Las consecuencias de la incursión militar estadounidense del 3 de enero están en desarrollo, de modo que la gente del centro de investigación Laboratorio de Paz no pretende conclusiones definitivas, sino puntos importantes para orientarnos. Reproducimos su análisis completo aquí
A un mes de lo ocurrido el 3 de enero, abundan inventarios y balances cerrados. Este texto propone otra cosa. No busca fijar una interpretación definitiva ni ordenar los hechos bajo una narrativa tranquilizadora, sino ensayar conclusiones preliminares: hipótesis abiertas y lecturas parciales sobre un acontecimiento que sigue produciendo efectos. Lo preliminar no remite a falta de rigor, sino a la conciencia de estar ante un proceso en curso, cuyo significado dependerá menos de lo ya ocurrido que de las decisiones —y omisiones— que se adopten a partir de ahora.
El 3 de enero condensa una paradoja política difícil de eludir. Visto desde fuera, suele leerse como una transgresión del multilateralismo, un debilitamiento del derecho internacional y un precedente inquietante para otras regiones. Desde esa mirada, aparece como un problema para el orden global más que como respuesta a una crisis nacional. Leído desde Venezuela, el foco se desplaza. Allí es percibido como una oportunidad democratizante largamente bloqueada. Que ese quiebre haya sido producto de un hecho de fuerza no borra el alivio social ni el respaldo pragmático que muchos expresan, no por convicción ideológica, sino por desesperación ante el cierre sistemático de las vías internas de cambio.
El 3 de enero es, a la vez, una ruptura del orden multilateral y una apertura democrática. Ignorar cualquiera de estas dimensiones empobrece el análisis.
La ausencia de una respuesta militar eficaz no puede leerse como contención estratégica. Es el resultado de años de desinstitucionalización, corrupción y vaciamiento operativo de la Fuerza Armada, reorganizada para el control interno y la lealtad política, no para la defensa territorial.
Aunque no hubo fracturas públicas, el silencio no equivale a cohesión. El 3E deja preguntas abiertas: por qué no se protegió el espacio aéreo, por qué no se impidió la captura del presidente, por qué hubo cooperación y no confrontación con el país agresor. El colapso expuesto no fue solo político, sino también institucional y militar. El problema ya no era la correlación de fuerzas, sino la inexistencia de una fuerza profesional operativa.
Durante años, las teorías de cambio apostaron por incentivos y transiciones negociadas. Ocho iniciativas de diálogo demostraron no solo la dificultad de alcanzar acuerdos, sino su incumplimiento sistemático por parte de la élite gobernante.
Tras la juramentación ilegítima de Maduro en 2025, el escenario quedó bloqueado. Sin competencia electoral ni incentivos creíbles, la continuidad del régimen dependió de la inercia autoritaria.
El 3 de enero introduce un elemento incómodo: el hecho de fuerza. No encaja en los manuales de democratización ni en los principios del discurso de derechos humanos, pero la experiencia venezolana obliga a reconocerlo como expresión de la crisis del multilateralismo.
Ese hecho permitió excarcelaciones, una ley de amnistía y el desmontaje parcial del clima de terrorismo de Estado. No es virtuoso ni deseable, pero sin él esa apertura no estaría ocurriendo.
El 3E suele leerse como agresión externa, maniobra opositora o traición interna. Esas lecturas omiten una hipótesis clave: que el propio chavismo buscara resolver una crisis que amenazaba su supervivencia.
Tras el fraude del 28J, la corrupción, la crisis migratoria y las violaciones de derechos humanos se personalizaron en Maduro, cuya permanencia dejó de aportar cohesión y pasó a acumular costos. En una coalición de dominación, su figura se volvió un lastre. Su desplazamiento y el entendimiento con Estados Unidos pueden leerse como una jugada pragmática orientada a la estabilización política y económica, negociada meses antes del 3E.
El chavismo no aparece como rehén ni víctima, sino como un actor con agencia, dispuesto a alianzas impensables para preservar el poder.
Tras el 3 de enero convergen dos agendas distintas. Estados Unidos plantea estabilización, recuperación y transición; las autoridades venezolanas hablan de reconciliación y convivencia.
En el corto plazo, los intereses coinciden: desescalar el conflicto y administrar la crisis. Pero la convergencia es frágil. La pulsión histórica del régimen es la autopreservación, reinterpretando compromisos según su conveniencia. La tensión entre transición y conservación del poder no está resuelta, solo postergada.
Durante semanas, Maduro construyó un relato de amenaza externa: invasión, guerra, “Vietnam”. Exhibió capacidades militares que nunca estuvieron orientadas a disuadir a un enemigo real.
