribuya a mostrar la "naturaleza" de un "régimen cimentado en la promoción del narcotráfico y el terrorismo islámico y apuntalado por el castrismo", dijo.

La denuncia, añadió Navarro, se ha presentado ya ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, "está muy consciente de esta violación de los derechos humanos y crimen de guerra".

En cuanto a la reunión por tercer día consecutivo que mantienen en la República Dominicana el Gobierno venezolano y la oposición, el disidente venezolano afirmó que ningún acuerdo que pueda salir del encuentro va a resultar favorable para la población venezolana.

Calificó a la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de "falsa oposición" y se mostró convencido de que los frutos de ese diálogo solo satisfarán "los intereses" de los primeros y del "régimen para mantenerse en el poder", nunca de los venezolanos. 

Smolansky advierte que gobierno de Maduro es una amenaza para Latinoamérica

El régimen de Nicolás Maduro representa no solo una amenaza para Venezuela sino "para cientos de millones de latinoamericanos", advirtió desde el exilio el exalcalde David Smolansky, quien aseguró en Bogotá que su país está "completamente destruido sin estar formalmente en una guerra".Dos meses y medio después de haberse exiliado para evitar su detención, Smolansky, uno de los dirigentes más jóvenes de la oposición venezolana, visitó Bogotá para denunciar la crisis que sacude a su país, la que considera política de persecución contra las autoridades locales y sus repercusiones en países vecinos.

"El régimen de Nicolás Maduro no solamente es una amenaza para 30 millones de venezolanos", hoy representa "una amenaza para cientos de millones de latinoamericanos, especialmente los países vecinos como Colombia y Brasil", declaró a Efe Smolansky, uno de los fundadores del partido Voluntad Popular, el mismo de Leopoldo López.

A su juicio, "interpretar lo que sucede en Venezuela de manera aislada es un error".

Con apenas 32 años y un recorrido político que se remonta a 2007 durante las manifestaciones contra la no renovación de la concesión del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), el exalcalde del municipio de El Hatillo, que integra el distrito metropolitano de Caracas, se ha sumado a las voces que desde el exterior abogan por la salida de Maduro.

"Me he impresionado cómo no hay tanta información en los medios de comunicación a nivel internacional y la comunidad internacional sobre lo que ha pasado con los alcaldes: no ha habido autoridad en estos años más perseguida que la de los alcaldes", alertó.

Según el político, "trece alcaldes han sido destituidos en Venezuela, seis han pasado por la cárcel" y los demás están en el exilio.

"Representamos nada más y nada menos que diez millones de personas, es decir, un tercio de la población venezolana cuando consideramos que nuestro país tiene 30 millones de personas", agregó, aunque admitió que los diputados también han sido "perseguidos", entre ellos el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.

Para salir de la crisis, Smolansky considera que se deben retomar las protestas "pacíficas y no violentas" como mecanismo de presión, generar un "quiebre" en la Fuerza Armada que, aclaró, no pasa por un golpe de Estado sino por la exigencia de que "obedezcan la Constitución", y la presión de la comunidad internacional.

"No podemos menospreciar los esfuerzos que se hagan en la comunidad internacional", consideró.

Recordó las sanciones contra el Gobierno de Maduro aprobadas por EE.UU., Canadá, la Unión Europea e iniciativas como el Grupo de Lima, que calificó como una de las más importantes en América Latina para "rescatar la democracia en Venezuela".

"El Grupo de Lima a partir del año que viene (...) debería empezar a plantearse si sanciones como las que se ha implementado en Canadá, EE.UU. y las que ha implementado la Unión Europea también se empiezan a hacer en América Latina", afirmó en referencia al mecanismo integrado por Argentina Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Entre las medidas, mencionó que a los altos funcionarios del Gobierno de Maduro que se desplacen "tranquila y libremente" por ciudades latinoamericanas se les empiece, por ejemplo, "a impedir ese tránsito", se les embarguen sus propiedades o "cuentas milmillonarias".

"Yo no tengo duda que la peor crisis que hoy existe en el hemisferio occidental es la de Venezuela", complementó.

Smolansky explicó que su país tiene una inflación "como la que tuvo Zimbabue en su momento", una hambruna "como muchos países del África subsahariana", niveles de violencia "como los que tuvo Medellín hace 30 años" y "un régimen autoritario como el que vive Cuba".

