“Aquí en Venezuela sí se violan los derechos humanos. A mi hermano lo torturaron metiéndole la cabeza en un pote de agua mientras le hacían preguntas”, relató Mónica Santamaría, hermana de José Luis Santamaría, preso desde abril de 2018 por segunda vez.
“Le laceraron las manos. Ha recibido tratos crueles y ha sido aislado”, agregó.
La muerte, en extrañas circunstancias, del concejal Fernando Albán mientras estaba detenido, encendió las alarmas de familiares y abogados de los denominados presos políticos.
“Estamos en una constante zozobra”, dijo Yamile Zorrilla, esposa del funcionario de la Policía de Chacao, Fred Mavares quien tiene dos años preso a pesar de tener boleta de excarcelación.
“Ya lo tienen preso, permítannos a la familia verlo por lo menos. Basta ya”, exclamó Zorrilla.
Los hijos del general Raúl Baduel, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicado en Plaza Venezuela, insistió, ahora con mayor ahínco, en la fe de vida de su padre tras lo ocurrido con el concejal.
“Estoy preocupada. Muy preocupada por él a raíz de lo ocurrido el lunes. No tengo seguridad de que mi hijo Juan (Requesens) esté bien”, dijo Paula de Requesens, madre del diputado.
En 65 días que lleva preso, sus padres solo han podido verlo dos veces. La primera fue una vista de una hora supervisada y grabada. La segunda subió a cuatro horas y también fue grabada.
Los familiares de presos políticos quisieron que esta alarma se haga visible colocando el nombre de cada uno de los 400 presos por razones políticas, según la Coaliciónpor los Derechos Humanos y la organización Proyecto Libertad, en la pared de la sede, acá en Caracas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Acompañados de abogados, los familiares consignaron además un documento en el que solicitan que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visite el país y constate lo que consideran violaciones a los derechos humanos.
Para Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, en Venezuela “no hay democracia. Eso lo hemos denunciado ya. Exigimos a la comunidad internacional que dejen las declaraciones y vengan a ver lo que ocurre en Venezuela. La vida de nuestros presos políticos está en riesgo. La vida de todos los venezolanos está en riesgo”.
Tintori recordó los casos de Rodolfo González, quien se suicidó en la sede del Sebin del Helicoide, y del también concejal de Primero Justicia, Carlos García quien no fue atendido médicamente a tiempo y falleció mientras estaba detenido.
El abogado Omar Mora Tosta agregó por su parte que los presos políticos tienen que lidiar con los constantes diferimientos, la denegación de justicia y la violación a sus derechos humanos.
“Tómenle la palabra al régimen y vengan a Venezuela”, indicó Mora Tosta, que recordó que el país es signatario de diversos acuerdos en materia de derechos humanos por lo que estaría obligado a recibir a esta comisión.
La muerte de Albán y los enormes vacíos qué hay en torno a ella, dejan aún más en relieve denuncias sobre torturas y tratos crueles. Desde la aplicación de electricidad, simulación de ahogamiento, asfixia mediante bolsas plásticas, la “crucifixión” en la que “guindan” al preso hasta denuncias de violación.
Todo esto ha sido documentado por diversas organizaciones no gubernamentales y junto a un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos y siete países denunciaron al gobierno de Nicolás Maduro pidiendo que la Corte Penal Internacional lo investigue por delitos de lesa humanidad.
Según el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, los funcionarios fueron condenados por "los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada"
Tras informar la entrega de un tercer informe ante la Corte Penal Internacional, el fiscal chavista reconoció que el ex concejal Fernando Albán fue asesinado y torturado por funcionarios de la policía política SEBIN. La muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete fue un "homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva" ejecutado por la Guardia Nacional.
Como dice el informe de la ONU, el hecho de detallar solo algunos casos de violaciones a los derechos humanos no quiere decir que las demás personas no hayan sufrido los mismos abusos. Recordamos, con la documentación original, cuatro de estos casos
