Sugled Gasparini: "Es indignante que no incluyan a presos políticos militares en las excarcelaciones"

No callar. Moverse por el de ella, por el de todos: eso es lo que hace Sugled Gasparini, vicepresidenta de la Fundación SOS Libertad, por los presos políticos y sus familias.

Ella es hermana de John Jairo Gasparini, quien era jefe de seguridad de la Alcaldía de El Hatillo y el 18 de marzo de 2020 fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) e imputado por supuestos actos de terrorismo. Aunque él es civil, la voz de Sugled se extiende a los más olvidados durante el proceso de excarcelaciones que inició el 8 de enero de 2026: los militares.

Sugled Gasparini conoce su realidad de cerca. Habla con sus madres. A varios les ha llevado comida porque sus familias no pueden trasladarse a los centros de reclusión por falta de recursos. Está inmersa en este mundo al que se le suma una nueva protagonista: la recién aprobada Ley de Amnistía.

Para la vicepresidenta de SOS Libertad, esta nueva norma es sinónimo de tres palabras: «Injusticia, exclusión y tortura. Estos beneficios de excarcelación y liberaciones solo son para dirigentes políticos y presos políticos postelectorales, pero ellos no son los únicos».

—¿Cómo recibieron ustedes la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional?

—No nos cayó de sorpresa porque ya llevamos años en este proceso. Estamos desde el 2021 dentro de la fundación y hemos visto cómo han jugado con el dolor de los familiares y el sufrimiento de los presos políticos. Es indignante para nosotros saber que hacen excarcelaciones y siguen sin incluir a presos políticos militares; que siguen sin incluir, por ejemplo, a los policías metropolitanos que tiene años dentro de las cárceles.

Según ellos, por el simple hecho de que ellos levantaron sus armas en contra de del gobierno, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron el 4 de febrero del año 92? Hicieron lo mismo. Ellos levantaron sus armas, pero ellos sí tuvieron el beneficio que les dio, en su momento, el expresidente Rafael Caldera. Entonces, ¿para ellos sí sirve este beneficio o sí sirvió este beneficio, pero para nuestros presos políticos actuales, militares, funcionarios y hasta civiles, no?

Las excarcelaciones que se están dando, la mayoría, vienen con muchísimas medidas y pueden volver a entrar a la cárcel. Es muy difícil para ellos, y para nosotros como familiares, creer en este gobierno. Creer en que realmente quieren la paz y que quieren una reconciliación cuando siguen excluyendo a personas que llevan años presos, porque hablamos de años, no de meses, ni semanas.

No te estoy hablando solo por los militares, sino también por los civiles, porque aparte de ser vicepresidenta de la Fundación Familia SOS Libertad, soy hermana del preso político John Jairo Gasparini, quien lleva prácticamente 6 años detenido, condenado a 16 años de prisión sin pruebas en su contra. Los únicos testigos de su juicio fueron los mismos funcionarios que lo arrestaron y lo torturaron. Así como mi hermano, te estoy hablando de muchos casos que tenemos en la fundación. Por ejemplo, te puedo hablar de otro civil, de Wilder Vázquez, que ya tiene una pena cumplida, que tiene varias boletas de excarcelación y todavía no ha sido liberado.

—¿Ustedes como coalición, como familiares, intuían que los militares iban a quedar excluidos?

—Sí, porque como te mencioné anteriormente, dentro de todas estas liberaciones que se han dado no han liberado ni un solo preso político militar. En estas últimas que ha habido, pues vemos que hay cadetes, hablaron de unos 11 cadetes que liberaron. Son unos cadetes que agarraron por estar jugando y tenían apenas unos meses detenidos, ¿por qué no liberar, por ejemplo, a un Caguaripano? ¿Por qué no liberar a un Johny Mejía Laya, que también es militar? ¿Por qué no liberar al hijo del presidente de la Fundación Familia SOS Libertad, el teniente Franklin Caldera Martínez?

Estos beneficios de excarcelación y liberaciones solo son para dirigentes políticos y presos políticos postelectorales. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad que esto pueda acarrear, pero dentro de todas estas excarcelaciones y liberaciones solo te puedo mencionar a tres personas que llevaban años metidas tras las rejas: Darío Estrada, Carla Da Silva y Ana María Pernía. Son casos Gedeón, casos viejos; y bueno, también liberaron al dirigente político Nelson Piñera.

—Cuando se promulgó la ley, la presidenta encargada Delcy Rodríguez habló de otorgar algunas medidas de gracia, ¿a ustedes les han dicho algo sobre esto?

— No sé de qué medidas de gracia estará hablando ella.

—¿Qué información manejan sobre las condiciones en las que están los militares detenidos, ¿dónde están? ¿qué saben de ellos?

—Tenemos muchísimos militares regados en distintos centros de reclusión. Los que están dentro de la cárcel de Ramo Verde están un poco «mejor», a diferencia de aquellos militares que se encuentran recluidos en el Fuerte Guaicaipuro o en El Rodeo I, donde actualmente hay 200 detenidos entre militares y civiles y están en huelga de hambre.

