24 de septiembre, ¿quien es el presidente en Venezuela?

El  juego político parece escrito por un guionista de Hollywood: Juan Guaidó, jefe del acosado Parlamento, presidente encargado de Venezuela, dirige hoy una sesión, con presencia de resabiados diputados chavistas; Nicolás Maduro gobernante de facto se fue de gira por Rusia, su vicepresidente, Delcy Rodríguez, está en la ONU y el hoy exdiputado y constituyente Diosdado Cabello anda por Corea del Norte.

Entonces ¿Quién es el presidente del país en ejercicio dentro del territorio?

La respuesta queda en el diputado Juan Guaidó. Reconocido hoy por casi 60 países, entre ellas las principales potencias occidentales, como presidente interino de Venezuela hasta tanto haya elecciones libres. Pero es perseguido por el chavismo, que le ha montado varios procesos penales en tribunales también controlados por el chavismo y no lo reconoce como presidente del poder Legislativo, porque los hijos de Hugo Chávez ni siquiera aceptan las funciones del parlamento independiente.

Guaidó tampoco es reconocido ni apoyado por los militares, que son el poder armado detrás del trono en Venezuela y controlan la economía legal y la ilegal: tanto a la arruinada Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como el sistema de impuestos, los puertos, aeropuertos; el racionamiento de alimentos básicos; la minería ilegal del oro, y el contrabando de la gasolina gratis que se consume en Venezuela.

Según el artículo 233 de la Constitución Nacional vigente, el vicepresidente de la República debe ser el presidente de la nación en ausencia absoluta del jefe del poder ejecutivo, o temporal cuando éste salga del país durante más de cinco días (viaje que por cierto debería ser autorizado por el poder Legislativo), sin embargo la Constitución no es clara sobre quien queda en ausencia de este segundo, y en los regímenes democráticos es el jefe del Parlamento quien ocupa el cargo si hay una ausencia de estas figuras.

Fue este artículo que sirvió para que Guaidó fuera proclamado, y reconocido, por la ciudadanía y la comunidad internacional. Aquí un extracto del artículo:

Artículo 233

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

«Me corresponde asumir la posición de presidente encargado de Venezuela, porque así lo dice el artículo 233 de la Constitución», dijo el parlamentario durante la sesión de este martes.

Por su parte, Maduro, no es reconocido por la oposición venezolana, más de la mitad de la población del país, ni por Estados Unidos, la Unión Europea ni otras potencia como Japón, y Australia. El gobernante de facto se ha ido hoy a Rusia a renovar el apoyo que le brinda el ex KGB y heredero de la Unión Soviética Vladimir Putin, sin embargo los rusos tampoco cuentan con mucho para invertir en un gobernante cuestionado.

Maduro no es reconocido por sus detractores porque su segundo período proviene de una elección llevada a cabo el 20 de mayo de 2018 fuera de los lapsos que establece la Constitución Nacional, y anticipados seis meses. La elección fue convocada por la asamblea constituyente creada por el propio Maduro y en ella tenían prohibido participar los principales partidos opositores y sus líderes históricos.

En medio de una abstención histórica, tampoco hubo observación internacional a un proceso organizado por el también chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fuerza Armada que respalda a Maduro.

También fue denunciado por opositores y ONG’s el claro ventajismo del chavismo, que usó más allá de la saciedad los recursos del Estado para promover la campaña del heredero de Hugo Chávez.

Pero que se sepa hoy Maduro no dejó a nadie encargado del poder Ejecutivo que controla con ayuda de la Fuerza Armada (y de Rusia, China, Cuba, Turquía, Irán, Uruguay, Bolivia y Nicaragua como sus principales aliados extranjeros, aunque pocos están dispuestos a invertir en Maduro).

También podría haber dejado encargada a su operadora política y vicepresidenta, la ex canciller Delcy Rodríguez. Pero ella está hoy en Nueva York, defendiendo al régimen chavista en la Asamblea General de la ONU, donde Maduro y sus aliados han recibido un varapalo por sus constantes violaciones a los derechos humanos  y al sistema democrático.

Bajo la lógica chavista, otro que bien hubiera podido quedar encargado del gobierno es el temido Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo enfrentado tras bastidores a Maduro. Este capitán golpista (viene de la zafra de militares que asaltaron el poder en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992), preside la asamblea constituyente.

La asamblea fue creada en 2017 por Maduro y por el propio Cabello para usurpar los poderes del parlamento opositor. La constituyente se abroga poderes «originarios, absolutos y soberanos». En la práctica le permite a Maduro y al chavismo gobernar por decreto y saltarse a la torera todas las instituciones y la propia constitución vigente.

La principal institución atropellada por la constituyente es el Parlamento Nacional, el mismo que fue elegido en 2015 con mayoría absoluta de la oposición.

Pero las funciones del Parlamento fueron desconocidas reiteradamente por el régimen a través  del Tribunal Supremo de Justicia (también chavista), que lo declaró en desacato y se abrogó sus principales funciones a través de la Sala Constitucional. El Parlamento fue convertido por la fuerza del chavismo -que no reconoce la división de poderes de una democracia-  en poco menos que un centro de debates y sus decisiones nunca en estos cuatro años han tenido aplicaciones prácticas.

Por eso Guaidó también es un presidente del Parlamento ya con poderes limitados como tal. Qué no decir de sus funciones reales como «presidente interino» hasta tanto cese la usurpación que encabeza Maduro.

El joven parlamentario y líder emergente de la oposición es reconocido por medio mundo como presidente de Venezuela. También es el político opositor con más confianza y menos rechazo según encuestadoras como Datos y Datanálisis. Pero en el país, frente a las armas chavistas, infiltradas como bien dijo durante su declaración por agentes cubanos y rusos, no tiene poder ni para ordenarle a un recluta que se le pare firme.

Sin embargo, la discusión sobre quien es el presidente encargado queda zanjada con la usurpación de enero, Maduro es visto como un torturador, violador de derechos humanos y líder de un régimen narcotraficante, y bajo la Constitución de 1999 el presidente es uno, el reconocido por la mayoría de la población y los países.

La solución a la diatriba la planteó, así como ha sido planteada por muchos otros políticos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano: «Si uds tienen 13 millones de firmas contra las sanciones, para que dudar más, vamos a contarnos».

Tal vez así, le podemos quitar el encargado al presidente y tener una democracia real.