Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, compareció ante el Senado de Estados Unidos, para hablar sobre la situación de Venezuela, poco antes de reunirse, en privado, con la líder opositora María Corina Machado.
De las respuestas a los senadores, se desprenden cuatro frases claves de Marco Rubio sobre Venezuela:
1. Financiamiento expedito. El gobierno de Donald Trump ha creado un mecanismo expedito para financiar servicios básicos venezolanos, como la policía, y para equipar hospitales adquiriendo equipos directamente a Estados Unidos. Esto coincide con una declaración de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo ayer que Estados Unidos había desbloqueado fondos venezolanos y que se usarían para mejorar el equipamiento de los hospitales.
Agregó que están garantizando que, a través de ese mecanismo de financiamiento expedito, los recursos que se obtengan por la venta del petróleo beneficien a la sociedad venezolana realmente.
También dijo que «hablan a diario» con Delcy Rodríguez.
2. Sobre las elecciones. «Se pueden hacer elecciones en cualquier momento pero, sin los candidatos de la oposición, no sería justo», dijo, refiriéndose a que la mayoría de los candidatos con chance de la oposición han sido inhabilitados por un Tribunal Supremo y un Consejo Electoral que obedecen al gobierno, o que están exiliados. Eso incluye a María Corina Machado. «Lo que intentamos desencadenar es un proceso de estabilización, recuperación y transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte», expresó.
Dijo que aún «guste o no», el control de las armas y de las instituciones siguen en manos del «régimen».
3. Sobre los presos políticos. Reconoció que el proceso de excarcelación de presos políticos va «más lento de lo que yo quisiera» pero aseguró que sí ha habido avances. No se refirió en concreto sobre las discrepancias entre las cifras que da Delcy Rodríguez de presos políticos excarcelados y los que dan las ONG que siempre se han ocupado de ellos. El gobierno afirma que son casi 700, mientras que las ONG no contabilizan más de 300.