El 3E mostró el vacío de ese discurso: no hubo defensa eficaz ni plan posterior. La conclusión es clara: la militarización fue un instrumento de control interno, intimidación social y cohesión forzada, especialmente tras el 28J.
Hoy es claro que la retórica bélica fue parte del repertorio del terrorismo de Estado.
El chavismo hace tiempo perdió épica y promesa de futuro. El 3 de enero confirma su mutación en un aparato de gestión del poder. Si el 28J fue su derrota política y el 3E su derrota militar, lo que sigue es una derrota simbólica. El mito antiimperialista fue abandonado por necesidad, no por convicción.
El bolivarianismo sobrevive como cálculo y administración del presente, no como proyecto histórico. Esa pérdida marca un punto de no retorno.
Celebramos la libertad recuperada por presos políticos y el reencuentro con sus familias. Pero conviene ser cautelosos con el gesto. El chavismo utilizó la privación de libertad como herramienta política. Acumuló más de un millar de detenidos no solo para castigar o intimidar, sino para reservarlos como fichas de negociación. Se acumularon tal cantidad de cuerpos tras los barrotes esperando un momento como este. La excarcelación progresiva, incluyendo una “ley de amnistía”, no contradice esa práctica: la hace visible.
Ninguna negociación es unilateral, y la excarcelación tendrá contrapartidas, explícitas o implícitas: tolerancia internacional para mantenerse en el poder, tiempo para recomponer la economía, margen político antes de cualquier convocatoria electoral.
La liberación de presos políticos no es, por sí misma, una señal de transición. Es la ratificación de que su encarcelamiento siempre fue instrumental. Y podría volver a serlo en el futuro, si no existe la modificación de las estructuras y las lógicas que encarcelaron personas por pensar distinto. Y por ahora, seguiremos esperando esas señales.
El regreso de la embajada de Estados Unidos introduce monitoreo real y un efecto disuasivo que amplía márgenes de acción interna. Pero no toda la diplomacia opera con las mismas herramientas. Otras embajadas previsiblemente regresarán sin haber evaluado por qué fracasaron en contener abusos o proteger a sus connacionales.
Sin estos aprendizajes, la normalización de las relaciones internacionales puede ser funcional a un nuevo equilibrio autoritario.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos se presenta como urgente y pragmática. El problema no es solo el cambio de modelo, sino el procedimiento. Se aprobó sin debate público, asumiendo un consenso inexistente en un contexto de miedo y autocensura. El precedente es peligroso: una transición sin deliberación democrática. La urgencia amenaza con convertirse en el método de este “nuevo momento político”.
Si hay un ámbito sin apertura posible es la libertad de expresión. El chavismo necesita controlar la narrativa para preservar cohesión interna. Las represalias contra Venevisión lo confirman. Informaciones sobre negociaciones, tutela externa o acuerdos económicos deben ser contenidas para evitar los quiebres internos.
Hay continuidad: los Rodríguez han controlado la política comunicacional antes y después del 3 de enero. El control de la palabra sigue siendo condición de supervivencia.
Delcy Rodríguez asumió sin activarse el procedimiento constitucional de falta temporal. Su legitimidad es consecuencia de un acuerdo, no es constitucional.
Estados Unidos habla de elecciones “en algún momento”, sin fecha ni anclaje normativo. Pocos actores las exigen; otros las consideran inconvenientes. Mientras no haya calendario, la excepción se normaliza. Corresponde a la sociedad civil exigir elecciones libres y garantías plenas, o se allanará el camino hacia 2030 bajo reglas redefinidas.
El 3 de enero derrumbó la sensación de intocabilidad del autoritarismo y produjo un shock social. Superado el asombro, se instaló la espera. Muchos delegan la redemocratización en la tutela externa. Pero los conflictos se resuelven por sus tensiones internas. Habrá transición o convivencia administrada según la acción de todos los actores. Permanecer en la espera es también una forma de decidir: delegar el futuro en la decisión de otros.
"Las fichas en el tablero político latinoamericano son las que son y la más poderosa es Trump", explica el antropólogo y ensayista Carlos Granés. Y si el juego demanda sacrificar la medalla del Nobel de la Paz, se hace, aunque no guste
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido le enviaron un mensaje al mandatario estadounidense: quieren reforzar la seguridad en Groenlandia y el Ártico
Igual la van a criticar, pero María Corina Machado arropó con un simbolismo histórico el gesto de entregarle la medalla del Nobel de la Paz a Trump, con quien tuvo, pese a las interpretaciones de terceros, una reunión de provecho