En ese contexto, advirtió que "el tema de migración se va a complicar en la frontera colombo-venezolana y en la brasileño-venezolana".

Y consultado sobre la reciente condena a 18 años de cárcel impuesta en EE.UU. a dos parientes de Maduro, la consideró "grave" y una muestra de que "es una amenaza para la región".

"Es un régimen que maneja el negocio lícito más grande del planeta, que es el petróleo y (...) que está presuntamente vinculado al negocio ilícito más grande del planeta, que es el tráfico de drogas", afirmó.

A renglón seguido denunció que en su país "se calcula que se han robado más de 300.000 millones de dólares", cifra que opinó es "comparable con lo que hizo Sadam Husein en Irak o (Muamar al) Gadafi en Libia". ]]>

Puigdemont no piensa volver a España

El expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont no piensa volver a España pese a la decisión de anulación de las euroórdenes de entrega dictada este martes por el Tribunal Supremo español, según señaló su abogado."Puigdemont no abandonará Bélgica tras la retirada de la orden de arresto europea", señaló al diario L'Echo el abogado flamenco del expresidente catalán especialista en Derechos Humanos y antiguo letrado de la banda terrorista ETA, Paul Bekaert.

El letrado se mostró cauto hasta recibir formalmente toda la documentación del Tribunal Supremo antes de analizar la nueva situación de sus clientes, tanto Puigdemont como los otros cuatros exconsejeros catalanes: Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron con él a Bruselas hace un mes.

Lo único que se conoce de la agenda de este martes del expresidente catalán es su reunión con el eurodiputado del Sinn Féin, Matt Carthy, que en su Twitter publicitó el encuentro en un lugar sin especificar.

"Muy orgulloso de haberme encontrado con Carles Puigdemont", dijo Carthy en su red social, donde también dijo que "sigue la solidaridad con el pueblo de Cataluña y sus representantes electos", en un mensaje que acompaña de una fotografía en la que el irlandés lucía un lazo amarillo independentista.

Por su parte, la Fiscalía belga, que ya confirmó haber recibido el auto del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo de España, anunció que pedirá al tribunal de primera instancia competente que retire las euroórdenes de la Justicia española contra los cinco políticos independentistas en una fecha aún por determinar.

El Ministerio Público de Bruselas informó de que el juez tendrá que desestimar el caso y retirar las medidas cautelares a las que estaban sujetos en Bélgica.

Desde el pasado 6 de noviembre, y mientras los tribunales belgas decidían sobre las citadas euroórdenes, los cinco políticos reclamados por la Justicia española tenían prohibido abandonar Bélgica sin consentimiento del juez de instrucción, debían comunicar su lugar de residencia y presentarse personalmente a todas las convocatorias judiciales o policiales.

El auto de la retirada de la orden europea de detención y entrega (OEDE) coincidió con la presencia en Bruselas de hasta tres ministros del Gobierno, los titulares de Economía, Fomento y Exteriores, que coincidieron en mostrar su respeto a las decisiones judiciales y evitaron comentar los planes de Puigdemont de no ir a España.

Por su parte el eurodiputado español del PP, Esteban González Pons, señaló a los medios que "ya no hay ninguna razón para que Puigdemont no vuelva a España, no se ponga al frente del pueblo que él quiso liberar, porque proclamó la independencia y salió corriendo".

La eurodiputada socialista Elena Valenciano destacaba en su cuenta de Twitter que Puigdemont pasaba de "exiliado a turista de lujo" si persistía en permanecer en Bélgica cuando ya el juez no le impide salir del país.

La decisión de anular las euroórdenes a los cinco políticos catalanes huidos de la Justicia española se produce apenas dos días antes de la manifestación "Llenemos Bruselas" organizada por las organizaciones independentistas ANC y Òmium y en la que se prevé la participación del propio Puigdemont y de su predecesor Artur Mas, entre otros políticos catalanes.

Puigdemont y los exconsejeros huyeron a la capital belga hace más de un mes mientras la Justicia española actúa contra todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, cesados por el Gobierno español el 27 de octubre por impulsar un proceso independentista.]]>