La actual crisis humanitaria que atraviesa Venezuela vulnera el derecho a la salud de gran parte de la población. La situación es especialmente dramática en el estado Anzoátegui, donde la escasez de medicamentos en las distintas redes de farmacias incluso supera el 90%.
Estos datos se recogen en el Reporte de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) referente al derecho a la salud en el estado Anzoátegui correspondiente a noviembre de 2018 y en el que se detalla con toda su crudeza la situación del sector salud de dicha entidad oriental.
El informe refiere que los centros de salud públicos de Anzoátegui carecen de la capacidad de garantizar una atención mínima adecuada. Asimismo, los hospitales pasan meses sin dotación de medicamentos y las intervenciones quirúrgicas selectivas están suspendidas desde hace un año debido a la carencia de insumos. Al menos 50% de los equipos se encuentran averiados, sólo 30% de los quirófanos se encuentran operativos y 98% de los laboratorios están paralizados. Adicionalmente, 50% de los servicios públicos de odontología no funcionan por falta de material y repuestos.
Por otra parte, la escasez de medicamentos en la entidad supera el 90% según profesionales de las redes de farmacia y salud del estado, lo que dificulta el tratamiento de pacientes con hipertensión y diabetes. Igualmente, la privación de tratamientos a personas con condiciones crónicas graves, sin ninguna otra alternativa, las ha dejado expuestas al riesgo de graves lesiones para su salud o de perder la vida. En el Hospital Luis Razetti se han reducido drásticamente los turnos de radioterapia debido a que no se cuenta con suficientes técnicos ni médicos. Actualmente solo reciben quimioterapia las mujeres con cáncer de cuello uterino.
Asimismo, unas 70 personas se han reportado como enfermos de SIDA principalmente por la falta de tratamientos antirretrovirales y abandono de los mismos.
El reporte también detalla que la epidemia de malaria en Anzoátegui se incrementó 81% entre 2016 y 2017 y 41% entre 2017 y octubre de este año. Se mantiene la epidemia de difteria por bajas coberturas de vacunación, con 25% de muertes. Por si fuera poco, han reaparecido y se han propagado epidemias erradicadas décadas atrás con un número de mortalidad en ascenso, como consecuencia del desmantelamiento de los programas de vigilancia epidemiológica y ambiental, unido a la escasez de los tratamientos oportunos.
Por último, el documento refiere la precariedad de las condiciones laborales del personal capacitado de los centros de salud públicos. Muchos han sufrido represalias por ejercer el derecho a la protesta y un gran número ha renunciado y abandonado el país.]]>
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