El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, anunció el 8 de octubre que la defensora pública nacional, Susana Barreiros, puso su cargo a la orden al alegar que lo hacía "por motivos personales". En ese sentido, el llamado órgano plenipotenciario designó a Carmen Marisela Castro como la nueva titular de ese despacho.
«Remito una comunicación que me hace llegar la defensa pública general, en el sentido del cargo a la orden que pone la anterior defensora, Susana Virginia Barreiros Rodríguez, ante esto y como no paramos de trabajar, propongo de inmediato a la ciudadana Carmen Marisela Castro como nueva Defensora Pública General, pues es una mujer ejemplar y que no le fallará al pueblo de Venezuela», dijo.
Esta designación «express» ocurrió al final de la primera sesión de 2019 de ese organismo impuesto, luego de que proclamara su rechazo a la declaración del Grupo de Lima y diera una especie de ultimátum a la Asamblea Nacional de disolverla si no rechazaba todo el contenido de esa postura.
Cabello señaló que Castro fue “fundadora de la Defensa Pública en su momento”. Dijo también que es una abogada especialista en Ciencias Penales y Criminalísticas y licenciada en Historia, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
De acuerdo al diario TalCual, Castro Gilly ha trabajado en la Defensoría Pública desde 2005 y en 2010 postuló para el cargo de magistrada del TSJ, durante la renovación de los 31 puestos de las distintas salas que conforman el ente, que se produciría el 5 de enero de 2011. Con esta información se conoce, además, que ha ejercido la profesión durante al menos 23 años, ya que debía poseer por lo menos 15 al momento de postularse.
Además, de acuerdo con la base de datos del Consejo Nacional Electoral, Castro Gilly reside en el municipio Baruta.
Respecto a Susana Barreiros, fue la jueza encargada de llevar el caso del lider político opositor Leopoldo López, sobre quien pesa una condena de 14 años tras ser encontrado culpable por las protestas antigubernamentales de 2014 en las que se registraron más de 40 muertos.
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La Defensa Pública de Venezuela fue considerada como miembro pleno del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercado Común del Sur (Mercosur), agrupación que busca la coordinación y la cooperación interinstitucional del sistema de justicia en pro del bienestar de los grupos vulnerables en la región.
La defensora Yomar Hernández se había negado a asistir a actividades políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro y días después fue despedida junto a otros 7 funcionarios, denunció Lila Camejo, directora ejecutiva de la organización Justicia Venezuela.
