Rocío San Miguel absuelta de cargos en el caso "Brazalete blanco"
Tarek William Saab acusó de terrorismo a la activista de derechos humanos Rocío San Miguel en 2024 y pasó casi dos años en El Helicoide. Ayer jueves, el Ministerio Público reconoció que no había pruebas en su contra
«Hoy culmina un duro capítulo mi vida», posteó en X a las 11:26 de la noche del jueves 1 de octubre: «El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria». Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, recuperó su libertad plena tras un largo proceso que comenzó con su detención irregular el 9 de febrero de 2024.
En su comunicación, Rocío San Miguel explica que la decisión la declara «libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra».
La abogada y experta en temas militares pasó casi dos años presa en El Helicoide, donde presentó complicaciones de salud. De allí pudo salir directo al exilio en enero gracias a su nacionalidad española por una negociación entre ambos países que involucró a otros cinco ciudadanos europeos detenidos de forma irregular en Venezuela. Rocío San Miguel había regresado al país el 27 de mayo con garantías de que se respetaría su libertad para impulsar el cierre definitivo de su caso.
«Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente», se lee en su mensaje, en el que agradeció a sus abogados, a las ONG que siempre estuvieron atentas a su situación y al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue mediador ante el gobierno de Delcy Rodríguez para lograr su liberación y salida del país: «Durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios».
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Estados Unidos junto a su hija y cuatro familiares que también fueron retenidos brevemente de forma irregular. El 11 de febrero, el entonces fiscal Tarek William Saab -a su estilo habitual- informó a través de X que la defensora de derechos ciudadanos estaba involucrada en una supuesta conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro a la que la Fiscalía bautizó como «Brazalete blanco». El plan, según el funcionario, abarcaba no solo el magnicidio, sino que tenía como objetivos a otras personas del gobierno e incluso ataques contra instalaciones militares.
El 12 de febrero, nuevamente a través de sus redes sociales, Tarek William Saab posteó que en la audiencia de presentación -llevada a cabo sin presencia de sus defensores privados- se le imputaron a San Miguel los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
La verdad es que Rocío San Miguel era una piedra en el zapato del régimen chavista por sus constantes denuncias sobre asuntos militares y de seguridad y desde hacía muchos años era hostigada por el gobierno. Tanto, que en enero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas de protección a su favor.
En su comunicado anunciando su absolución, no olvidó a otros detenidos por motivos políticos: «Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia. Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos».
En un comunicado emitido unos minutos más tarde, pasada la medianoche, el actual fiscal Larry Devoe se refirió a Rocío San Miguel y el caso «Brazalete blanco»: «Este jueves 1 de octubre, el Ministerio Público solicitó sentencia absolutoria para la ciudadana Rocío San Miguel y otras tres personas que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusadas de participar en la presunta comisión de diversos delitos en el caso conocido como «Brazalete Blanco». La solicitud se realizó luego de un análisis objetivo de los hechos y las pruebas debatidas durante el juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en el COPP».
«El Tribunal de la causa acordó la solicitud, y en consecuencia decretó la libertad plena y sin restricciones de los referidos ciudadanos», informó Devoe. Pero para otras personas la decisión fue adversa: «En esta misma causa, 10 ciudadanos resultaron condenados luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso».
Sobre esto, Rocío San Miguel fijó posición en su post: «En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas».
Los nombres
Aunque el fiscal Devoe no incluyó las identidades de las personas condenadas, la ONG Foro Penal sí los incluyó en un posteo con información levantada en el Palacio de Justicia por los abogados Estefanía Migliorini y Johan Angel.
Fueron condenados por el delito de conspiración Guillermo Enrique César (12 años), Ángelo Heredia (18 años) y Ronald Ferrer (12 años).
Por encubrimiento, reciben pena de 3 años, Karen González, Carlos Sánchez, Guillermo Henry César, Diana Suárez y Jesús Suárez, quien recibió medida cautelar sustitutiva de libertad.
Las tres personas absueltas junto a San Miguel son Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.
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