Trabajadores de la Cancillería venezolana protestaron este martes por la violación de sus derechos laborales, toda vez que, desde el aumento salarial decretado el pasado 20 de agosto, quedaron ganando 1.800 bolívares soberanos, irrespetando los contratos colectivos suscritos. Voceros sindicales aseguran que los trabajadores del servicio exterior no cobran desde marzo.
Así, un trabajador con más de 30 años de servicio ganaría tan sólo mil bolívares soberanos por encima de quien percibe el mínimo.
“Esto es inaceptable”, señaló Jesús Serrano, trabajador del Ministerio de Relaciones Exteriores en una protesta realizada en las inmediaciones de la torre de la Cancillería, a cuadras del presidencial Palacio de Miraflores, la sede del gobierno.
Serrano explicó que hasta antes del aumento ellos percibían un 30% por encima de la escala de la administración pública.
Estos anuncios, consideraron los trabajadores de la administración pública, representan una desmejora puesto que el último escalafón, el cual, según el tabulador presentado por el Ministerio del Trabajo, es de 2.903 bolívares soberanos.
Además, así como denunciaron la semana pasada los trabajadores de la salud, les redujeron la prima por hijos que antes era el 50% del salario y ahora es de 90 bolívares soberanos. La prima por transporte también fue reducida.
Además, rechazaron que el cestaticket sea solo del 10% del salario mínimo, pues no alcanza ni para una bolsa de detergente a precio acordado.
Los trabajadores en ciñesen las alarmas ya que en octubre se comienzan a cancelar los aguinaldos los cuales, ante estas reducciones, se ven disminuidos. Temen que les quiten también el bono de auxilio de vida que se cancela junto a los aguinaldos.
Mientras que a los jubilados de la Cancillería les quitaron el bono de medicinas, aseguraron los voceros del sindicato.
Por su parte, José Patines denunció que los trabajadores del servicio exterior no cobran desde marzo lo cual los pone en riesgo de ser desalojados de sus viviendas. Incluso, a muchos se les ha obligado a renunciar según denuncian.
Los representantes sindicales asegura que el personal diplomático en el exterior también denunció una serie de deudas, como, según un documento presentado, los “5 meses de retraso en el pago de los salarios al servicio exterior, situación que ha forzado a los funcionarios a contraer deudas en divisas, las cuales, en la mayoría de los casos, superan los US$ 25.000”.
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“Como resultado, se ha ido incrementando el número de renuncias de funcionarios de Cancillería, con una consecuente fuga de talentos y la evidente vulneración del servicio exterior”, señaló el comunicado.
Los trabajadores exigieron que así como Nicolás Maduro se reunió con empresarios y campesinos, los atienda a ellos como sindicatos de base que son.
“Si se dice un presidente obrero que nos atienda a la base”, esgrimieron.
Mientras coreaban consignas como “no somos delincuentes, somos trabajadores”, los manifestantes fueron rodeados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional (GN) produciéndose incluso un enfrentamiento que duró algunos minutos.
Seis representantes de los trabajadores fueron recibidos por Miguel Castillo, director de Articulación y Seguimiento Interinstitucional Social de la Vicepresidencia de la República quien se comprometió a hacer llegar las exigencias de los trabajadores.
Éstos darán chance hasta el jueves aunque se sumarán a la protesta de varios sectores este miércoles.
Mientras esta protesta ocurría, unos cuantos kilómetros más abajo, la Asamblea Nacional discutía precisamente sobre este tema.
Los parlamentarios advirtieron que luego de los anuncios económicos se pueda generar el fenómeno de la “neoesclavitud”. Esto a raíz de la eliminación del tabulador y de las contrataciones colectivas de facto.
“Se pretende que el venezolano trabaje para comer no para progresar”, señaló el diputado José Prat.
Desde el Parlamento se llamó a una movilización en todo el país y a encender “una alerta temprana del plan del gobierno que está en pleno desarrollo (…) Buscan igualar la política laboral cubana”.
Advirtieron además que se viola el principio de progresividad laboral.
“El Decreto 3601 pretende pasar la carga de la crisis a los trabajadores”, sostuvo el diputado Francisco Sucre quien criticó los videos en los que se ve a Nicolás Maduro comiendo en el restaurant Salt Bae. “Un venezolano necesita trabajar tres años para costear una cena como la de Maduro”, sentenció.
Entre lo aprobado por la Asamblea está declarar inconstitucional el decreto 3.601 en el que se fija el nuevo salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos.
La Asamblea Nacional respaldará la lucha de los trabajadores venezolanos en la defensa de los salarios y las escalas salariales.
Asimismo, el Parlamento declaró que ese decreto del Ejecutivo propicia la renuncia y el éxodo del personal calificado por lo que enviarán el acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo para dejar constancia de lo que califican “violaciones” a los derechos de los trabajadores.
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