Botados por no votar en la constituyente

A Patricia González* no le llamaba la atención participar en movilizaciones políticas. Ni de un bando, ni del otro. Consideraba que eran peligrosas, que dejaban saldos trágicos. Tampoco hacía comentarios sobre sus preferencias políticas en su entorno laboral. No quería exponerse, ni tener problemas con nadie. Se limitaba a cumplir su horario de trabajo como abogada de 9:00 am a 5:00 pm en la sede de la Defensa Pública, ubicada en la calle Carabobo de Los Teques. Allí acumula 15 años ininterrumpidos de trayectoria. Nunca dejaba de asistir, ni enferma. Tan solo cuando tomaba vacaciones. Para ella, su trabajo era intocable y lo hacía por vocación, no por apego a un partido político.
Hace un mes le llegó una citación. Debía presentarse a las 9:00 am en la sede principal de ese organismo, en la avenida Panteón de Caracas. Fue puntual al llamado, aunque tenía un susto en el estómago porque nunca le habían notificado de esta forma que debía comparecer a una reunión con carácter de urgencia. Allí le mostraron una carpeta con su nombre, con papeles que marcaban en rojo unas fechas. Extrañada, Patricia preguntó a un funcionario su significado. El hombre le respondió: su récord de inasistencias a las marchas del oficialismo. Eran siete faltas, asumidas por su interlocutor com incumplimiento de lineamientos de trabajo. La mujer respondió que el señalamiento era injusto pues su cargo no incluía entre sus competencias acudir obligatoriamente a las movilizaciones y a otros eventos del gobierno. «¿Tú sabías que tenemos una larga lista de personas interesadas en ocupar tu cargo? ¿Tú sabías que no eres imprescindible y que si nos parece podemos removerte en cualquier momento? Si estás consciente de ello y estás clara de lo que te conviene, cambia tu actitud y acude como el resto de los compañeros a las marchas. Te quiero ver en la Constituyente».

La mujer salió pálida de la reunión. En casa, su esposo le recomendó renunciar. Pero ella no lo ve tan fácil. Goza de un seguro que ampara a su madre, una mujer de 80 años de salud frágil, y a su niña con sus continuas crisis de asma. «Además no puedo echar por la borda 15 años de labores», se defiende.
El 16 de julio, día del simulacro electoral para la constituyente, Patricia recibió no menos de cinco llamadas. Las hizo su jefe inmediato para recordarle que debía asistir y preguntarle a qué hora acudiría al centro. A las 10:00 am finalmente se presentó, y le envió una foto retratándose delante de la fachada del Palacio Municipal del Deporte, en Los Teques. Pero la angustia sigue. «Ellos saben que soy opositora, me tienen fichada. Lanzan indirectas en la oficina. Mi jefe solo cruza palabras conmigo para pedirme algo. La tensión que se respira en el ambiente es asfixiante, insoportable. La he somatizado. He sufrido cólicos, vacíos en el estómago, insomnio. Vivo en una guerra psicológica».
Las llamadas que le hicieron el día del simulacro, se repitieron el 30 de julio con más intensidad. «Ya sabes lo que tienes que hacer, no queremos traidores», le decían. El domingo 30 de julio, la abogada participó, obligada, por miedo. Una mera transacción para mantener ese seguro médico.

Sin derecho a pataleo
El caso de Patricia se ha replicado en otros organismos públicos. Con llamadas, mensajes vía whatsapp y acosos en persona, los amedrentamientos se han convertido en el común denominador y se han intensificado después de la consulta opositora del 16 de julio, cuando quedó demostrado el rechazo contra el gobierno de Maduro. Desde entonces, la ONG Provea ha contabilizado 212 denuncias sobre amenazas de despidos en las instituciones del Estado. Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad de la ONG, refiere que a los trabajadores los han obligado a firmar planillas de participación, a buscar votantes entre su círculo familiar y de amistades para dar cumplimiento a la operación remolque, así como a fotografíarse en el centro de votación para comprobar que fueron parte de los supuestos 8 millones de electores.
«Esta no es la primera vez que recibimos este tipo de planteamientos, pero nunca de una forma masiva. Hasta ahora no nos han llegado denuncias formales de despido. Algunas víctimas temerosas han dicho: ‘ya me dijeron que me iban a votar porque me quedé en casa’, pero las medidas no se han concretado», revela Patiño. Minutos más tarde llega la primera confirmacion: el economista Javier Hernández fue botado de la Fábrica de Insumos 27 de Febrero S.A, ente adscrito al Ministerio para Hábitat y Vivienda, el 2 de agosto luego de cinco años empleado.

