TSJ declara procedente solicitar extradición de Luisa Ortega Díaz y Rafael Ramírez

También, la justicia venezolana la busca por incurrir en los delitos de traición a la patria, uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención.
Al igual como se hiciera este 16 de agosto con el diputado Julio Borges y los otros supuestos implicados en el caso de los sucesos del pasado 4 de agosto, se «asume» el compromiso de respetar el debido proceso, así como el principio a la no discriminación; a la prohibición de la desaparición forzada de personas; a la integridad física, psíquica y moral; y a la prohibición de ser sometidos a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se le asegura a Colombia que Ortega Díaz sería tratada con el respeto debido «a la dignidad inherente al ser humano», a saber de qué se le acusa, poder ver las pruebas, medios para ejercer su defensa.
El comunicado añade «la decisión que el requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años».
Por otra parte, solicitan que el exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, sea extraditado desde España para que responda ante la justicia del país por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
Los dos primeros delitos están tipificados, respectivamente, en el artículo 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción, y el tercero en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
A principios de agosto de 2017, Luisa Ortega Díaz fue destituida del Ministerio Público a pocos días de instalarse la Asamblea Constituyente, acusándola de cometer actos corruptos junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer.
Esta acción del Gobierno obedeció a que el 31 de marzo de 2017, anunció que había una ruptura del hilo constitucional por considerar que el TSJ usurpaba funciones de la Asamblea Nacional con las sentencias 155 y 156.
Posteriormente, dijo que uno de los fallecidos durante las protestas antigubernamentales fue producto del impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, hecho que el Gobierno niega. En esos meses de abril a julio inició procesos judiciales -que no había realizado en años anteriores- por actos de corrupción cometidos durante la gestión de Nicolás Maduro.
Tras ser despojada de su cargo, Ortega Díaz y Ferrer viajaron a Colombia a través de Aruba en donde se establecieron. Desde allí ha librado una «batalla» legal contra la actual administración. En el TSJ en el exilio, llevó el caso contra el presidente Maduro por corrupción con la empresa Odebrecht, que recientemente  dictó sentencia de 18 años y tres meses para el mandatario.]]>