¿Y la transición? La hoja de ruta que plantean las organizaciones de derechos humanos

Tras poco más de dos semanas después de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Venezuela comienza a emerger un debate sobre cómo conducir la situación actual hacia una transición que redemocratice al país. Una primera demanda que ha sido puesta sobre la mesa por un conjunto de 16 organizaciones civiles es que se derogue de inmediato el estado de conmoción externa, así como otro conjunto de leyes.

Encaminar hacia la democracia a Venezuela, por cierto, no parece ser una prioridad inmediata para la Casa Blanca, mientras que en Miraflores después del 3 de enero han eludido mencionar la palabra transición.

La provisionalidad del gobierno de Delcy Rodríguez, según los anuncios tanto en Caracas como en Washington, no ha estado acompañado de planes específicos sobre cómo hacer protagonistas a los venezolanos del cambio, cualquiera que sea. En la práctica, en los primeros días de este 2026 la sociedad ha sido mera espectadora de las decisiones que se toman en las esferas de poder.

Ante lo que definen “una nueva y compleja coyuntura política”, las 16 organizaciones, de las cuales dos participaron del proceso para elaborar el documento, pero por temor decidieron no suscribirlo públicamente, apuntan a una hoja de ruta con demandas muy específicas para que se tomen medidas que puedan introducir la variable democrática en la ecuación que parece enfocada hasta ahora sólo en el petróleo.

El fin de la persecución política. La primera y más urgente exigencia es la liberación plena, incondicional e inmediata de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, nacionales y extranjeros. Para las ONG, no puede haber un diálogo nacional mientras existan personas tras las rejas por disentir. Esta medida debe ir acompañada del cese de la represión y el desmantelamiento de los grupos de choque o «colectivos».

El regreso de la mirada internacional. Durante años, el acceso de organismos internacionales a Venezuela fue restringido o condicionado. El decálogo exige el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la anuencia para visitas in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La transparencia internacional se presenta como el único antídoto contra la opacidad que imperó en los centros de detención como El Helicoide.

Blindaje para la sociedad civil. Un aspecto crítico del documento es la protección de quienes han mantenido viva la denuncia. Se exige la anulación inmediata de todas las leyes y normas que criminalizan a las ONG y el cese de las amenazas contra periodistas y defensores. «No se puede construir una democracia si se mantiene la mordaza a quienes deben fiscalizar al poder», señala una de las organizaciones firmantes.

Justicia transicional. Ni olvido ni impunidad. Quizás el punto más complejo es la creación de mecanismos independientes de justicia transicional. Las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos —que incluyen casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales documentadas por la ONU— exigen verdad, memoria y reparación. El decálogo advierte que cualquier pacto político que ignore la justicia será frágil y propenso a repetir los errores del pasado.

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Reinstitucionalización y soberanía. El documento no evade la cuestión electoral. Exige una ruta clara para la elección de un nuevo presidente o presidenta conforme a los plazos constitucionales, pero subraya que esto es imposible sin un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que no respondan a intereses partidistas. La meta es pasar de un «Estado de facto» a un «Estado de Derecho».

Una palabra que se repite en el documento es la reinstitucionalización y para hacerla realidad se necesitan medidas urgentes.

El documento que puede leerse en este link, fue suscrito entre otras por las siguientes organizaciones venezolanas:  Acceso a la Justicia, Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – El Caracazo (COFAVIC), Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).