—En Ramo Verde, ¿cuántos presos políticos estiman que hay?

—Registrados como tal, puedo decir que hay un aproximado de 180, hasta el último cálculo que realizamos, sin incluir si ha habido traslados recientes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchísimos militares que creen -y también civiles- que haciendo silencio van a conseguir esta libertad.

Después de que comenzaron a anunciar las excarcelaciones y que anunciaron la Ley de Amnistía, hemos recibido casos de familiares pidiendo que visibilicemos, que hagamos las denuncias pertinentes, porque ellos llevaban siete, ocho y hasta nueve años en silencio porque les habían prometido libertad si se mantenían callados.

—¿Cuánta gente más o menos ha llegado en las últimas semanas?

—A diario estamos recibiendo entre 10 o 12 casos que eran desconocidos. En estos días hice una denuncia desde las redes sociales de la fundación porque me salieron dos extranjeros colombianos que también están detenidos desde hace 4 años y están solos aquí. No habían levantado la voz ninguno de los familiares por el mismo hecho de que, bueno, tienen temor a represalias.

—¿En qué otros penales tienen militares registrados?

—Ramo Verde, Fuerte Guaicaipuro, Rodeo I. En Yare también hay militares y en El Rodeo II.

—A partir de todo lo ocurrido en los últimos días, ¿los familiares han denunciado nuevos episodios de tratos crueles o privación de visitas?

—No tengo conocimiento de que los estén privando de visitas, pero está el caso de los 32 «gedeones» que están en el Fuerte Guaicaipuro y que siguen sin tener contacto directo con sus familiares. Solo unos pocos lograron verlos e hicieron la denuncia de que los vieron muy bajos de peso.

En el Rodeo I están en huelga de hambre, por ejemplo, y hay denuncias de que los están amenazando por eso y también están hablando de que les van a quitar la visita este domingo. Todavía no se sabe si es verdad o es mentira.

Con respecto a los demás centros de reclusión, eso varía muchísimo y depende de cómo es el comportamiento del detenido como de los familiares. Te voy a poner un ejemplo: en el 2023, mi hermano estuvo en La Planta, que quedaba en El Paraíso. A raíz de todas las denuncias que he venido haciendo como miembro de la Fundación Familia SOS Libertad, pues a muchísimas personas les estaba molestando y cuando te hablo de personas, te estoy hablando de la gente que tiene a nuestros seres amados privados de libertad.

Mi hermano fue amenazado, le dijeron que si yo no paraba de hacer denuncias, él iba a ser trasladado para El Rodeo I, uno de los centros de tortura.

El hecho es que yo no paré mis denuncias, continué y esto trajo como consecuencia que mi hermano fuese trasladado. Él duró 3 días nuevamente en desaparición forzada. A mi hermano lo tuvieron aislado 45 días. Dentro de esos 45 días, no pude llevarle comida, no le pude llevar paquetería. A casos como estos es es a lo que yo me refiero. Si el familiar denuncia y digamos el director de este centro ve la denuncia, o le llega la denuncia, pues castigan al detenido.

Esto sigue sucediendo. Y en Yare II, si no me equivoco, hay muchísimos familiares que quieren hacer también estas vigilias, pero los amenazan. Los amenazan a ellos y a los detenidos. En Zona 7 ha pasado lo mismo. Depende de la maldad que quiera tener cada centro de reclusión.

Hay familiares que hacen un esfuerzo sobrehumano. Algunos familiares me han dicho a mí: «O le mando la comida o lo voy a visitar porque no tengo para las dos cosas. Entonces, imagínate a familiares que vienen de Maracaibo, nada más para una visita de 30 minutos. Eso, aparte de ser duro, es una tortura psicológica tanto para el detenido como para el familiar.

—¿Tu hermano dónde está en este momento?

—Mi hermano está en El Rodeo III. En El Rodeo III, a diferencia de otros centros, no puedo llevar carne o pollo crudo. Mi hermano no tiene dónde cocinar y tampoco dónde guardar esa comida. Nada más le reciben tres almuerzos el día de la visita y no pueden pesar más de 1 kilogramo.

Ellos pesan con la mano y dicen: «Esto es demasiada comida. Tienes que sacarle». Hoy es viernes y el miércoles mi cuñada fue a visitar a mi hermano. Llevó una ensalada de fruta que nada más tenía mango, melón y lechosa y no se la dejaron pasar. Las frutas estaban picadas, tal cual ellos lo piden y no se la dejaron pasar. Los jugos no lo dejan pasar porque, según, se fermentan.

Te puedo hablar a nivel personal y decirte que mi hermano mide 1,75 metros y pesa 60 kilos. Está muy bajo de peso y presenta problemas de salud y en este centro de reclusión lo único que hacen es tomarle la tensión. Le dan una pastilla que ni siquiera él mismo sabe qué clase de pastilla le dan. Presenta dolores en el pecho, le falta el aire y se le duerme el brazo izquierdo, son signos de algo grave, pero no hacen nada.