Informo con orgullo que acabo de ser despedido de la institución donde trabajé por cinco años, por no votar en el fraude constituyente pic.twitter.com/2Yz6vZ09OR — Javier Hernandez (@jhernandezucv) 2 de agosto de 2017

«Debo decir que no fue sorpresivo. Hace unos días fuimos convocados varios empleados de la empresa y se nos amenazó con despedirnos si no votábamos, tanto en la extensión del simulacro como en el fraudulento acto del día 30. Yo agradecí la sinceridad del gorila que dirigió la amenaza, un coronel que ejerce funciones como Vicepresidente de la empresa (Rafael Rosas Totesau) y claramente le expuse que yo con gusto asumiría las consecuencias de mi decisión, pero que él tendría que asumir la decisión de despedirme», expone Hernández. Un audio registra ese encuentro.

Detalla el economista que «no me dejaron entrar a la empresa, no me entregaron carta de despido», y además fue informado verbalmente por un funcionario subalterno que, para acceder al pago de prestaciones por antigüedad, «debo consignar una carta de renuncia y por supuesto, comprometerme a no interponer ninguna acción en defensa de mis derechos laborales».
Javier Hernández denuncia, por tanto, que «los trabajadores del sector público solo son útiles en tanto sean indiscutiblemente obedientes» y que «los derechos de los trabajadores, la libertad, la reivindicación de las personas con discapacidad y la institucionalidad del Ministerio del Trabajo son pura y simple y propaganda». Hernández grabó lo que le dijeron al prohibirle el ingreso a su lugar de trabajo.

Los despedidos por razones políticas no tienen institucionalidad que los ampare. En 2016, Provea documentó el caso de 16 trabajadores de la Fundación Niño Simón que fueron botados por haber participado en el proceso de recolección de firmas para la activación del Referéndum Revocatorio. Aún no han sido reenganchados, pese a que la Inspectoría del Trabajo tiene conocimiento de lo ocurrido. «Nadie debe ser obligado a ejercer el voto, tomando en cuenta que en el proceso del domingo no hubo consulta previa. A los venezolanos no les preguntaron si estaban de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente», alerta Patiño desde Provea.
Un mensajito
Mauro Oropeza* forma parte del 10% de la plantilla de profesores de la Universidad Nacional Experimental de las Artes que está en calidad de contratado. Para pasar a fijo o conservar su puesto no valen los estudios de postgrado, ni los años experiencia. Solo cuenta la fidelidad a la revolución. Días previos al 30 de julio lo habían llamado a participar en reuniones realizadas en el Museo Jacobo Borges donde se dictaron «lineamientos». Se nombraron a supervisores que velarían por el voto de todo el personal y tendrían la tarea de reportar a aquellos que se quedaranen casa. La tarde del viernes 28 de julio, recibió un correo que textualmente decía: «Estamos montando estadísticas de participación. Para ello este domingo deben reportar el estatus de su derecho al voto y por vía Whatsapp notificar la hora de cada paso. Una vez que se despiertan, la salida al centro electoral y término del sufragio». Mauro tiene cinco años como profesor de Teatro y con ese sueldo mantiene a sus dos hijos. «Tuve que ir al plantel Andrés Bello. Allí me conseguí a un coordinador que me dijo: hay que ser agradecido con el que te da de comer. Lo tomé como una amenaza indirecta y no me quedó otra alternativa».
Bajo el mismo modus operandi actuó la directiva del Colegio Universitario de Caracas. Una semana antes de la elección hubo reuniones y enviaron a cada trabajador un mensaje por Whatsapp que expresaba «con carácter obligatorio deben pasar por escrito si ya votaron o están en proceso de ir al centro para llevar un control”. El día de las elecciones debieron reportarse. En varios puntos electorales hubo supervisores. Amenazaron con ejercer sanciones a los que no acudieron, pero hasta ahora se desconoce cuál es el castigo. “Tuve que ir porque tengo 60 años, y a esta edad dónde voy a conseguir trabajo. Me costó años de estudio y de esfuerzo llegar donde estoy. Aunque yo no estoy de acuerdo con este gobierno, se antepuso el miedo y la necesidad. Tengo cargo de conciencia porque siento que estoy traicionando a mi familia y le estoy quitando a mis hijos la posibilidad de mejorar su futuro, pero no puedo darme el lujo de quedar si empleo”, refiere con congoja un profesor que resguarda su nombre.
En el caso del Ministerio de Petróleo y Minería incluso se activó una página web que funcionó solo el domingo, día de la elección, para que los empleados de la industria estatal del crudo dejaran constancia de su participación: debían especificar nombre, cargo, lugar de votación. En Petróleos de Venezuela fue un mandato usar esa plataforma.

