Ya van 13 días desde que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el comienzo de un proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela. Para el momento, el Foro Penal y otras organizaciones registraban que en el país había más de 800 personas detenidas por razones políticas. Esa cifra no ha cambiado tanto: hasta el 20 de enero poco más de 150 personas salieron de las prisiones y con sus libertades restringidas.
Los datos no son exactos porque las dos principales organizaciones que llevan el registro de excarcelaciones tienen estándares de confirmación diferenciados. El Foro Penal, por ejemplo, reportó hasta el 18 de enero 143 excarcelaciones. Mientras que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó hasta la mañana del 19 de enero 163 excarcelados.
Lo cierto es que el proceso ha sido lento y signado por la opacidad del sistema de justicia venezolano. El último reporte que ofreció el Ministerio de Servicios Penitenciarios, publicado el 12 de enero, daba cuenta de 116 excarcelaciones. Para ese momento, las ONG reportaban menos de 80.
El argumento, que no se mencionó cuando se dio la orden de liberar, es que este proceso había iniciado con las excarcelaciones del 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Aun así, defensores de derechos humanos, familiares y las ONG han insistido en que se debe ofrecer una lista con datos específicos de los excarcelados para corroborar la versión oficial.
Las familias no abandonan la calle
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una agrupación que nació por el impulso de mujeres familiares de presos políticos postelectorales, hizo público un balance de la situación que viven los detenidos y sus cifras el lunes 19 de enero.
El comité indicó que de sus familiares, solo 40 fueron excarcelados entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 y que solo cuatro han sido excarcelados desde el anuncio del pasado 8 de enero.
Esta agrupación desagregó sus números de presos políticos así:
- En Tocorón quedan 147 personas (104 son detenidos de la represión postelectoral y 43 personas arrestadas por otros motivos políticos).
- En Tocuyito quedan 15 (2 postelectorales y 13 por otros motivos políticos).
- Comandos de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana, que no son cárceles formales sino transitorias, el comité conoce cinco casos de personas que continúan detenidas. En La Guajira reportan 1 caso, en Zona 7 de Boleíta uno más; 3 en el Destacamento Desur-13 Punto Fijo.
Madres en Defensa de la Verdad solo reporta los casos que acompaña. Sin embargo, JEP y otras organizaciones han señalado que los casos son más y se desconocen porque las familias tienen miedo de la persecución política si denuncian.
Tanto las integrantes de este comité como las de otras agrupaciones no han abandonado las aceras ubicadas a las afueras de los principales centros de reclusión donde están los presos políticos. Llevan 13 días en constante vigilia. Duermen en los espacios públicos como una forma de protesta para lograr una visita o al menos la confirmación de que su familiar continúa vivo.
Tienen razones: durante los primeros días de excarcelaciones, en la Zona 7 de Boleíta murió bajo custodia de Edison Torres Gutiérrez.
Además, durante la madrugada de hoy martes 20 de enero, familiares denunciaron a la prensa otro posible fallecimiento en este centro de reclusión.
Jessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco, indicó: «Se está dando una situación irregular. Hay una movilización de unidades. La situación es similar a la que vivenciamos con el caso de Edison Torres, el policía de Portuguesa que falleció hace ocho días aproximadamente. Manejamos información extraoficial de que, lamentablemente, hay un nuevo suceso: una persona ha muerto aquí. Su nombre es José Hernández de 59 años de edad, abogado, de Maracaibo».
«De ser cierto, queremos hacer responsable a todos los directores (…)», dijo Orozco. Hasta las 11 de la mañana del martes, ninguna ONG ha confirmado esta versión.
Además, algunos familiares han reportado aislamiento y prohibición de visitas.
El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) organizó este martes una concentración frente al Ministerio Público venezolano para exigir transparencia en el proceso de excarcelaciones y denunciar al menos 200 casos de desaparición forzada.
«Estas son personas que han sido llevadas de sus casas o han sido detenidas en la calle y los funcionarios policiales han negado a sus familiares información sobre en qué condiciones los tienen y dónde los tienen recluidos. Estamos hablando de unas 200 personas según los registros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos», expresó Diego Casanova, vocero de esta agrupación.