En diciembre de 2024, la abogada de mi hermano introdujo un documento a tribunales informando de este malestar y solo fueron, le tomaron la atención y le dijeron que tenía que hacerse un electrocardiograma. A la fecha de hoy, 27 de febrero de 2026, todavía no se le ha hecho ese electrocardiograma.

Y aún siendo mi hermano inocente -sin pruebas lo acusaron y sin pruebas lo condenaron a 16 años-, no está dentro de los excarcelados.

El artículo 8 de la Ley de Amnistía excluye los años 2017, 2018, 2019 y varios años más, así que a mi hermano tampoco es aplicable esta ley. Según ellos, los hechos de violencia dentro de estos años no están favorecidos para esta ley.

¿Cómo me puedes hablar tú a mí de reconciliación en un país cuando tú estás clasificando quiénes tienen el derecho y quiénes no a ser libres. La orden que yo sepa es solo una: liberar a todos los presos políticos. Para nosotros lo que ha sido esta Ley de Amnistía y la payasada que hicieron hace unas semanas, del dichoso censo de los casos, es nada más para buscar tiempo.

Es una tortura psicológica porque, mal que bien, aunque no le creamos nada de lo que dice, siempre queda la esperanza de que vamos a tener esa libertad. Y al ver que nos ponen tantas trabas, ahí cae la decepción, la tristeza, la desesperanza. Pero igual seguimos.

—Para la organización, ¿qué implica dejar por fuera a los militares cuando se habla de justicia y reparación?

—Es el hecho de que unos hombres y mujeres, después de haber prometido defender a su patria y después de tantos años de haber estado defendiendo a su país, siendo militares honorables, no tienen derechos. No tienen el beneficio de volver a estar rodeado de sus seres amados.

—¿Qué le dirías a aquellas personas que piensan que los militares no deberían ser considerados presos políticos? Lo pregunto por aquellas personas que reafirman que todos cometieron delitos o asumieron rebeliones cuando sus familias han presentado pruebas de que no fue así.

—Todos merecemos una segunda oportunidad. Sea que lo que sea que hayan hecho estos militares en su momento, porque vemos muchísimas personas que pudieron estar a favor del gobierno y, sin embargo, han sido torturadas por sus propios compañeros de promoción, por sus propios compañeros militares.

Esto no les quita el derecho a que a ellos también se les están violando todos los derechos fundamentales y que han sido víctimas de tortura y de detención arbitraria. Esto no los excluye. Entonces, por ende, ellos también necesitan y merecen el beneficio de la libertad.

—Cuando hablas con los familiares, después de que aprobaron la Ley de Amnistía, ¿cuál es la petición común que ves en ellos? ¿Qué quisieran conjuntamente?

—Todos ellos piden libertad. Libertad para su ser amado, que se acabe esta tortura que llevan muchísimos años sufriendo. He tenido llamadas de madres llorando frustradas por el hecho de saber que a sus hijos, después de entregarles tantos años de trabajo a la Fuerza Armada Militar, los tratan como lo están tratando, como unos delincuentes. No cabe un sentimiento con el que yo te pueda expresar lo que puedan sentir estas madres. Es una tristeza inmensa que me llega al alma al escuchar a cada una decirme que por qué no liberan a su hijo.

—Por ejemplo, si mañana dicen que reformarán la ley, ¿cuál es el cambio principal que debería tener?

—Que la amnistía sea para todos, que no sea excluyente, porque como te mencioné, hay muchísimos renglones del artículo 8, y dentro del 7 también, donde excluyen no solo a los militares, sino a funcionarios como policías metropolitanos, a los hermanos Guevara. Están excluyendo a una mujer como Emirlendis Benítez siendo inocente o a un John Gasparini.

Hay que derogar la Ley Simón Bolívar y también la Ley de Instigación al Odio, porque podemos hablar muchísimo de una Ley de Amnistía, pero mientras estas dos leyes existan, hasta tú, siendo periodista, estás en riesgo.

—Como activista y defensora de militares que son presos políticos, ¿te sientes más segura de hablar de esto en este aparente nuevo momento del país?

—El miedo siempre va a existir, ¿no? Lo que no hay que dejar es que el miedo domine. Si dejas que el miedo domine, te paraliza y esa no es la idea. Desde que mi hermano está detenido, desde el 2020, yo he alzado la voz por él. A raíz de la creación de la fundación, no solo estoy alzando la voz por mi hermano, sino por muchísimos casos de personas que están en las cárceles y sus familias.

Esa es una de las cosas que me motivan a no callar, a seguir adelante, a seguir denunciando. Siempre lo he dicho: la mejor defensa de un preso político es su familia.

Sabemos que siempre tenemos apoyo de los abogados y de los activistas de derechos humanos, pero si el familiar no está ahí cada día, atento a qué es lo que se tiene que hacer, cuál es el documento que hay que introducir en las diferentes instancias nacionales o internacionales, el caso sigue congelado.

Callar es aceptar lo que le están haciendo a mi hermano y al resto de estos hombres y mujeres valientes que se encuentran privados de libertad y yo me niego a hacerlo.