Castigados por pensar
Las represalias han llegado hasta el Ministerio de Salud. En los dos últimos días un promedio de 15 trabajadores entre empleados y obreros denunciaron que recibieron notificaciones que fueron pasados «a la orden de personal», la oficina de Recursos Humanos. Aún no se han concretado despidos. En otras dependencias estatales, como en el Cuerpo de Investigaciones. Científicas Penales y Criminalísticas, hubo traslados para castigar a aquellos funcionarios que expresaron vía Twitter su descontento contra la Asamblea Nacional Constituyente. “Hubo compañeros que fueron remitidos a poblaciones ubicadas en los estados Delta Amacuro y Amazonas”, informa un detective, bajo condición de anonimato. También los agentes de la Policía del estado Táchira que no asistieron a votar tuvieron que presentar una carta de exposición de motivos para expresar las razones por las cuales no fueron a los centros de votación.
En la Gobernación del estado Táchira cerca del 70 por ciento de sus empleados se quedaron en casa el domingo. Esta acción fue calificada como una afrenta y una traición por sus timoneles, dispuestos a que los trabajadores «paguen» las consecuencias. Una de las dependencias que fue objeto de sanción fue la Lotería del Táchira. Allí, según Marcela León, secretaria general de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical de Venezuela (ASI), a los empleados los obligaron a redactar una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena para explicar los motivos de la ausencia a la jornada electoral.
La Lotería es un instituto autónomo, pero los chantajes son verticales. Quien no votó puede «reivindicarse» sumando su nombre y cédula a una carta ya redactada que expone como razones de la inasistencia «los actos de sabotaje, intimidación, amenazas y violencia, ordenadas desde Caracas por los jefes de la MUD». Según le explican a los empleados, en vista de que la ausencia no fue voluntaria sino obligada por esos «grupos de la derecha», cada quien puede solicitar que su voto sea incluido a favor de la constituyente, o al menos registrado su interés de participar.
“Esto es grave porque el gobierno regional los estaría obligando a incurrir en un delito electoral. Les he recomendado al personal que no firmen, no se presten para a avalar esta irregularidad. Hay temor e impotencia en esa dependencia y el personal no sabe qué hacer”, confirma León. 

Esta cadena de irregularidades denunciadas en los entes del Estado ha sido el detonante para que otros organismos atiendan y ofrezcan asesorías para proteger a los que denuncian. El Ministerio Público, por ejemplo, habilitó oficinas en todos los estados para que los amenazados expongan sus reclamos de forma anónima. Según la fiscal Luisa Ortega Díaz, se han registrado más de 90 quejas ante ese despacho. A la par, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional puso a la disposición sus abogados para atender los reclamos.
Los juegos del hambre
Quienes no dependen de un sueldo del Estado, el gobierno pretende que lo hagan para comer. Por una vía o por otra, atentar contra el bocado diario busca tener rédito político y mayor control social. Por ejemplo, a María Eugenia Landaeta* le negaron la entrega de las bolsas Clap en su casa porque no botó. Como castigo, su nombre fue estampado en una lista de al menos mil personas que no volverán a recibir el beneficio por haberse quedado en casa el domingo 30 de julio. Un contraste con apenas un mes antes, cuando el «beneficio» fue repartido en tres oportunidades, un ritmo inusual. Buscaban incentivar a la comunidad para que fuera masivamente a votar.
“Ellos saben cuál es mi tendencia y que no me voy a doblegar por una bolsa que no dura ni 15 días. Merecemos mejor calidad de vida, tener la posibilidad de comprar un mercado sin mendigarlo”, dice la vecina. Otros comparten su fiereza. La mayoría de sus vecinos, afirma la mujer de 45 años, prefiere arriesgarse a seguir a la espera de limosnas. Ya en la parroquia 23 de Enero la gente despertó del letargo. Se evidenció en 2015 cuando la MUD obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias, y se ratificó el domingo cuando apenas se vieron participantes en los centro de votación de la zona.
Incluso, según testimonio de habitantes de la comunidad, el candidato Valentín Santana, del colectivo La Piedrita y quien finalmente no fue electo, movilizó a sus hombres para que fueran a buscar a electores a sus casas para conducirlos a las urnas, las electorales. Eran las horas de la «operación remate». A muchos los amenazaron con expropiarles las viviendas si se resistían y a no dejarlos comprar en las bodegas de Pdval, que controlan. El panorama no se diferencia demasiado de lo que ocurrió en otras zonas de la capital, como El Cementerio, El Valle y la Cota 905, donde los residentes han denunciado tales prácticas. Todas esas comunidades fueron, en otros tiempos, bastiones del chavismo en Caracas. En la noche del domingo 30, además, no hubo celebración en ninguna de esas calles como en pasados procesos electorales.
*Los nombres reales de estas personas fueron cambiados para proteger su identidad, a solicitud de ellos

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