T ras este suceso, los miembros de Caduainco instaron a los organismos públicos a iniciar una investigación sobre el supuesto abandono de unidades de transporte, ubicadas en el Cementerio de Autobuses en Camurí Chico y exigieron atención al «Fallido» «estado del servicio público local que, según denuncian, obligan a la ciudadanía a trasladarse en las llamadas» perreras «e, incluso, en unidades militares.
«El pueblo debe pagar cantidades que sobrepasan mensualmente los cobrados por cualquier trabajador en el mes por el servicio de transporte», lee el comunicado.
José Ángel Prada está siendo juzgado por supuesto delito de difusión fraudulenta, tipificado en la llamada Ley de Precios Justos, publicada en el rotativo información extraoficial, obtenida de un tercero, en relación con el aumento del pasaje urbano.
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