En la geopolítica no siempre dos más dos suman cuatro. La ola de recortes en la cooperación global de Estados Unidos, y en particular el hachazo presupuestario dado por Washington a la ONU, ha terminado por beneficiar al chavismo
Ni siquiera haciendo uso de dos herramientas de inteligencia artificial se logra reconstruir a cuánto asciende el impacto financiero en Naciones Unidas y sus distintas agencias del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Poco dado al multilateralismo, como quedó en evidencia en su primera gestión, la relación del mandatario con la ONU podría entrar en una suerte de revolcón tras los desaires que se registraron durante su intervención en la asamblea general celebrada en Nueva York.
Con ayuda de Grok e indicaciones precisas de buscar información en fuentes periodísticas confiables, a partir de una lista proporcionada, llegaría a 1.000 millones de dólares el recorte directo de la Casa Blanca al organismo internacional. Y la abrupta desaparición de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), entretanto le restaría otros 1,5 mil millones de dólares. Ambas cifras, sin embargo, no provienen de ningún documento oficial de EEUU.
Según fuentes oficiales de la ONU, el presupuesto ordinario regular para 2024 ascendió a 3.590 millones de dólares. A fines del año pasado el presupuesto ordinario aprobado para 2025 fue de 3.720 millones de dólares. Todo esto antes de que asumiera Trump. Así que ver esfumarse 2.500 millones de dólares, tras el 20 de enero, representa una crisis existencial para la ONU.
Mientras que la deriva represiva postelectoral no cesa en Venezuela a más de un año de las elecciones presidenciales, el régimen de Nicolás Maduro parece anotarse un tanto a su favor por carambola. La crisis de financiamiento que vive Naciones Unidas dejó reducida al mínimo a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que documenta crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Esta misión independiente, creada en 2019 y con mandato hasta 2026 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la práctica ha quedado reducida a dos personas, su presidenta y un investigador, tras el desmantelamiento progresivo de un equipo investigativo que tuvo como guinda la renuncia la semana pasada de los otros dos expertos que formaban la triada a la cabeza de esta iniciativa impulsada en su momento por Michelle Bachelet, cuando fungía como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
La significativa reducción de esta misión no es un accidente administrativo, sino que termina siendo un golpe de suerte a favor del chavismo. La misión venía documentando y recopilando prácticas sistemáticas y masivas de violaciones a derechos humanos ocurridas a partir de 2014, un año después de que Nicolás Maduro llegara al poder en Venezuela.
La misión, prorrogada hasta septiembre de 2026 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más allá de un apoyo formal carece de fondos propios.
Desde su creación ha compilado evidencia irrefutable de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, patrones que califica como «crímenes de lesa humanidad» orquestados desde los altos niveles del poder. Sin embargo, la escasez de fondos, agravada por demoras en pagos de Estados miembros, como es el caso de Venezuela, y recortes globales en la ayuda humanitaria, especialmente de Estados Unidos, ha mermado su capacidad operativa.
Según informes de la propia ONU, la institución enfrenta un déficit presupuestario que obliga a priorizar emergencias como Gaza o Ucrania, dejando a mecanismos como esta misión en una suerte de limbo.
La crisis venía siendo comentada por activistas venezolanos de derechos humanos. La renuncia este 1 de octubre de los miembros clave, la argentina Patricia Tappatá Valdez y el chileno Francisco Cox Vial, desnudaron la magnitud de la situación. Tappatá, integrante desde 2021, citó en su carta «las continuas dificultades con que la misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad».
En su mejor momento, la misión contó con tres expertos de primer nivel trabajando de forma exclusiva y una docena de investigadores asistiéndoles. Tras las renuncias, sólo se mantendrán la presidenta, la portuguesa Marta Valiñas, y un investigador. Es decir, queda en el mínimo.
Organismos de derechos humanos internacionales han reaccionado con alarma unánime. Human Rights Watch (HRW) urgió a la ONU a «extender investigaciones mientras se agrava la crisis» represiva en Venezuela, destacando que el desmantelamiento de la misión equivale a una «victoria para los perpetradores» de las violaciones y los abusos.
Este desmantelamiento favorece directamente al chavismo al erosionar la capacidad investigativa de un equipo que ha documentado casos emblemáticos de represión.
Para activistas venezolanos de derechos humanos, el vacío que dejará la misión, por la reducción de su equipo, se conecta directamente con la inacción en la Corte Penal Internacional (CPI), donde el caso Venezuela I, abierto en 2021 por presuntos crímenes desde 2014, languidece en un limbo procedimental.
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